El incendio de Burgohondo había obligado en los días previos a activar la situación de emergencia de interés nacional, la máxima categoría prevista en el sistema estatal de protección civil, con una movilización que incluyó medios aéreos y terrestres, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos forestales y brigadas de refuerzo. La rebaja anunciada devuelve el mando único a la administración autonómica.
La declaración de emergencia de interés nacional está regulada por la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, y se activa cuando un siniestro supera la capacidad de respuesta de los medios autonómicos o afecta a la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente en un grado que requiere la intervención coordinada del Estado. Su levantamiento, como el de este jueves, devuelve la titularidad del mando a la comunidad afectada, en este caso la Junta de Castilla y León, presidida por Alfonso Fernández Mañueco (PP).
El presidente reclamó de nuevo un pacto de Estado contra los incendios forestales, propuesta que el Ejecutivo viene planteando sin que haya cristalizado en un acuerdo formal suscrito por todas las fuerzas parlamentarias y las comunidades autónomas. Sánchez lo describió como «el acuerdo más importante» pendiente, aunque no detalló calendario de negociación ni mecanismos de financiación.
Por su parte, Mañueco reivindicó la colaboración institucional desplegada durante el operativo y subrayó que «en la lucha no ha habido colores políticos», en referencia a la coordinación entre el Gobierno central —del PSOE— y la Junta —del PP— pese a pertenecer a formaciones distintas. La cooperación entre administraciones de distinto signo en episodios de emergencia tiene precedentes: los grandes incendios de Galicia y Asturias en octubre de 2017 o el de Sierra Bermeja, en Málaga, en 2021 también exigieron dispositivos reforzados y coordinación multinivel.
Un reparto competencial complejo
La gestión forestal en España está marcada por un reparto de competencias en el que la prevención y la extinción corresponden mayoritariamente a las comunidades autónomas, mientras el Estado interviene a través de la UME —creada en 2007— y de la declaración de emergencia nacional cuando la magnitud del siniestro lo exige. Este modelo ha sido objeto de debate recurrente entre administraciones sobre la suficiencia de medios y la necesidad de reforzar la prevención en los meses previos al verano, cuando se concentra la mayor carga de trabajo forestal.
El anuncio llega en un verano marcado por la persistencia de olas de calor y episodios de sequía que elevan el riesgo de incendios en amplias zonas de la Península. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), gestionado por la Comisión Europea, España figura habitualmente entre los países del sur de Europa con mayor superficie forestal quemada cada campaña estival, junto a Portugal, Grecia e Italia.
El debate sobre la financiación de la prevención es uno de los puntos históricamente sensibles. Organizaciones ecologistas y profesionales forestales llevan años denunciando la estacionalidad de los contratos de las brigadas y la escasa inversión en selvicultura preventiva durante el resto del año, cuando el terreno se prepara para reducir la carga de combustible vegetal.
Desde el Partido Popular, y en particular desde la Junta de Castilla y León, se ha reclamado en ocasiones anteriores que cualquier pacto de Estado vaya acompañado de un refuerzo estructural de los medios autonómicos y mayor inversión estatal en medios aéreos de extinción, un recurso escaso y de coste elevado que en buena parte se arrienda a empresas privadas durante la campaña. Mañueco ha defendido que la coordinación durante la emergencia demuestra que el sistema funciona cuando se activan los protocolos existentes.
El levantamiento del nivel máximo no implica que el incendio esté controlado en su totalidad, sino que su evolución ya no requiere la coordinación estatal directa. Las autoridades autonómicas mantendrán previsiblemente el despliegue de medios de extinción y vigilancia en la zona de Burgohondo y su entorno en los próximos días, a la espera de que las condiciones meteorológicas —especialmente la evolución de las temperaturas y el viento— permitan estabilizar el perímetro afectado.
La despoblación rural y el abandono de terrenos agrícolas y forestales incrementan la acumulación de biomasa combustible en amplias zonas del interior peninsular, un factor estructural que, sumado a las altas temperaturas del verano, agrava la propagación de los grandes incendios en comunidades como Castilla y León, Extremadura y Andalucía.
El debate sobre el pacto de Estado previsiblemente continuará en las próximas semanas, coincidiendo con el pico de la temporada estival de riesgo. Las comunidades autónomas y el Gobierno central deberán decidir si trasladan la discusión a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el órgano de coordinación entre administraciones donde tradicionalmente se abordan estos acuerdos multilaterales, aunque por el momento no hay fecha fijada para una convocatoria específica sobre esta materia.
