Mosquera Marín hizo el anuncio a través de su cuenta de X, un día después de conocerse revelaciones periodísticas sobre presuntas labores de inteligencia dirigidas contra congresistas de oposición, expresidentes y periodistas durante el gobierno de Gustavo Petro. El abogado representa a algunos de los señalados como objeto de estos seguimientos y pidió al ente acusador actuar con celeridad para recolectar y blindar los elementos materiales probatorios antes de que puedan alterarse registros de seguridad, órdenes de trabajo o reportes de inteligencia.
"Pediremos acceso a toda la información relacionada que repose en las investigaciones correspondientes, incluyendo órdenes de trabajo, seguimientos, interceptaciones, consultas en bases de datos, informes de inteligencia, reportes financieros y cualquier intercambio de información entre la DNI, la Uiaf y otras entidades del Estado", señaló Víctor Mosquera Marín, abogado penalista.
El jurista fue enfático en que la investigación debe establecer responsabilidades individuales dentro de la presunta cadena de mando. Advirtió que la impunidad en este tipo de episodios vulnera los pilares de la democracia.
"Es indispensable establecer quién ordenó estas actuaciones, quién las ejecutó, quién tuvo acceso a la información obtenida, a quién fue entregada y cuál fue su destino", dijo Mosquera en sus declaraciones públicas.
Las revelaciones que motivaron el pronunciamiento citarían hallazgos de una auditoría forense ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella a la DNI, conocidos este sábado. De acuerdo con esa información, la entidad habría interceptado comunicaciones de miembros de la oposición durante la administración Petro, en un esquema que involucraría también a la Uiaf, a la Dian y a oficiales de la Policía y el Ejército.
La solicitud de Mosquera Marín busca que la Fiscalía abra las diligencias para determinar si existen méritos para imputar a algún funcionario, en los términos que establece la Ley 906 de 2004 para el proceso penal acusatorio colombiano. El uso de organismos de inteligencia con fines políticos ha marcado distintos gobiernos: las interceptaciones ilegales del DAS contra magistrados, periodistas y opositores, destapadas en 2009, llevaron a la liquidación de ese organismo en 2011 y a condenas contra exdirectores como María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera.
Aquel escándalo precedió otros episodios de seguimientos irregulares, como las denuncias de perfilamientos atribuidos a unidades del Ejército reveladas en 2020. El nuevo caso se inscribe en esa línea de controversias sobre el aparato de inteligencia del Estado, aún sin vinculaciones formales conocidas.
"Llegaremos hasta las últimas consecuencias jurídicas para establecer todas las responsabilidades", reiteró el abogado penalista Víctor Mosquera Marín.
