La petición no es un gesto retórico. Desde enero de 2018, Delcy Rodríguez figura en la lista de altos cargos venezolanos sancionados por el Consejo de la UE con prohibición de entrada y congelación de activos, una medida adoptada en respuesta a la erosión del Estado de derecho en Venezuela y renovada semestralmente desde entonces sin interrupción. La prohibición es jurídicamente vinculante para todos los Estados miembros: ningún país puede permitir el tránsito, la entrada o la estancia de un individuo sancionado en su territorio sin una exención formal — el llamado «waiver» — aprobada por unanimidad del Consejo. Y es precisamente esa unanimidad la que convierte la petición del PP en una bomba de relojería diplomática: para que Delcy pise suelo español en noviembre, los veintisiete gobiernos de la UE deben estar de acuerdo, y el PP acaba de asegurarse de que al menos uno — España — tenga la oposición más ruidosa posible.
El contexto parlamentario europeo amplifica la presión hasta niveles que Moncloa no anticipaba. La semana pasada, el Parlamento Europeo aprobó por 507 votos a favor — una mayoría aplastante que incluye a socialdemócratas, liberales, conservadores, verdes y la extrema derecha — una resolución no vinculante pero políticamente demoledora que insta al Consejo a mantener sin modificaciones el régimen de sanciones contra Venezuela y, en particular, a no conceder excepciones que puedan interpretarse como un debilitamiento de la posición europea frente al régimen de Maduro. La resolución menciona expresamente la Cumbre Iberoamericana como un «escenario de riesgo» donde la presión diplomática de Caracas podría traducirse en una flexibilización de facto de las sanciones. Los 507 votos — sobre un total de 705 eurodiputados — representan el consenso más amplio que el Parlamento Europeo ha alcanzado sobre Venezuela desde 2019, y su peso político, aunque no vincule jurídicamente al Consejo, es suficiente para condicionar cualquier decisión que adopten los gobiernos.
Moncloa, sin embargo, no parece dispuesta a retroceder. La doble vía refleja la esquizofrenia de la posición española: Sánchez necesita que la Cumbre Iberoamericana sea un éxito porque la presidencia española de la Conferencia Iberoamericana es el único logro de política exterior que puede exhibir en 2026, pero también necesita que la UE mantenga una apariencia de firmeza frente a Venezuela para no alimentar la narrativa del PP sobre la complicidad del Gobierno con el chavismo.
Feijóo ha encontrado en la cuestión de Delcy un filón político que explota con la precisión de un cirujano. En la nota registrada esta noche, el líder del PP no se limita a pedir el veto de Delcy: exige que Albares comparezca mañana en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para explicar «quién autorizó la solicitud del waiver, cuándo se cursó y qué contrapartidas se han ofrecido a Venezuela a cambio de su participación en la Cumbre». Las tres preguntas están diseñadas para tender una trampa narrativa: si Albares confirma el waiver, el PP denunciará que España subordina las sanciones europeas al chavismo; si lo niega, el PP presentará los cables diplomáticos que ya tiene en su poder — obtenidos, según fuentes populares, a través de eurodiputados del PPE con acceso a documentos del Servicio Europeo de Acción Exterior — que demuestran que la solicitud se cursó a mediados de abril.
La sombra del «caso Delcygate» de enero de 2020 planea sobre la controversia con una intensidad que Moncloa preferiría olvidar. Aquella noche, Delcy Rodríguez aterrizó en el aeropuerto de Barajas procedente de Abu Dabi y fue recibida en la pista por el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos — el mismo Ábalos que ahora espera sentencia en el caso Koldo por malversación y prevaricación —. El encuentro, que Moncloa describió como una «escala técnica sin relevancia política», acabó convirtiéndose en uno de los escándalos diplomáticos más persistentes del sanchismo, alimentado por las revelaciones sucesivas sobre el contenido de las maletas que Delcy transportaba y los contactos previos entre Ábalos y emisarios de Maduro. Que la cuestión de Delcy resurja precisamente la semana en la que el Supremo declara visto para sentencia el caso Koldo no es una casualidad: es la convergencia de dos líneas narrativas que el PP lleva años tejiendo y que esta noche se cruzan en un nudo que Sánchez tendrá dificultades para desatar.
Hungría es la variable que puede convertir la controversia en una crisis institucional europea. Viktor Orbán, que mantiene relaciones diplomáticas plenas con Caracas y que ha bloqueado repetidamente las sanciones de la UE contra terceros países — desde Rusia hasta China —, ha insinuado en conversaciones privadas con diplomáticos europeos que podría vetar la renovación del paquete de sanciones contra Venezuela prevista para junio si la UE «utiliza la Cumbre Iberoamericana como excusa para humillar a un país soberano». La posición de Orbán no es altruista: Budapest tiene contratos petroleros con PDVSA por valor de 340 millones de euros anuales y un interés estratégico en debilitar el consenso sancionador europeo que también afecta a sus aliados rusos. Si Hungría bloquea la renovación de sanciones en junio, Delcy dejaría automáticamente de estar en la lista de personas vetadas y podría entrar en España sin necesidad de waiver — un escenario que convertiría al PP en el único defensor de las sanciones y a Sánchez en el beneficiario involuntario de una maniobra de Orbán.
La dimensión iberoamericana de la controversia añade una capa de complejidad que trasciende la política interna española. La Cumbre de Madrid reunirá a 22 jefes de Estado y de gobierno de América Latina, España, Portugal y Andorra para debatir, entre otros temas, la transición energética, la inteligencia artificial y la migración. La presencia de Delcy — o su ausencia — condicionará el tono del evento: si asiste, los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela (Colombia, Chile, Ecuador) podrían boicotear las sesiones plenarias; si no asiste, Maduro podría retirar a Venezuela de la Conferencia Iberoamericana, un gesto que restaría legitimidad a un foro que ya arrastra problemas de relevancia. Sánchez necesita que todos estén en la foto pero no puede controlar quién sale en ella.
El debate sobre Delcy ha eclipsado esta noche otra noticia relevante para la política exterior española: el Consejo de la UE ha aprobado el acuerdo marco sobre inteligencia artificial que incluye prohibiciones específicas sobre la generación de contenidos sexuales sin consentimiento mediante herramientas de IA. Sánchez, que participó en la negociación final por videoconferencia desde Moncloa, ha calificado el acuerdo como «un paso decisivo para que el espacio digital sea un lugar seguro», una frase que contrasta con la inseguridad que su propio espacio político proyecta esta noche. El acuerdo sobre IA, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, ha sido recibido con cautela por la industria tecnológica europea, que teme que las nuevas obligaciones de transparencia y moderación de contenidos encarezcan el desarrollo de modelos generativos y desplacen la inversión hacia jurisdicciones menos reguladas.
Al cierre de esta edición nocturna, la partida diplomática por la silla de Delcy en la Cumbre de Madrid tiene cinco jugadores — Moncloa, el PP, Bruselas, Caracas y Budapest — y ninguna solución que satisfaga a todos. Lo que sí tiene es un calendario implacable: la renovación de sanciones en junio, la comparecencia de Albares mañana, el fallo de Koldo el jueves y, al fondo, la Cumbre de noviembre como horizonte donde todas las tensiones convergerán. La diplomacia española se ha especializado en resolver crisis de última hora, pero esta crisis tiene cinco primeras horas simultáneas y ninguna de ellas admite improvisación.
