Los representantes que integrarían la bancada del Pacto Histórico serían David Alejandro Toro, Heráclito Landinez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y Jorge Hernán Bastidas, de acuerdo con fuentes consultadas dentro del Congreso. Según esas mismas fuentes, al presidente le habría sido presentada una lista de nueve posibles candidatos, de la cual habría hecho la selección final antes de que se formalizara la integración de la comisión.
Un órgano constitucional con facultades sobre el presidente
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara está prevista en el artículo 178 de la Constitución Política y desarrollada en la Ley 5ª de 1992, que rige el reglamento del Congreso. Su función es investigar y, de ser el caso, acusar ante el Senado al presidente de la República, a los magistrados de las altas cortes y al fiscal general de la Nación por conductas cometidas en ejercicio de sus funciones. Cuando la comisión decide dar curso a un expediente, la Cámara en pleno debe votar la acusación antes de remitirla a la plenaria del Senado, que actúa entonces como juez, conforme a los artículos 174 y 175 de la Carta. Ese trámite se ha activado en contadas ocasiones en la historia del país y rara vez ha culminado con una condena a un jefe de Estado en ejercicio.
El precedente que explicaría la estrategia del gobierno se remonta al cuatrienio anterior, cuando la entonces representante Gloria Arizabaleta, pese a ser considerada cercana al petrismo, impulsó una decisión para suspender al mandatario por su presunta participación en política durante un proceso electoral. Esa determinación fue revertida después de concluirse que la congresista carecía de competencia para adoptarla, pero el episodio quedó como evidencia de que el Gobierno no tenía control pleno sobre la comisión, incluso contando con aliados en ella.
Ese antecedente habría pesado en la negociación de las comisiones para la nueva legislatura. Varios congresistas consultados señalaron que uno de los objetivos centrales del gobierno saliente durante el reparto de curules era asegurar el mayor número posible de puestos en la Comisión de Acusación. El propio Petro habría dejado entrever ese interés en un mensaje publicado en la red social X, en respuesta al designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, a quien le habría dicho que su propósito era quedarse con esa instancia para, en palabras atribuidas al mandatario, "meterlo preso".
El interés por controlar la comisión no habría sido exclusivo de la administración Petro. Según las fuentes consultadas, el gobierno entrante también habría seguido de cerca el proceso de conformación, dado que ese órgano seguirá activo durante buena parte de la legislatura y que las decisiones que allí se tomen tendrán consecuencias directas sobre el futuro judicial del mandatario una vez concluya su período.
Cómo queda el reparto de curules
La comisión quedaría integrada, además de los cinco representantes del Pacto Histórico, por tres congresistas del Centro Democrático —Jesús Salim Lorduy, Daniel Felipe Briceño y Jonathan Eduardo Pineda—, tres del Partido Liberal —José Fredy Arias, Johana González y Mario José Carvajal—, dos del Partido Conservador —Juan Loreto Gómez y José Luis Duarte—, uno de Cambio Radical —Carlos Alberto Cuenca—, una del Partido de la U —Diana Carolina Riveros— y dos de las curules de paz —Jorge Rodrigo Tovar y Luis Ramiro Ricardo.
Ese reparto deja al Pacto Histórico como la bancada individual más numerosa dentro de la comisión, un dato que, según expertos consultados por este diario, podría dificultar que avancen los procesos considerados más sensibles contra el mandatario. A esos cinco representantes podrían sumarse congresistas de otros partidos que durante el cuatrienio mantuvieron cercanía con el Gobierno o con sectores aliados, lo que —advirtieron esos expertos— haría más difícil que prosperen expedientes de calado. La configuración de mayorías en este tipo de comisiones ha sido determinante: sin los votos suficientes a favor de la acusación, los expedientes tienden a diluirse en trámites preliminares o terminan archivados.
Entre los congresistas señalados como los principales contrapesos figurarían los tres representantes del Centro Democrático y Carlos Alberto Cuenca, de Cambio Radical. A ellos se suma, con un perfil menos definido, el representante conservador Juan Loreto Gómez, cuyo nombre ha sido mencionado en el marco de las investigaciones por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y que, según las fuentes consultadas, se habría acercado a posiciones favorables al nuevo gobierno.
Entre los más de 200 procesos que reposan contra Petro en esa comisión figuran denuncias ciudadanas de distinto calado, pero también investigaciones de mayor envergadura relacionadas con el ejercicio del cargo presidencial, cuyo desenlace dependerá en gran medida de la composición política que finalmente se consolide en la célula legislativa.
El Ministerio del Interior, a través del designado ministro Rodrigo Lara, no se ha pronunciado públicamente sobre la integración final de la comisión ni sobre las declaraciones que le habrían sido atribuidas al presidente Petro en la red social X. Tampoco han emitido comunicado oficial la Casa de Nariño ni la mesa directiva de la Cámara de Representantes sobre los criterios usados para la asignación de curules en esa instancia.
De cara a los próximos meses, la comisión deberá definir su propia mesa directiva y el reparto de ponencias entre los procesos acumulados, un trámite que marcará el ritmo con el que avancen o se archiven los expedientes contra el mandatario. La composición final de mayorías dentro de esa célula será, según los analistas consultados, uno de los factores que condicionen el desenlace judicial y político de Gustavo Petro una vez concluya su período presidencial.
