La 'línea roja': financiación del PSOE, no los contratos de Cerdán
La precisión de Otegi no fue casual. Preguntado de forma directa por la periodista de Radio Euskadi sobre qué haría romper a su formación con el Ejecutivo central, el dirigente abertzale respondió en voz baja que la financiación irregular del PSOE. La matización tiene peso político: con ella, Otegi dissocia la presunta trama de mordidas en contratos de obra pública que investiga la Guardia Civil en relación a Santos Cerdán —que calificó de asunto de corrupción individual, aún por sustanciar— de lo que considera el verdadero umbral de ruptura. No es una distinción menor: el informe de la UCO que motivó la imputación de Cerdán ante el Tribunal Supremo no acredita, hasta donde ha trascendido, financiación ilegal del partido como organización, sino presuntas comisiones en contratos públicos.
Sobre Cerdán, Otegi fue explícito en su defensa de fondo aunque no exento de matices. Reconoció que el ex dirigente socialista fue quien le contactó, a través del empresario Antxon Alonso Egurrola, propietario de la empresa de servicios Servinabar, para establecer un canal discreto de comunicación con EH Bildu tras su salida de la cárcel en 2016. Ese canal, según el propio Otegi, fue la correa de transmisión que desembocó en el respaldo de la izquierda abertzale a la moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018 y en la política de alianzas posterior con el PSOE. «Todavía no ha aparecido un duro», dijo en referencia a la trama investigada, añadiendo que si los hechos se sustancian «seré el primero en decir que está bien juzgado».
La tesis de la 'operación política' y el papel de la Guardia Civil
El grueso de la intervención de Otegi no giró, sin embargo, sobre los detalles procesales del caso Cerdán, sino sobre su lectura política. El líder abertzale reprodujo un argumento que ya esgrimió en junio de 2025, cuando se filtró el primer informe de la UCO: que la investigación forma parte de una operación para desmantelar la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno. «Lo que hay es una operación política para destruir una ventana de oportunidad abierta con la política de alianzas del señor Sánchez con las izquierdas plurinacionales», afirmó. En esa lógica, el retorno al bipartidismo PP-PSOE equivaldría, a su juicio, al fin del reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado.
Para anclar su argumento, Otegi recurrió a la fotografía de Alberto Núñez Feijoo junto al narcotraficante gallego Marcial Dorado, imagen publicada en 1995 y que el líder del PP siempre ha enmarcado como un encuentro social casual sin conocimiento de la actividad delictiva del implicado. «¿Alguien cree que la Guardia Civil está en esta operación para que en España deje de haber corrupción?», preguntó, extendiendo su desconfianza institucional hacia el cuerpo armado. No es la primera vez que Otegi cuestiona públicamente al instituto armado: la postura tiene una continuidad histórica que atraviesa décadas de conflicto vasco y que EH Bildu no ha abandonado en democracia, aunque sí ha modulado sus formas desde la disolución de ETA en 2018.
El precedente de la moción de 2018 y la arquitectura de la mayoría actual
El relato que ofrece Otegi sobre los orígenes del canal Cerdán-Bildu tiene relevancia histórica para entender la actual geometría parlamentaria. La moción de censura contra Rajoy, aprobada el 1 de junio de 2018 por 180 votos a favor frente a 169 en contra y 1 abstención, fue posible gracias al concurso de formaciones que hasta entonces nunca habían convergido en una votación de esa naturaleza: Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, EH Bildu y PNV. Fue la primera moción de censura exitosa en la democracia española desde 1933, cuando Manuel Azaña desalojó a Alejandro Lerroux del Gobierno de la Segunda República. Que el canal para ese acuerdo fuera, según Otegi, el propio Cerdán otorga al ahora investigado un papel fundacional en la arquitectura de poder que ha sostenido al PSOE durante siete años.
La mayoría que hoy sostiene al Ejecutivo en funciones —Sánchez no ha convocado nuevas elecciones pero atraviesa una grave crisis parlamentaria tras el bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado por segundo año consecutivo— depende de partidos cuya coincidencia de intereses es estructuralmente frágil. EH Bildu, con seis diputados en el Congreso, ocupa una posición de bisagra que Otegi cuida de no cerrar en falso. De ahí que su «línea roja» sea deliberadamente alta: la financiación ilegal del partido, un umbral que no se ha alcanzado en lo investigado hasta ahora.
El choque PNV-Bildu: de las palabras al terreno electoral de 2027
El intercambio más ácido de la jornada no fue, con todo, el protagonizado por Otegi y el PSOE, sino el que enfrenta a las dos grandes fuerzas del nacionalismo vasco en lo que ya es precampaña abierta para las elecciones municipales y forales de mayo de 2027. Aitor Esteban, presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), el órgano ejecutivo del PNV, reprochó el sábado en un acto en Galdácano que EH Bildu practicara en Madrid «la ley del silencio» ante los escándalos del PSOE. Otegi le devolvió el golpe recordándole que el PNV gobierna en el Ejecutivo vasco en coalición con el Partido Socialista de Euskadi (PSE): «El problema es que yo no critico al partido socialista. ¿Usted con quién gobierna?».
