El atentado se produjo la semana anterior a la difusión de la encuesta, cuando Abdul Ballout, un ciudadano germano-libanés de 21 años identificado por las autoridades como islamista peligroso, embistió con una furgoneta a varios peatones en las inmediaciones de las celebraciones del Orgullo en Berlín y después atacó a otras personas con un arma blanca. La Policía abatió al agresor tras la secuencia de violencia, que se saldó con una mujer muerta y decenas de heridos.
La conmoción no se debió únicamente al balance de víctimas. El sospechoso era conocido por los servicios de seguridad alemanes como un islamista peligroso, lo que ha situado en el centro del debate público la eficacia de los mecanismos de vigilancia y de los programas de desradicalización financiados por el Estado. Alemania ha destinado recientemente cinco millones de euros adicionales a uno de esos programas, el mismo marco de actuación que no impidió que Ballout perpetrara el ataque.
La encuesta muestra que el impacto ha trascendido el debate político para instalarse en la vida cotidiana. Un 38% de los encuestados declara que su sensación de seguridad ha disminuido de forma clara o parcial desde el ataque, frente a un 54% que asegura que su percepción no ha variado y un 7% que dice sentirse más seguro. Los datos apuntan a una erosión de la confianza en la capacidad del Estado para prevenir ataques atribuidos a personas ya conocidas por las autoridades.
De la petición policial a la división en la coalición de Merz
El malestar cristalizó en una petición formal de reforma legislativa. Heiko Teggatz, presidente del Sindicato Alemán de Policía, remitió una carta al canciller Friedrich Merz reclamando cambios en las normas de ciudadanía, asilo y expulsión de extranjeros. La organización defiende que la nacionalidad alemana vuelva a vincularse de forma más estricta a una integración real y verificable, y pide reglas de deportación más severas para extranjeros delincuentes y personas vinculadas al extremismo.
Estas demandas han sido respaldadas por Alternativa para Alemania (AfD), formación que desde su irrupción parlamentaria en 2017 ha situado la política migratoria en el centro de su discurso y que, según sostiene, lleva años denunciando las consecuencias de la inmigración masiva y la incapacidad de los sucesivos gobiernos para expulsar a quienes representan una amenaza.
El Gobierno de coalición formado por la CDU/CSU y el Partido Socialdemócrata (SPD), con Friedrich Merz como canciller, se mueve con cautela. Merz ha abierto la puerta a reforzar el seguimiento de islamistas peligrosos, pero la coalición permanece dividida sobre las medidas de mayor calado: el endurecimiento del derecho de asilo, la aceleración de las deportaciones y la revisión de las leyes de ciudadanía. Desde el SPD, el líder parlamentario Matthias Miersch ha pedido incluso que Merz asista a un futuro acto del Orgullo como gesto de solidaridad con la comunidad LGTBI, una petición que evidencia las tensiones entre el ala socialdemócrata, más volcada en la cohesión social, y los sectores conservadores que reclaman prioritariamente respuestas en seguridad y migración.
El choque entre ambas visiones no es nuevo en Alemania. Desde la crisis migratoria de 2015, cuando la entonces canciller Angela Merkel abrió las fronteras a cerca de un millón de solicitantes de asilo, el país ha vivido episodios periódicos de violencia que han reactivado el mismo debate: desde el atentado del mercadillo navideño de Berlín en 2016, con doce muertos, hasta el ataque con arma blanca de Solingen en 2024. En cada ocasión ha resurgido la discusión sobre los límites de la política de acogida y la capacidad del Estado para identificar y neutralizar amenazas conocidas.
El marco legal alemán distingue entre la expulsión administrativa (Ausweisung), aplicable a extranjeros que suponen una amenaza para la seguridad pública, y la deportación efectiva (Abschiebung), que en la práctica se ve limitada por la falta de convenios de repatriación con determinados países de origen —el caso de Siria y Líbano es paradigmático— y por las garantías del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe expulsar a una persona a un país donde pueda sufrir tortura o tratos inhumanos. Ese engranaje jurídico explica por qué individuos considerados peligrosos pueden permanecer en libertad pese a estar fichados.
Qué puede cambiar a partir de ahora
La carta del sindicato policial y la presión de la AfD sitúan a Merz ante una disyuntiva en las próximas semanas: ceder terreno hacia un endurecimiento normativo que satisfaga a policías y a parte de su electorado conservador, o mantener el equilibrio con el SPD, reticente a un giro de fondo en el derecho de asilo. El canciller ha admitido la necesidad de reforzar el seguimiento de individuos considerados peligrosos, pero la coalición no ha cerrado un acuerdo sobre deportaciones ni sobre la revisión de las leyes de ciudadanía.
El desenlace determinará si el atentado de Berlín se traduce en cambios legislativos o si, como en episodios anteriores, el debate se diluye sin reformas de calado. Los próximos sondeos permitirán comprobar si la caída de la confianza ciudadana reflejada en la encuesta se consolida o remite a medida que se aleja el impacto inmediato del ataque.
