El cambio se enmarca en la política de seguridad del Ejecutivo de coalición liderado por Fratelli d'Italia, que desde su llegada al poder en octubre de 2022 ha impulsado siete decretos o leyes en materia penal y de orden público, según el recuento de las normas aprobadas. Entre ellos figura uno adoptado en febrero de 2026 que permite a la policía retener hasta doce horas a sospechosos de participar en altercados antes de una manifestación. El decreto sobre menores se presenta como respuesta a la proliferación de las bande giovanili, pandillas juveniles vinculadas a robos, agresiones y episodios de violencia callejera que las autoridades italianas vienen señalando desde hace varios años.
Con el sistema vigente hasta ahora, un adolescente de 14 o 15 años acusado de un delito no era imputado de forma automática: el juez de menores debía valorar, mediante un análisis individualizado de su desarrollo psicológico y su capacidad de discernimiento, si existía lo que el Código Penal italiano denomina imputabilità, la aptitud para entender y querer el hecho delictivo. Ese examen actuaba como filtro previo al proceso penal ordinario. El nuevo decreto invierte esa lógica: el menor de entre 14 y 17 años queda equiparado por defecto a un adulto a efectos de imputación, y será su defensa la que deba aportar pruebas —periciales psicológicas, informes sociales, historial clínico— para acreditar que no tenía capacidad de comprensión del delito.
De la valoración judicial a la presunción invertida
La inversión del criterio afecta a una garantía nuclear del derecho penal de menores. Hasta el jueves, la ausencia de imputabilidad se presumía y debía ser desvirtuada por la acusación tras el examen del juez; a partir de ahora, la responsabilidad se presume y es la defensa la que debe romper esa presunción. Ese giro es el que concentra las principales objeciones jurídicas, al desplazar sobre el propio menor el esfuerzo probatorio que hasta ahora recaía en el sistema.
Juristas y asociaciones de defensa de la infancia advierten de que la medida podría chocar con los principios que inspiran la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por Italia en 1991, y con la doctrina del Tribunal Constitucional italiano sobre el interés superior del menor, que exige que cualquier restricción de garantías procesales a esta franja de edad esté especialmente justificada y sea proporcional.
Desde el Gobierno, fuentes de Fratelli d'Italia y de la Liga —socio de coalición— defienden que la reforma busca dar una respuesta más ágil a los delitos protagonizados por menores que, según sostienen, actúan con plena conciencia amparándose en la levedad de las consecuencias penales previstas para su edad. La oposición, integrada por el Partito Democratico y el Movimento 5 Stelle, ha anunciado que combatirá el texto en las Cámaras y no descarta plantear una cuestión de constitucionalidad si se convalida sin modificaciones. Organizaciones de infancia y asociaciones de magistrados de menores han pedido cautela y solicitado ser escuchadas en el trámite parlamentario.
Un giro más duro que el de otros países europeos
España mantiene desde la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, un sistema en el que los jueces conservan un margen de individualización de la pena y de la propia imputabilidad, sin una presunción de imputación automática equiparable a la que plantea ahora Roma. Francia aprobó en 2021 un nuevo Código de Justicia Penal de Menores que fija la responsabilidad a partir de los 13 años, pero conserva el examen individualizado de discernimiento como requisito previo al proceso.
El precedente más próximo en el propio debate italiano es el llamado decreto Caivano, aprobado en septiembre de 2023 tras una serie de agresiones sexuales grupales protagonizadas por menores en esa localidad de la provincia de Nápoles. Aquella norma ya endureció las penas aplicables a adolescentes y amplió los supuestos de ingreso en centros de internamiento. La reforma actual se presenta como una continuación de esa línea, en un contexto en el que el Ministerio de Justicia italiano no ha publicado datos actualizados que permitan contrastar con cifras oficiales la magnitud del fenómeno invocado para justificar el cambio.
El trámite parlamentario será determinante para el alcance final de la norma. En el sistema italiano, los decretos-legge aprobados por el Consejo de Ministros entran en vigor de forma inmediata tras su publicación en la Gazzetta Ufficiale, pero deben ser convalidados por el Parlamento en un plazo de sesenta días; de no lograrse esa convalidación, el decreto decae con efectos retroactivos. Está por ver si el texto sufre modificaciones a su paso por la Cámara de Diputados y el Senado, donde la coalición de Meloni cuenta con mayoría, aunque no exenta de matices entre sus socios.
De prosperar sin cambios sustanciales, la reforma situaría a Italia entre los países europeos con un régimen de imputación penal juvenil más severo. El horizonte inmediato pasa por la convalidación en las Cámaras dentro del plazo de sesenta días y, previsiblemente, por un contencioso jurídico sobre su compatibilidad con los estándares internacionales de justicia juvenil a medida que se apliquen los primeros casos bajo el nuevo marco.