El choque tiene una lectura electoral inequívoca. El último Sociómetro del Gobierno Vasco —publicado con periodicidad trimestral por el Gabinete de Prospección Sociológica de la Lehendakaritza— sitúa al PNV como primera fuerza en Vizcaya y Álava, mientras EH Bildu lidera en Guipúzcoa. Esa distribución convierte a los tres territorios históricos en tableros con resultado abierto para 2027, lo que explica la intensidad de los roces: cada error o silencio se cotiza en puntos de intención de voto. Bildu, sin embargo, intenta gestionar la temperatura: este lunes apoyó en el Parlamento de Vitoria la propuesta jeltzale de reforma de la Ley de Empleo vasca, y Otegi descartó abrir el debate interno sobre candidaturas antes del otoño.
El relevo en el PNV y la candidatura en Bilbao
Mientras EH Bildu administra los tiempos, el PNV ya tiene en marcha su maquinaria de renovación. Tras la salida de Eneko Goia de la alcaldía de San Sebastián para dejar paso a Jon Insausti, esta semana se ha confirmado que Juan Mari Aburto no repetirá como candidato a la Alcaldía de Bilbao. El Bizkaia Buru Batzar, la delegación vizcaína del PNV y considerada históricamente la más influyente del partido —encabezada hoy por Íñigo Ansola—, ha propuesto como sustituto a Mikel Hidalgo Bordegarai, de 33 años, con perfil técnico-político: ha trabajado en el sector privado y ha formado parte de los equipos de los lendakaris Íñigo Urkullu e Imanol Pradales. Su escasa proyección pública convierte su candidatura en una apuesta de partido sobre un perfil moldeable, alejado del desgaste que genera la gestión municipal de una capital.
Las agresiones en Rentería y la acusación de 'ley del silencio'
El otro flanco en el que Esteban golpeó el sábado fue el de las presuntas agresiones sexuales vinculadas a personas del entorno del Xenpelar Bertso Eskola de Rentería (Guipúzcoa), una escuela de bertsolarismo cuya actividad fue suspendida por la alcaldesa del municipio —de EH Bildu— la semana pasada tras conocer en mayo la existencia de denuncias. Esteban acusó a la izquierda abertzale de haber intentado gestionar los casos «por cauces internos», una expresión que en ese contexto equivale a encubrimiento, y estableció un paralelismo con los métodos de la Iglesia Católica. La comparación fue deliberadamente hiriente: el PP lleva años usando esa misma equiparación en casos de abusos dentro de la Iglesia.
Otegi respondió en varios tiempos. Primero, con un dato que mezcla política y simbolismo: su grupo parlamentario agradeció ayer en el Congreso al Papa León XIV la implicación del Vaticano en el proceso de paz y de desarme en el País Vasco, en una señal de que la relación de EH Bildu con Roma no pasa por el enfrentamiento que sugería la comparación de Esteban. Después, pidió «respeto escrupuloso» a las víctimas, reiteró su respaldo a la alcaldesa de Rentería por haber actuado en cuanto tuvo conocimiento de los hechos —subrayando que la suspensión de la escuela se produjo nada más conocerse las denuncias— y acusó a Esteban de entrar «en un terreno que roza la calumnia y embarra el terreno de juego». La expresión traslada el conflicto al marco de la difamación, un nivel de intensidad verbal inusual entre dos formaciones que en el Parlamento de Vitoria deben coexistir.
Qué viene ahora: plazos judiciales, parlamentarios y electorales
El escenario inmediato combina varias cadencias que se retroalimentan. En el plano judicial, el Tribunal Supremo deberá decidir en las próximas semanas si admite a trámite la causa contra Santos Cerdán y, en su caso, fijar el estatuto procesal del investigado. La UCO tiene pendiente, según fuentes jurídicas, la elaboración de un segundo informe que podría ampliar el perímetro de la investigación; ese documento será determinante para saber si la «línea roja» de Otegi —la financiación del partido— queda cerca o lejos del alcance de la instrucción.
En el plano parlamentario, el Gobierno afronta el otoño sin Presupuestos y con una mayoría que funciona acuerdo a acuerdo. El PNV, pese a la retórica de Esteban, ha seguido negociando las transferencias pendientes pactadas en la investidura de 2023 —entre ellas la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en el País Vasco, una vieja aspiración del nacionalismo vasco—, lo que indica que la ruptura formal no está en su agenda a corto plazo. EH Bildu, por su parte, mantendrá su posición de distancia calculada: apoya sin entusiasmo visible, critica sin romper, y reserva el argumento de la corrupción como palanca de presión antes que como detonador de crisis.
El horizonte de 2027 actúa como regulador de todas estas tensiones. PNV y Bildu saben que una ruptura en Madrid tiene precio en las urnas vascas, y que una coalición post-electoral en algún territorio histórico —hoy impensable pero no imposible— exige no quemarse demasiado ahora. La precampaña ya ha comenzado, los candidatos se renuevan y los flancos —corrupción, agresiones sexuales, alianzas con el PSOE— están abiertos. El choque de este martes no es el primero ni será el último antes de mayo de 2027.
