El Sena precisó, a través de sus canales institucionales, que los recursos se encontraban bloqueados dentro del presupuesto de la entidad y que su liberación responde a la coyuntura fiscal derivada de la emergencia. En el comunicado conjunto, la entidad sostuvo que la decisión busca atender la coyuntura fiscal y «atender a los colombianos que en este momento más nos necesitan». Los equipos técnicos de ambas instituciones adelantaron ese mismo 26 de agosto los procedimientos necesarios para viabilizar la ejecución de los recursos priorizados.
El monto —$719.913.800.615, cerca de $720.000 millones— se moviliza mediante un desbloqueo de partidas dentro del propio presupuesto de la entidad.
El comunicado conjunto detalla que los recursos se orientarán a tres frentes: la recuperación de la infraestructura física del Sena dañada por el sismo, el apoyo a aprendices, instructores y servidores públicos de la entidad que resultaron damnificados, y el acompañamiento a emprendedores y unidades productivas afectadas en los territorios impactados. Sobre este último punto, el Gobierno nacional señaló que la estrategia contempla apoyar la recuperación de las capacidades productivas de pequeños negocios en las zonas del terremoto, una función que se suma a las labores misionales tradicionales del Sena en formación para el trabajo.
Las afectaciones reportadas alcanzan a departamentos con alta concentración de sedes del Sena y de aprendices en formación técnica y tecnológica. Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas conforman una franja del occidente colombiano donde la actividad sísmica ha sido históricamente relevante, dada su ubicación sobre el sistema de fallas asociado al cinturón de fuego del Pacífico.
Un trámite reglado dentro del Estatuto Orgánico del Presupuesto
La reasignación se ejecuta dentro del marco del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que exige la coordinación entre el ministerio rector de las finanzas públicas y la entidad ejecutora para modificar la destinación de partidas. El Sena, adscrito al Ministerio del Trabajo, se financia principalmente con aportes parafiscales de las empresas y con transferencias del Presupuesto General de la Nación; cualquier movimiento de sus recursos requiere el aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su calidad de rector de la política fiscal.
No es la primera vez que el Estado colombiano recurre a reasignaciones presupuestales de emergencia tras un desastre natural. El precedente más citado es el terremoto de Armenia de enero de 1999, que devastó el Eje Cafetero y obligó al Gobierno de entonces a redirigir partidas del presupuesto nacional para financiar la reconstrucción, un proceso que dio origen al Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec). Aquella experiencia dejó lecciones sobre la necesidad de mecanismos de veeduría para el gasto extraordinario.
El Ministerio de Hacienda no ha informado hasta el momento si la reasignación implicará ajustes adicionales al Presupuesto General de la Nación de la vigencia en curso ni si se contempla la declaratoria de una situación de desastre que habilite mecanismos extraordinarios de financiación, como ha ocurrido en emergencias anteriores mediante decretos de estado de excepción. Tampoco se ha precisado un cronograma detallado para la ejecución de los $719.913 millones ni los mecanismos de control que acompañarán el gasto.
Ese último punto suele ser objeto de fiscalización por parte de organismos de control como la Contraloría General de la República, que en operaciones extraordinarias derivadas de emergencias vigila el riesgo de irregularidades en la contratación acelerada. La Procuraduría General de la Nación, por su parte, conserva competencias disciplinarias sobre los servidores que administren los recursos priorizados.
El Sena aseguró que la redistribución le permitirá continuar con sus actividades misionales —la formación técnica, tecnológica y complementaria que ofrece de manera gratuita— mientras despliega, en paralelo, las medidas de apoyo a las comunidades afectadas por el sismo. La entidad enmarcó la operación en el propósito de mantener la operación de sus funciones esenciales y fortalecer la atención estatal en las zonas afectadas.
De cara a los próximos días, se espera que el Ministerio de Hacienda y el Sena entreguen un balance más detallado sobre la ejecución de los recursos priorizados y sobre el estado de la infraestructura afectada en los cinco departamentos, así como eventuales anuncios adicionales del Gobierno nacional sobre la magnitud total de la respuesta estatal ante la emergencia.
