Según el mismo material, los grupos mayoritarios entre los reclusos extranjeros serían ciudadanos turcos, sirios, marroquíes, polacos y rumanos, una composición que refleja tanto las oleadas migratorias laborales de las últimas décadas como los flujos de solicitantes de asilo posteriores a 2015. El coste total del sistema penitenciario alemán rondaría, según esas cifras, los 4.137 millones de euros anuales, de los que aproximadamente 1.815 millones corresponderían al mantenimiento de reclusos extranjeros.
El sistema penitenciario alemán es competencia exclusiva de los Länder desde la reforma del federalismo de 2006, lo que explica la disparidad de cifras entre estados y dificulta las comparaciones homogéneas a escala nacional. El Ministerio Federal de Justicia no centraliza las estadísticas penitenciarias con un criterio metodológico único, y la Oficina Federal de Estadística (Destatis) publica datos agregados con retraso y sin desglosar siempre por estatus migratorio, lo que alimenta lecturas dispares del fenómeno y aconseja cautela ante cifras difundidas Land por Land sin consolidación federal.
Un debate con precedentes desde la reunificación
La sobrerrepresentación de extranjeros en las cárceles alemanas no es un fenómeno nuevo. Ya en la década de 1990, tras la reunificación y el aumento de solicitudes de asilo procedentes de los Balcanes, varios Länder reportaron incrementos en la población penitenciaria no alemana, lo que derivó en reformas de la Ley de Extranjería (Ausländergesetz) y, más tarde, en la Ley de Residencia (Aufenthaltsgesetz) de 2004, que endureció los criterios de expulsión de condenados extranjeros. La cuestión ha reaparecido de forma recurrente en cada ciclo electoral marcado por la migración.
Los criminólogos advierten desde hace tiempo contra las lecturas simplistas de estos datos. Un factor señalado habitualmente es que una parte de los extranjeros encarcelados lo está por delitos vinculados a su propia condición migratoria —infracciones de la Ley de Residencia, como la permanencia sin autorización tras una orden de expulsión—, conductas que por definición no pueden cometer los ciudadanos alemanes y que elevan las estadísticas comparativas. A ello se suman factores socioeconómicos como el desempleo, la precariedad habitacional o una edad media más joven de la población migrante.
Para contextualizar, la proporción de población extranjera residente en Alemania ronda el 15% del total, según Destatis. Otros países europeos con elevada inmigración, como Suiza, Austria o Bélgica, registran igualmente porcentajes de reclusos extranjeros por encima del 40%, en parte por la aplicación del principio de doble incriminación en las expulsiones de penados y por la composición de su población residente.
Las cifras como munición política
RMX News sostiene que el aumento de esta población carcelaria ha intensificado el debate político sobre inmigración, seguridad y costes públicos en Alemania. Alternativa para Alemania (AfD), consolidada como segunda fuerza en el Bundestag tras las elecciones federales de febrero de 2025, ha empleado sistemáticamente este tipo de datos para reclamar un endurecimiento de la política de asilo y de expulsiones, vinculándolos a su crítica de la política migratoria abierta impulsada a partir de 2015.
Frente a esa lectura, formaciones como el Partido Socialdemócrata (SPD) o Los Verdes han insistido en que equiparar nacionalidad con criminalidad ignora el contexto social y jurídico del fenómeno y el peso de las infracciones puramente administrativas en las estadísticas. El propio Gobierno de coalición entre CDU/CSU y SPD, formado tras las elecciones de febrero de 2025 bajo la cancillería de Merz, ha impulsado un endurecimiento de los controles fronterizos y de los procedimientos de asilo en línea con los compromisos electorales conservadores.
Ese giro convive ahora con una crisis interna: el caso del recurso de un dirigente parlamentario de la CDU a la gestación subrogada en el extranjero ha abierto una fractura pública en las filas conservadoras que absorbe la atención del partido y condiciona el ritmo de su agenda, incluido el terreno migratorio.
El margen de maniobra de Berlín para sustituir penas de prisión por expulsiones está condicionado por el marco europeo. La Directiva 2008/115/CE, conocida como Directiva de Retorno, y los acuerdos bilaterales de repatriación firmados por Alemania con países de origen requieren la cooperación efectiva del Estado receptor, lo que en la práctica ha limitado la agilización de las expulsiones de condenados que el Ejecutivo ha buscado en los últimos años.
En el plano legislativo, la aprobación de nuevas medidas sobre expulsión de reclusos extranjeros —contempladas en el programa electoral conservador— exigiría tramitación ante el Bundestag, sin que hasta ahora se haya concretado un proyecto de ley específico. A corto plazo, resultará determinante si Destatis o el Ministerio Federal de Justicia publican una estadística penitenciaria consolidada a escala federal que permita contrastar con rigor las cifras difundidas por cada Land, en un contexto europeo en el que la relación entre migración, seguridad y sistema penal sigue siendo un eje central de la confrontación electoral en varios países.
