Preguntado por el alcance de esa norma, el presidente sostuvo que «es una ley que lo que hace es recuperar y reivindicar la mejor de las Españas, que fue la de la segunda república, que sufrió un golpe de Estado». Antes había enmarcado la disposición dentro de la Ley de Memoria Democrática, que «reconocía derechos de ciudadanía a todos aquellos familiares, nietos, nietas, exiliados como consecuencia de la dictadura y de la Guerra Civil».
La denominada Ley de Nietos amplía el acceso a la nacionalidad española a descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura, en desarrollo de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. La Segunda República fue proclamada el 14 de abril de 1931 tras la marcha al exilio de Alfonso XIII y quedó truncada por el golpe militar del 18 de julio de 1936, que desembocó en la Guerra Civil (1936-1939) y en la dictadura de Francisco Franco, prolongada hasta 1975.
La valoración del presidente se produce en un país cuya forma de Estado, fijada en la Constitución de 1978, es la monarquía parlamentaria, con Felipe VI como jefe del Estado desde su proclamación en junio de 2014, tras la abdicación de Juan Carlos I. El artículo 1.3 de la Carta Magna establece que «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria», un modelo integrado en el texto que fue refrendado en el referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978.
La reivindicación explícita del periodo republicano por parte de un jefe del Ejecutivo en ejercicio resulta poco habitual en democracia. El precedente más citado remite a los debates de la Transición, cuando el PSOE, liderado entonces por Felipe González, aceptó la monarquía parlamentaria como condición de consenso para la aprobación de la Constitución de 1978, pese a que sectores del partido mantenían posiciones republicanas. La Casa Real mantiene como norma no pronunciarse sobre declaraciones de índole política.
Sánchez abordó también la situación migratoria en Ceuta y Melilla, más de un mes después de que se registrara una llegada masiva de personas a ambas ciudades autónomas. El presidente vaticinó que el Rey Felipe VI visitará las ciudades autónomas y calificó ese desplazamiento de «necesario», aunque evitó concretar una fecha y remitió a un trabajo «en paralelo» entre la Casa Real y el Gobierno, sin aclarar si se producirá antes o después de las elecciones previstas en Marruecos.
Según las cifras aludidas por el presidente, en torno a 20.000 personas migrantes podrían permanecer aún en las calles de ambas ciudades, un dato que no ha sido confirmado oficialmente. La gestión de las visitas institucionales a los territorios fronterizos con Marruecos ha sido en el pasado motivo de coordinación entre Moncloa y Zarzuela, especialmente en episodios de alta tensión migratoria como el registrado en Ceuta en mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas entraron en la ciudad en apenas dos días.
El marco jurídico que regula las competencias migratorias en Ceuta y Melilla corresponde al Gobierno central, a través del Ministerio del Interior y las delegaciones del Gobierno, en aplicación de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Las ciudades autónomas, pese a contar con autogobierno desde sus Estatutos de Autonomía de 1995, carecen de competencias propias en control de fronteras, lo que ha alimentado reclamaciones de mayor coordinación y financiación estatal por parte de sus gobiernos locales.
En otro momento de la entrevista, Sánchez descartó la celebración de lo que en el debate político se ha denominado «superdomingo electoral», la convocatoria simultánea de elecciones generales, municipales y autonómicas. El presidente confirmó, no obstante, que mantiene «ganas» y «fuerzas» para presentarse como candidato del PSOE a las próximas elecciones generales. La legislatura tiene su límite conforme al mandato de cuatro años que el artículo 68.4 de la Constitución fija para el Congreso de los Diputados.
El presidente descartó asimismo que otros dirigentes socialistas, como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, o el ministro de Transportes, Óscar Puente, sean en este momento una alternativa como candidatos a la Presidencia. Esta clase de descartes explícitos de posibles sucesores es habitual en la práctica política cuando un líder busca reafirmar su posición interna y frenar especulaciones sobre relevos.
La comparecencia se enmarca en un ciclo de intervenciones del presidente en medios con el que el Gobierno busca marcar la agenda de un curso político que arranca con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. En el plano judicial, la tramitación de la denominada Ley de Nietos seguirá vinculada al desarrollo reglamentario y a los recursos sobre su aplicación, cuyo desenlace determinará el ritmo de las solicitudes de nacionalidad presentadas por descendientes de exiliados republicanos.
