El dato más llamativo del sondeo es la fractura que revela dentro del propio electorado socialista: un 38% de los votantes del PSOE desaprueba la actuación de Sánchez en la gestión de la crisis ceutí, un porcentaje que asciende al 60% cuando la pregunta se refiere específicamente al ministro del Interior. Esa distancia entre la valoración del jefe del Ejecutivo y la de su responsable de Interior concentra el desgaste en la cartera que dirige de forma directa la respuesta policial y fronteriza.
Ceuta, junto con Melilla, constituye históricamente uno de los puntos más sensibles de la política migratoria española y europea. Su condición de frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano la convierte en un enclave estratégico que ha protagonizado episodios de alta tensión durante décadas. El precedente más grave reciente es la crisis de mayo de 2021, cuando alrededor de 8.000 personas entraron en la ciudad en apenas 48 horas tras una relajación de los controles fronterizos marroquíes, según los datos que difundió entonces el Ministerio del Interior.
Un reparto de competencias que genera fricción
El marco jurídico que regula estas situaciones se sustenta en la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España, y en el acuerdo bilateral hispano-marroquí de readmisión de 1992, además de la normativa comunitaria de asilo y fronteras exteriores, como el Reglamento Eurodac y el Código de Fronteras Schengen. La gestión de estas crisis exige coordinación entre el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno en Ceuta y las autoridades autonómicas, un reparto competencial que con frecuencia alimenta el choque político cuando los resultados no satisfacen a la opinión pública.
Parte del control fronterizo español se financia con fondos comunitarios, entre ellos el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), en un esquema de cooperación con Marruecos y con la Unión Europea. La externalización del control migratorio hacia terceros países vecinos es un rasgo estructural de la política europea de fronteras, y explica por qué el estado de las relaciones diplomáticas con Rabat condiciona de forma directa la presión que se registra en Ceuta y Melilla.
Vivas, que preside la ciudad autónoma desde 2001, ha basado su discurso público en reclamar mayor presencia de efectivos de seguridad del Estado y una respuesta diplomática más firme frente a Marruecos, con quien Ceuta comparte una frontera de apenas ocho kilómetros vallados. La valoración positiva que le atribuye el sondeo coincide con una fuerte visibilidad mediática del dirigente durante los momentos de mayor tensión.
Desde el Gobierno central, el Ministerio del Interior ha defendido en comparecencias previas que la respuesta a la presión migratoria en la frontera sur se enmarca en una estrategia de cooperación con Marruecos y con la Unión Europea. El propio Grande-Marlaska ha sostenido en sede parlamentaria que las cifras de entradas irregulares se mantienen, según los balances de su departamento, por debajo de picos históricos como el de 2021.
El pulso por la comparecencia en el Congreso
La controversia sobre el formato de la comparecencia añade otra capa al debate. Según ha trascendido, Sánchez habría optado por delegar la explicación pública de lo ocurrido en Ceuta en una comparecencia conjunta de cuatro ministros prevista para finales de agosto, en lugar de acudir él mismo al Congreso de los Diputados. La fórmula ha sido cuestionada por la oposición, que reclama la comparecencia directa del jefe del Ejecutivo ante el Pleno.
El Reglamento del Congreso contempla que el presidente del Gobierno comparezca ante la Cámara a petición propia o de los grupos parlamentarios para informar sobre asuntos de relevancia política. El desacuerdo, por tanto, no versa tanto sobre la obligación de dar cuenta como sobre el rango de quien debe hacerlo: si el propio presidente o los ministros con competencias en la materia.
El Partido Popular ha exigido en los últimos días que Sánchez asuma personalmente esa explicación y no la derive en sus ministros. El Gobierno, por su parte, defiende que la comparecencia conjunta de los titulares directamente implicados —entre ellos Interior— responde con mayor precisión técnica a las preguntas sobre la gestión de la frontera.
El propio Sánchez ya afrontó episodios comparables de tensión con la oposición sobre su presencia en el hemiciclo durante las crisis migratorias de legislaturas anteriores, un pulso recurrente en la relación entre Ejecutivo y Cámara desde los primeros gobiernos de la democracia, cuando el control parlamentario del presidente se consolidó como uno de los instrumentos centrales del sistema.
El calendario inmediato pasa por la comparecencia ministerial prevista para finales de agosto, cuyo alcance y formato definitivos deberán fijarse en la Junta de Portavoces del Congreso. De ella dependerá si la oposición mantiene o retira su exigencia de que sea el presidente quien acuda al Pleno, y si el desgaste que apunta el sondeo dentro del propio electorado socialista se traduce en presión política adicional sobre el Ministerio del Interior.
