"Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos", declaró De la Espriella ante autoridades locales y de la Fuerza Pública reunidas en la capital del Atlántico. "Yo lo asumo. Aquí no voy a aceptar migración ilegal", agregó el mandatario, en un discurso que marcó el tono de lo que su gobierno presenta como el primer eslabón de un plan de seguridad más amplio para la ciudad.
Según lo anunciado, la prioridad de los operativos será localizar a extranjeros presuntamente vinculados a delitos y, en una segunda fase, verificar la situación migratoria de quienes permanezcan en el país sin la documentación exigida por la normativa vigente. El propio anuncio del Gobierno precisó que la condición de irregularidad migratoria, por sí sola, no constituye delito, una aclaración que busca acotar el alcance de la medida frente a las críticas recibidas.
Barranquilla se convierte así en el epicentro de una prueba piloto que, de acuerdo con lo informado por el Gobierno, incluye además acciones contra la extorsión, el microtráfico, el hurto y el homicidio. El paquete contempla la reactivación del sistema de recompensas, el fortalecimiento de una red de cooperantes, la recuperación de espacios públicos y una revisión del sistema de cámaras de seguridad de la ciudad. De la Espriella insistió en la necesidad de estrechar la coordinación entre la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación y los jueces para dar continuidad procesal a los operativos, y anunció que la próxima reunión del consejo de seguridad se dedicará a evaluar el cumplimiento de las medidas, sin precisar fecha.
El anuncio se produce en un contexto en el que De la Espriella ha mostrado en distintas ocasiones simpatía por modelos de seguridad de otros países. Antes de asumir la Presidencia, el hoy mandatario viajó a Nicaragua, donde elogió el sistema penitenciario impulsado por el gobierno de El Salvador bajo Nayib Bukele, y posteriormente visitó Estados Unidos, donde expresó admiración por el manejo económico y migratorio del gobierno de Donald Trump. Esa cercanía discursiva alimentó las comparaciones que suscitó el anuncio de Barranquilla.
Un viraje frente a la política de los últimos gobiernos
Juliana Bustamante, abogada internacionalista, directora de la organización Vértice–Política Exterior, Derechos Humanos y Paz y exdirectora de Derecho Internacional Humanitario de la Cancillería, cuestionó el anuncio y consideró que representa un cambio frente a la postura que Colombia ha mantenido durante los últimos gobiernos. Según Bustamante, durante las administraciones de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro se hizo un esfuerzo por construir una política migratoria que diferenciara el control de fronteras de la persecución indiscriminada de extranjeros, pese a las diferencias ideológicas entre esos gobiernos.
La discusión ha generado llamados de expertos en seguridad y migración a diferenciar entre migración irregular y criminalidad. Estos han advertido que ambos fenómenos no deben tratarse como equivalentes y han planteado la necesidad de combinar control migratorio, persecución del crimen y protección de los derechos de los migrantes, un señalamiento particularmente relevante en un país que acogió una migración masiva proveniente de Venezuela desde la década pasada.
El marco normativo colombiano en materia migratoria se sustenta en la Constitución Política y en los decretos que regularon el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, creado en 2021. Cualquier medida de identificación o expulsión de extranjeros debe ajustarse a los estándares fijados por la Corte Constitucional en materia de debido proceso y no discriminación, así como a los compromisos internacionales suscritos por Colombia en derechos humanos. El propio anuncio gubernamental reconoció que la irregularidad no equivale a un delito, lo que obliga a encauzar los casos por los procedimientos administrativos previstos por las autoridades migratorias.
El precedente más cercano en la historia reciente del país es el propio manejo de la crisis migratoria venezolana, que llevó a distintos gobiernos a optar por figuras de regularización antes que por estrategias de persecución masiva, argumentando razones humanitarias y de control real de una frontera extensa y de difícil vigilancia. La política de puertas abiertas y regularización marcó un contraste con la orientación que ahora plantea la Casa de Nariño para los operativos en Barranquilla.
Hasta el momento, el Gobierno no ha precisado si la estrategia anunciada se replicará en otras ciudades del país ni qué garantías procesales se aplicarán a quienes sean identificados en los operativos. Tampoco se ha informado si habrá acompañamiento de organismos como la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría General de la Nación en la verificación de los procedimientos, ni el balance de los primeros operativos previstos para esta semana en la capital del Atlántico.
El resultado de la prueba piloto en Barranquilla, la eventual convocatoria a un debate de control político en el Congreso de la República y la posible respuesta de las altas cortes ante acciones de tutela marcarán el rumbo de una política que apenas comienza a implementarse. El propio mandatario condicionó los siguientes pasos a los resultados que arroje la revisión anunciada en el próximo consejo de seguridad, cuya fecha aún no ha sido comunicada por el Gobierno.