El real decreto que el Ministerio pretende actualizar data de 2003 y regula los criterios para medir y publicar los tiempos de espera en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. García defendió que el objetivo de la reforma es unificar los indicadores entre comunidades autónomas y ofrecer a los pacientes una información más transparente sobre su itinerario asistencial, actualizando un texto que lleva más de dos décadas sin revisarse en profundidad.
La ministra explicó, tras la reunión del Consejo Interterritorial, que fueron las comunidades autónomas las que solicitaron más plazo para alcanzar un consenso sobre el nuevo texto antes de someterlo a votación, y anunció que el asunto volverá a abordarse después del verano. Este órgano, regulado por la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, reúne periódicamente al Ministerio con los responsables autonómicos de sanidad y constituye el principal foro de coordinación sanitaria entre el Estado y los territorios, competentes en la gestión de la sanidad pública tras completarse las transferencias en 2002.
El aplazamiento se produce en paralelo a un conflicto laboral que continúa sin resolverse. Las organizaciones médicas mantienen desde hace más de un año reivindicaciones centradas en un estatuto profesional específico para los facultativos, la revisión del modelo retributivo y la mejora de las condiciones laborales. Tras más de una treintena de jornadas de paro y meses de desencuentro, los sindicatos han advertido de que retomarán las movilizaciones en septiembre si no se producen avances significativos en la negociación.
Dos procesos, una misma coincidencia en el calendario
La simultaneidad entre el aplazamiento de la reforma normativa y la persistencia del conflicto médico ha reforzado el argumento de los sectores más críticos con la gestión del Ministerio, que consideran contradictorio abrir un debate sobre la homogeneización estadística de las listas de espera mientras no se cierra un acuerdo que permita recuperar plenamente la actividad asistencial ordinaria. A su juicio, el nuevo decreto corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de transparencia sobre un problema que, mientras tanto, seguiría agravándose.
Desde Sanidad se sostiene, por el contrario, que la reforma permitirá conocer con mayor precisión el itinerario asistencial de cada paciente y homogeneizar los criterios entre comunidades, una medida que el departamento considera prioritaria con independencia del conflicto laboral. El Ministerio vincula el retraso únicamente a la petición de consenso de las autonomías y no a la negociación con los facultativos.
Las listas de espera del Sistema Nacional de Salud dependen de múltiples variables que exceden el conflicto médico actual: la disponibilidad de profesionales, la presión asistencial estacional, la inversión en infraestructuras y la organización interna de cada servicio autonómico. No obstante, la suspensión de actividad programada durante las jornadas de huelga puede generar acumulación de retrasos en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones, un efecto sobre el que distintos colectivos han alertado a lo largo del último año.
Un antecedente reciente: la primaria madrileña
El precedente comparable más próximo es el conflicto de la atención primaria en la Comunidad de Madrid entre 2022 y 2023, que se prolongó durante meses sin acuerdo entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos médicos y derivó en semanas de actividad reprogramada. En conflictos laborales prolongados dentro del sector sanitario, la actividad programada suele ser la primera en resentirse, mientras se mantienen los servicios mínimos de urgencias, lo que tiende a trasladar la presión a los tiempos de espera de consultas e intervenciones no urgentes.
Las cifras de consultas y pruebas afectadas durante los paros suelen presentarse con notables discrepancias entre las administraciones autonómicas y los sindicatos, que emplean metodologías de cómputo distintas. Esa divergencia en la medición es, precisamente, uno de los problemas que la reforma del decreto de 2003 aspira a corregir mediante indicadores comunes para todo el sistema.
Las asociaciones de pacientes han reclamado en repetidas ocasiones que cualquier reforma sobre transparencia sanitaria vaya acompañada de medidas concretas de reducción de los tiempos de espera, y no se limite a mejorar los mecanismos de medición y publicación de datos. Su posición coincide con la de los sectores críticos en un punto: la información, por sí sola, no reduce los tiempos de espera mientras persistan la falta de profesionales y el enfrentamiento con una parte del colectivo médico.
El Ministerio de Sanidad no ha precisado aún una fecha concreta dentro de septiembre para retomar el debate sobre el real decreto, ni ha convocado por el momento una nueva reunión con las organizaciones médicas para desbloquear la negociación. Cualquier modificación del decreto de 2003 requerirá su aprobación por el Consejo de Ministros y el trámite previo en el Consejo Interterritorial, donde deberá recabarse el respaldo de las comunidades autónomas.
El próximo Consejo Interterritorial, previsto para después del verano, se perfila así como la cita que deberá aclarar si el nuevo decreto sobre listas de espera logra el consenso autonómico que no alcanzó esta semana, y si el Ministerio consigue en paralelo reconducir una negociación con el colectivo médico que acumula ya más de un año sin resolverse. De no producirse avances antes del inicio del nuevo curso, los sindicatos mantendrán el calendario de movilizaciones anunciado.
