Quién era Lehbib Mohamed Abdelaziz
Lehbib Mohamed Abdelaziz nació en 1989 en los campamentos de desplazados saharauis de Tinduf, en territorio argelino, donde la población refugiada del Sáhara Occidental lleva asentada desde la ocupación marroquí del territorio en 1975. Era el hijo del líder histórico Mohamed Abdelaziz, quien dirigió el Frente Polisario desde su fundación efectiva como secretario general en 1976 y presidió la RASD durante veinticuatro años ininterrumpidos hasta su muerte por enfermedad en mayo de 2016, cuando fue sucedido en ambos cargos por Brahim Ghali.
Formado académicamente en Argelia —país que reconoce la RASD y que financia y acoge logísticamente al movimiento saharaui—, Lehbib se incorporó a las fuerzas armadas del Frente Polisario en 2011, año en que los vientos de la Primavera Árabe sacudían el Magreb pero no alcanzaban a modificar el estatus congelado del conflicto sahariano. Ascendió hasta el rango de brigada de campo y en 2024 fue nombrado miembro del Secretariado Nacional, el órgano de dirección política permanente del movimiento, equivalente funcional a un comité ejecutivo. Tenía 37 años en el momento de su muerte.
El ataque y el silencio de Rabat
La Presidencia saharaui describió los hechos como una acción militar deliberada llevada a cabo por fuerzas marroquíes cerca del muro de separación —una estructura de arena, piedra y alambre de espino de aproximadamente 2.700 kilómetros que Marruecos levantó entre 1980 y 1987 para aislar la franja que controla del territorio libre patrullado por el Polisario—.
La ausencia de pronunciamiento marroquí es coherente con la práctica habitual de las Fuerzas Armadas del reino alauí, que raramente confirman operaciones individuales en la zona del conflicto. Marruecos considera el territorio como sus 'provincias del sur' y encuadra jurídicamente cualquier acción militar allí como una operación de seguridad interior, no como un acto de guerra interestatal. El Polisario, por el contrario, lo define como resistencia armada legítima frente a una potencia ocupante, posición que Brahim Ghali trasladó formalmente por carta al secretario general António Guterres en mayo de este año.
De Mistura en Tinduf: la diplomacia ante los hechos consumados
El momento del ataque añade una carga simbólica considerable al episodio. Staffan de Mistura, exministro de Exteriores italiano y veterano mediador de la ONU en Siria y Afganistán, había llegado el domingo a los campamentos de Tinduf en el marco de una nueva gira diplomática cuyo contenido detallado no había trascendido aún. Su misión, renovada periódicamente desde que fue nombrado enviado especial en 2021 en sustitución de Horst Köhler, consiste en explorar una solución política mutuamente aceptable al conflicto, un mandato que en tres décadas de esfuerzos onusianos no ha producido resultados sustantivos.
La dinámica de las últimas rondas de contacto —mesas redondas en Ginebra en 2018 y 2019, paralizadas después— ilustra la profundidad del bloqueo: Marruecos acepta negociar únicamente sobre la base de su plan de autonomía de 2007, mientras el Polisario exige que cualquier proceso culmine en un referéndum de autodeterminación vinculante. La resolución 2703 del Consejo de Seguridad, aprobada en octubre de 2023, renovó el mandato de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) pero sin modificar su alcance operativo ni introducir nuevos mecanismos de presión sobre las partes.
El alto el fuego roto y la escalada desde 2020
El contexto de este ataque remite directamente al colapso del alto el fuego firmado en septiembre de 1991 bajo auspicio de la ONU, que puso fin a dieciséis años de guerra abierta entre Marruecos y el Polisario. En noviembre de 2020, el Frente Polisario declaró formalmente roto ese acuerdo tras un incidente en el paso de Guerguerat, en el extremo sur del muro, donde activistas saharauis bloquearon una carretera usada por el tráfico comercial hacia Mauritania y las fuerzas marroquíes intervinieron para despejarla. Desde entonces, el Polisario ha anunciado de forma periódica operaciones de hostigamiento contra posiciones marroquíes al este del muro, en la franja que denomina 'zonas liberadas'.
La intensidad real del enfrentamiento es difícil de verificar de forma independiente: ni Marruecos ni el Polisario permiten acceso libre a periodistas en las zonas de conflicto, y la MINURSO carece de mandato para supervisar el cumplimiento del alto el fuego ni para investigar violaciones —una laguna estructural criticada históricamente por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch—. Lo que sí está documentado es que la muerte de figuras con el perfil de Lehbib Abdelaziz —cuadro político de alta visibilidad y carga simbólica dinástica— supone una escalada cualitativa respecto a los partes habituales de bajas anónimas.
