"Que se quiten la camiseta de partido ya. O nos sentamos, o desapareceremos", resumió Muñoz, edil socialista de 47 años, la petición que comparten los cuatro regidores. Dos de las alcaldesas acudieron a la cita tras su última reunión en el Cecopi sobre el incendio de Burgohondo; otro de los ediles llegó minutos después de atender un nuevo conato en la sierra del Oeste madrileña. Los cuatro se presentaron a la alcaldía de sus pueblos para trabajar por sus vecinos, y acaban de vivir uno de los episodios más duros al frente del bastón de mando.
El fuego de Burgohondo, en la provincia de Ávila, arrasó terreno entre esa provincia y la Comunidad de Madrid a finales de julio y obligó a activar el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y a movilizar medios aéreos y terrestres de varias administraciones. Según los testimonios de los alcaldes, un giro brusco del viento transformó el frente de llamas en un episodio de difícil control, con evacuaciones en varias localidades de la sierra abulense y madrileña.
Los regidores comparten diagnóstico: los pequeños ayuntamientos carecen de medios propios para prevenir o combatir incendios de esta magnitud y dependen por completo de los recursos autonómicos y estatales, cuya coordinación —sostienen— debería blindarse mediante un acuerdo que trascienda los ciclos electorales. Casavieja fue una de las localidades más asediadas por las llamas.
Un pacto de Estado que el PP ha descartado
La petición se produce en pleno choque político sobre la gestión de las emergencias forestales. El Partido Popular ha descartado sumarse a un pacto de Estado propuesto por el Gobierno, pese a que su propio plan antiincendios coincide en buena parte con el del Ejecutivo de Sánchez. Ambas formaciones mantienen posiciones enfrentadas sobre las competencias autonómicas en materia forestal y sobre la financiación de los medios de extinción.
Desde el PP se ha reiterado que la prevención forestal es una competencia transferida a las comunidades autónomas y que cualquier pacto debe respetar ese reparto competencial. El Gobierno central, por su parte, ha defendido en los últimos años reforzar la coordinación interadministrativa frente a episodios cada vez más extremos, vinculados al aumento de las temperaturas y a la prolongación de las sequías. Por el momento, ni Moncloa ni la dirección del PP han confirmado si se abrirá una negociación formal para un acuerdo, lo que deja en el aire su calendario.
El marco normativo básico lo fija la Ley de Montes de 2003, modificada en varias ocasiones, junto con la Estrategia Forestal Española: ambos textos establecen la prevención de incendios pero delegan buena parte de la ejecución en las comunidades autónomas, lo que genera disparidades en presupuestos y medios según el territorio. Los ayuntamientos no tienen competencias específicas en extinción, aunque son los primeros en activar los protocolos de emergencia y evacuación en sus términos municipales.
España cuenta con precedentes de acuerdos transversales blindados frente a la alternancia de gobiernos. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito en 2017 por PSOE, PP y otras fuerzas, o el Pacto de Toledo sobre pensiones, vigente desde 1995 y renovado en sucesivas legislaturas, muestran que existen mecanismos institucionales para sostener políticas públicas a largo plazo, aunque su aplicación efectiva ha sido desigual.
El fondo del debate combina cambio climático, abandono rural y gestión forestal. El calentamiento de las últimas décadas ha alargado y agravado las campañas de incendios en la península ibérica, según los organismos meteorológicos nacionales y europeos. A ello se suma el abandono de la actividad agrícola y ganadera en el interior, que ha permitido la acumulación de biomasa combustible en zonas antes gestionadas por la actividad humana tradicional, un fenómeno ligado a la despoblación rural.
Organizaciones ecologistas y colectivos de bomberos forestales reclaman desde hace años un incremento sostenido de la inversión en prevención —desbroce, cortafuegos, vigilancia— frente al modelo actual, centrado mayoritariamente en la extinción durante el verano, un enfoque que numerosos técnicos consideran ineficiente a largo plazo.
Los alcaldes afectados advierten de que, sin un compromiso duradero entre las principales fuerzas políticas, los municipios rurales de menor tamaño seguirán expuestos a episodios similares en próximas campañas estivales. La pelota queda en el tejado de las direcciones de PSOE y PP, cuyas posiciones sobre el alcance y la financiación de un eventual pacto siguen distantes.
