La salida del investigador, difundida el martes, llegó acompañada de una advertencia sobre plazos: la posibilidad de un escenario catastrófico asociado a sistemas de IA avanzada antes de que termine la década. Esa previsión, corta y concreta, es la que circuló con más fuerza durante el fin de semana entre los líderes y gurús del sector, que ofrecieron opiniones «entregadas, conspiranoicas o exaltadas».
Demis Hassabis, responsable de inteligencia artificial en Google, se sumó el fin de semana a quienes defienden moderar el desarrollo. «Es el camino correcto», afirmó al respaldar la propuesta de ralentizar los avances, según recogió El País. Su posición matiza el tono más alarmista de otros directivos que a lo largo de la semana calificaron de exagerada la reacción al episodio.
Tras casi una semana de declaraciones cruzadas, la conclusión que se abre paso dentro de la industria es que la vía más plausible a corto plazo pasa por que los propios laboratorios se doten de reglas internas, en ausencia de una legislación específica y armonizada que cubra los escenarios de riesgo extremo. La fórmula de la autorregulación no es nueva en el sector tecnológico: ya se empleó, con resultados desiguales, en los primeros años de las redes sociales, cuando las plataformas se comprometieron a códigos de conducta antes de cualquier marco legal vinculante.
El debate se produce en un momento en que la Unión Europea ya cuenta con el Reglamento de Inteligencia Artificial, aprobado en 2024, que clasifica los sistemas según su nivel de riesgo e impone obligaciones reforzadas a los de mayor impacto. Ese marco europeo, sin embargo, no despliega todas sus exigencias de forma inmediata, pues su aplicación es escalonada, y no existe un organismo internacional con capacidad vinculante para supervisar estos desarrollos a escala global.
La ausencia de una autoridad supranacional recuerda al vacío que rodeó durante décadas a la energía nuclear antes de la creación del Organismo Internacional de Energía Atómica, en 1957. Entonces, como ahora, la industria defendió inicialmente que la autovigilancia bastaba para prevenir accidentes graves, hasta que los Estados impusieron un régimen de inspecciones y salvaguardias.
No todos los actores coinciden en el diagnóstico ni en la urgencia. Mientras algunos directivos consideran exagerada la alarma suscitada por la dimisión, otros defienden revisar los protocolos internos de seguridad antes de lanzar nuevos modelos al mercado. Esa división ha llevado a que la discusión se salde, de momento, con compromisos individuales de cada compañía más que con un acuerdo conjunto del sector.
El episodio coincide con una competencia acelerada entre laboratorios por lanzar modelos cada vez más potentes, un contexto que dificulta pactos de ralentización que impliquen renunciar a ventajas comerciales frente a rivales. La tensión entre seguridad y velocidad de despliegue es el nudo que ninguna autorregulación tecnológica ha resuelto todavía de forma plena.
«Es el camino correcto», insistió Hassabis al defender la ralentización, en la declaración que marcó el tono del debate durante el fin de semana, sin que por ahora se conozca un calendario para que esas reglas propias del sector se traduzcan en compromisos verificables.
