"Si tiene visa o no tiene visa no tiene nada que ver con la elección", respondió la mandataria ante la pregunta sobre si Washington podría condicionar, mediante la negativa o retiro de visados, la participación de ciertos perfiles en la contienda. La presidenta ubicó ese trámite fuera del ámbito de las instituciones mexicanas.
"Es un asunto del gobierno de Estados Unidos en sus atribuciones para dar visa a una persona o no", afirmó Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.
La mandataria diferenció ese trámite migratorio, resorte exclusivo de EU, de los procedimientos que sí competen al Estado mexicano cuando existan elementos de presunta responsabilidad penal contra un aspirante.
"En caso de que muestre alguna prueba que tenga que ver con algún asunto delincuencial lo tomarán en cuenta las instituciones mexicanas de acuerdo con nuestra legislación", explicó la presidenta.
La distinción remite al marco constitucional mexicano: los requisitos de elegibilidad para cargos de elección popular están fijados en la Constitución y en las leyes electorales, y su verificación corresponde al INE, a los organismos locales y, en su caso, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no a decisiones administrativas de un gobierno extranjero.
Diseño de focos rojos para 2027
Sheinbaum detalló que su gobierno trabaja en un esquema para identificar zonas de riesgo durante el proceso electoral 2027. "Siempre se ha hecho, para ver dónde puede haber más riesgo y donde se requiere mayor presencia de la Guardia Nacional", dijo, en referencia a la coordinación entre autoridades civiles y militares para el despliegue de seguridad en las jornadas. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, precisó que las instituciones de seguridad mantienen mesas de coordinación para definir los mecanismos de verificación de candidatos.
El tema no es inédito en la relación bilateral: en marzo de 2015, el Departamento de Estado retiró la visa al entonces gobernador de Sonora Guillermo Padrés, y en años recientes reportes de prensa sobre cancelaciones de visado a figuras políticas mexicanas han alimentado la discusión sobre su eventual peso reputacional, siempre al margen de la legislación electoral nacional.
Las declaraciones se producen en medio de cuestionamientos al arranque del proceso electoral 2027, luego de que un grupo de académicos y exconsejeros —entre ellos Sergio Aguayo, Denise Dresser, José Woldenberg y Mauricio Merino— convocara a una alianza ciudadana para observar los comicios, según un desplegado difundido en fechas recientes. Organizaciones civiles han planteado dudas sobre los alcances de la fiscalización a los aspirantes a cargos de elección popular en 2027.