El informe, al que ha tenido acceso este periódico, analiza los hechos ocurridos durante el debate sobre el 'bibliocausto' y los califica como 'susceptibles de constituir una infracción muy grave del Reglamento' en aplicación del artículo 101.3. La Mesa del Congreso se reunirá hoy a las 17:00, en sesión extraordinaria, para decidir si asume la propuesta de los letrados o la modera. La opción más probable, según cuatro fuentes parlamentarias distintas consultadas a primera hora de la mañana, es la retirada de dietas durante un mes completo.
La cifra concreta que está en juego no es menor. Un diputado medio del Congreso percibe entre dietas, complementos y asignación por libre disposición del escaño en torno a 3.800 euros mensuales, una cantidad que varía según si el parlamentario es titular en Madrid o desplazado. Perder un mes de esa retribución supondría, para el afectado, un golpe económico y, sobre todo, un precedente que la Mesa lleva más de dos décadas sin aplicar. El último caso comparable se remonta a la legislatura 2000-2004, y entonces la sanción quedó reducida a un apercibimiento formal.
La presidenta del Congreso ha preferido no hacer declaraciones públicas a lo largo de la noche, pero su entorno filtra una idea recurrente: 'No se trata de hacer sangre; se trata de marcar un límite'. Esa fórmula, repetida casi palabra por palabra por dos fuentes, describe bien la tensión interna. La presidencia no quiere que el episodio se convierta en un martirologio para Vox, pero tampoco puede dejar que el Reglamento se quede en papel mojado después de una escena tan inédita como la del diputado subido a la mesa presidencial.
Vox prepara, mientras tanto, su contraataque institucional. El grupo parlamentario ha anunciado esta mañana, a través de su portavoz adjunto, que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si la sanción económica llega a materializarse. El argumento jurídico que manejan sus letrados tiene dos ejes: el derecho fundamental a la libertad de expresión en el ejercicio de la representación política y la supuesta falta de proporcionalidad entre la conducta y la consecuencia. En el ala dura del partido, además, se prepara el relato de 'censura al único grupo que dice la verdad', una etiqueta que ya circula desde primera hora en los canales internos.
El PP mantiene la misma posición ambigua que mostró ayer. Su portavoz parlamentaria ha dicho esta mañana, en una breve declaración en el interior del Congreso, que 'el respeto a la Cámara es irrenunciable, pero las sanciones deben ser proporcionadas y no deben convertirse en una herramienta de persecución política'. Es un equilibrio calibrado: no defender al diputado, pero tampoco avalar una sanción que Vox pueda exhibir como trofeo. En Génova hay, además, una lectura electoral: la precampaña andaluza se juega con un voto joven que, como ya recordó ayer la encuesta de Votómetro, está siendo decisivo para Vox en las comunidades con más peso demográfico.
Sumar y ERC, por la izquierda, presionan en la dirección contraria. Ambos grupos han exigido hoy que la sanción sea 'ejemplar' y que se estudie la posibilidad, incluso, de suspender temporalmente al diputado en el ejercicio de sus funciones. La propuesta, sin embargo, choca contra una barrera constitucional: el artículo 23 de la Constitución española protege el derecho de los representantes a ejercer su cargo, y la suspensión temporal requeriría una vulneración todavía más flagrante del Reglamento.
La sesión de hoy de la Mesa estará, por tanto, condicionada por una tensión que atraviesa horizontalmente a casi todos los grupos: cómo sancionar sin convertir al sancionado en víctima. Es el dilema que los politólogos llaman 'efecto martirio' y que, en democracias con debates polarizados, suele convertir cualquier castigo visible en una campaña indirecta a favor del castigado. La presidenta del Congreso, según su entorno, es perfectamente consciente de ese riesgo. Y por eso, en lugar de proponer una suspensión temporal —la medida máxima, que nadie ha pedido formalmente—, está estudiando la vía económica: el descuento de dietas es suficientemente severo como para dejar rastro en el debate público y suficientemente concreto como para no poder ser caricaturizado como una venganza ideológica.
Si la Mesa aprueba hoy la sanción, el expediente se notificará mañana al grupo de Vox y entrará en vigor automáticamente en la siguiente nómina parlamentaria. Si, por el contrario, opta por una solución intermedia —apercibimiento formal y requerimiento público— el mensaje será distinto pero la conclusión será parecida: el Reglamento del Congreso, que durante décadas ha funcionado como una herramienta casi protocolaria, acaba de recuperar una vigencia que pocos esperaban. Y lo ha hecho en apenas veinticuatro horas. Lo que quede de esta historia, a partir de hoy por la tarde, se escribirá en el Diario de Sesiones. Y quizás también, como suele ocurrir en estos casos, en los manuales de derecho parlamentario de los próximos cursos.
