Falla detalló que una de las líneas de acción apunta a limitar el envío de mensajes utilizados para cometer extorsiones, un delito que según explicó no se restringe a las cárceles. "También otras medidas que dificulten el envío de mensajes de texto a través de los cuales también se están haciendo extorsiones desde las casas", afirmó ante los congresistas.
La ministra insistió en que la respuesta no dependerá únicamente de la cartera TIC, sino de una coordinación con los operadores de telecomunicaciones y con el Ministerio de Justicia y las entidades bajo su tutela. Esa articulación, dijo, es la condición para que los controles tecnológicos tengan efecto sobre las economías criminales que operan desde los penales.
"Podamos hacer un trabajo conjunto y articulado, operadores, Ministerio de Justicia con todas las entidades a su cargo y, por supuesto, Ministerio TIC", sostuvo la ministra ante la Comisión Segunda.
A través de su cuenta institucional, el Ministerio TIC difundió que los controles tecnológicos buscan impedir que los centros penitenciarios sean utilizados como centros de operación para actividades delictivas, en línea con lo expuesto por Falla en el recinto.
Uno de los puntos centrales de la comparecencia fue la exigencia de establecer un diagnóstico previo antes de aplicar las nuevas medidas, de forma que sea posible medir después si generan resultados frente a la situación actual.
"Tenemos que tomar el retrato hoy, la fotografía hoy de lo que está pasando para saber si lo que hacemos todas las entidades CRC, CIC, Ministerio de Justicia con todas sus entidades y MinTIC está dando resultados", explicó la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla.
La funcionaria se comprometió a mantener informado al Congreso sobre la evolución de las acciones y sus efectos, un seguimiento que involucraría a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la CIC, el Ministerio de Justicia y sus organismos, además del propio MinTIC. "Cuente con que vamos a estar enviándole reportes de lo que estamos haciendo y del impacto que esa medida tiene", aseguró.
El bloqueo de señal y de comunicaciones ilegales en las cárceles es una discusión de larga data: la Ley 1709 de 2014, que reformó el Código Penitenciario, ordenó al Inpec y a las autoridades adoptar mecanismos para impedir el uso de celulares en los patios, un mandato cuya aplicación efectiva ha sido cuestionada en sucesivos debates de control político. La estrategia expuesta por Falla se enmarca en ese esfuerzo pendiente por cortar el vínculo tecnológico entre los penales y la extorsión.
La comparecencia se suma a otros ejercicios recientes de control político en el Congreso, donde distintas bancadas han cuestionado la capacidad del Ejecutivo para contener economías criminales que operan con recursos tecnológicos, como reflejan también los reveses del Pacto Histórico en su ejercicio como oposición. Falla no fijó una fecha para presentar los primeros resultados de la medición anunciada.