El aislamiento diplomático del Polisario y el giro de España
El impacto político del ataque se produce en el peor momento estratégico para el movimiento saharaui desde la ruptura del alto el fuego. En los últimos años, el Polisario ha acumulado reveses diplomáticos de primera magnitud. Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en diciembre de 2020 como parte de los Acuerdos de Abraham que normalizaron las relaciones entre Marruecos e Israel. Francia formalizó su respaldo al plan de autonomía marroquí en julio de 2024, cerrando el frente europeo que históricamente había mantenido una postura más ambigua. España, potencia administradora 'de iure' del territorio según la posición sostenida por la RASD y por resoluciones de la Asamblea General de la ONU, comunicó en marzo de 2022 al rey Mohamed VI, en una carta del entonces presidente Pedro Sánchez, que consideraba el plan de autonomía marroquí 'la base más seria, creíble y realista' para resolver el conflicto.
Ese giro español —justificado por el Gobierno de Sánchez como necesario para normalizar las relaciones con Rabat tras la crisis migratoria de Ceuta de mayo de 2021— fue duramente criticado por el PSOE histórico, por Podemos y por el Parlamento Europeo, que en una resolución no vinculante de julio de 2022 recordó a España sus obligaciones como potencia administradora. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) anuló en octubre de 2024 los acuerdos comerciales y de pesca entre la UE y Marruecos en la parte aplicable al Sáhara Occidental, al considerar que el pueblo saharaui no había sido consultado, lo que abrió una grieta jurídica en la arquitectura diplomática favorable a Rabat.
Antecedente histórico: la guerra y el referéndum que nunca llegó
Para calibrar el peso de lo ocurrido conviene situar el conflicto en su raíz. España administró el Sáhara Occidental como colonia hasta que, en noviembre de 1975, el régimen franquista en sus últimas semanas firmó los Acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania, cediendo el control del territorio sin respetar el proceso de descolonización previsto por la ONU. La Marcha Verde —la entrada de 350.000 civiles marroquíes organizada por Hassan II— precedió en días a esa cesión. El Tribunal Internacional de Justicia había dictaminado en octubre de 1975, en un dictamen consultivo solicitado por la propia ONU, que no existían vínculos de soberanía que justificaran la reclamación marroquí ni mauritana sobre el territorio, lo que reforzó la posición jurídica del Polisario.
La guerra que siguió, entre 1975 y 1991, se saldó con decenas de miles de saharauis desplazados a Tinduf —las estimaciones de la ACNUR sitúan la población en los campamentos entre 90.000 y 170.000 personas, con una horquilla amplia dada la dificultad de los censos— y con la incorporación del Polisario al bloque de movimientos de liberación respaldados por Argelia y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El fin de la bipolaridad eliminó ese paraguas estratégico y dejó al movimiento saharaui en una posición de dependencia creciente respecto a Argel, el único actor estatal que mantiene el reconocimiento pleno de la RASD entre los países vecinos.
Qué sucede ahora: plazos y presiones sobre la mediación de la ONU
La muerte de Lehbib Mohamed Abdelaziz y sus dos compañeros someterá a De Mistura a una presión inmediata para pronunciarse. Si el enviado guarda silencio o se limita a un llamamiento genérico a la calma, el Polisario utilizará el episodio para cuestionar la imparcialidad del proceso de mediación onusiano. Si condena el ataque nominalmente, Marruecos responderá que actúa dentro de su soberanía territorial. Ambas salidas ilustran el callejón sin salida estructural de la misión.
El Consejo de Seguridad deberá renovar el mandato de la MINURSO antes del 31 de octubre de 2025. Ese momento será el siguiente hito formal en el que la comunidad internacional tendrá que posicionarse sobre si ampliar, reducir o mantener sin cambios una presencia que el Polisario exige reforzar con capacidades de supervisión de derechos humanos —petición bloqueada sistemáticamente por Marruecos con el apoyo tácito de Francia y, ahora, con el respaldo explícito de España—. La muerte de un miembro del Secretariado Nacional con la carga simbólica de Abdelaziz llegará al debate de octubre como argumento político, aunque su capacidad real para mover las posiciones de los miembros permanentes del Consejo es, a la vista del historial reciente, limitada.
