La ciudad autónoma de Ceuta, único punto —junto a Melilla— donde la Unión Europea comparte frontera terrestre con el continente africano, ha vuelto a situarse en el centro del debate político. Según fuentes de Sumar, el partido liderado por Yolanda Díaz identifica "claramente" la presión de Marruecos detrás de los últimos movimientos migratorios hacia el enclave, una lectura que reabre fricciones dentro del espacio que sostiene al Gobierno.
Podemos, formación que rompió con Sumar en 2023 y quedó fuera del núcleo de la coalición, ha calificado de "sumisión" la política del Ejecutivo hacia Rabat. La crítica remite al giro de marzo de 2022, cuando España modificó su posición histórica sobre el Sáhara Occidental para respaldar el plan de autonomía marroquí, un cambio que provocó una crisis diplomática con Argelia y reservas en sectores del propio PSOE, y que sigue siendo la referencia obligada de cualquier análisis sobre la relación bilateral.
Izquierda Unida ha ido un paso más allá al vincular la crisis migratoria con lo que describe como una trama que implicaría intereses de Estados Unidos e Israel en la región, una tesis que no ha sido corroborada por fuentes oficiales ni por organismos de seguridad. La formación reclama al Ministerio del Interior explicaciones detalladas sobre los protocolos de respuesta desplegados en la frontera.
El trasfondo tiene una derivada humanitaria concreta: la situación de los menores extranjeros no acompañados. El precedente inmediato es el episodio de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron a Ceuta en apenas 48 horas tras la relajación de los controles marroquíes, según datos facilitados entonces por el Ministerio del Interior. De aquella crisis quedó pendiente la acogida y redistribución de miles de niños entre comunidades autónomas, un asunto que ha reaparecido de forma recurrente.
IU ha denunciado un "sabotaje" del Partido Popular a los planes de acogida de 1.700 menores, en alusión a la negativa de varias comunidades gobernadas por los populares a asumir cuotas de reparto dentro del sistema de protección. El marco competencial es fuente de fricción: el artículo 149.1.2 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en extranjería, mientras que la ejecución de las políticas de acogida recae en las autonomías, lo que ha generado choques recurrentes durante más de una década.
El Partido Popular ha rechazado en distintas ocasiones que su negativa a asumir determinadas cuotas constituya un boicot y reclama en su lugar una reforma del sistema de reparto y financiación que, a su juicio, no tiene en cuenta la capacidad real de acogida de cada territorio. Fuentes populares insisten en que la responsabilidad última de la gestión fronteriza corresponde al Gobierno central y no a las comunidades.
El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social no ha facilitado un balance actualizado del número de menores extranjeros no acompañados bajo tutela pública. El último dato de referencia del Observatorio de la Infancia, correspondiente a 2023, situaba la cifra por encima de 13.000 en todo el territorio nacional, con Andalucía, Cataluña y la propia Ceuta entre los territorios de mayor presión asistencial.
La referencia al auge de la ultraderecha en Alemania se ha incorporado al discurso de IU como advertencia sobre las consecuencias de una gestión migratoria percibida como errática. El resultado de Alternativa para Alemania (AfD), consolidada como segunda fuerza del Bundestag según la autoridad electoral federal, se utiliza en el debate español como paralelismo con el ascenso de Vox desde su irrupción parlamentaria en 2018.
Desde Moncloa, fuentes gubernamentales han evitado por ahora pronunciarse directamente sobre las acusaciones de sus socios. El Ejecutivo ha defendido en el pasado la normalización con Marruecos como garantía de estabilidad fronteriza y de cooperación contra las mafias de tráfico de personas, y sostiene que esa colaboración ha permitido reducir las llegadas irregulares por la ruta del Mediterráneo occidental respecto a los picos anteriores. La relación bilateral combina intereses comerciales, migratorios y de seguridad: Marruecos es uno de los principales socios comerciales de España en el norte de África y ambos países cooperan en materia antiterrorista mediante acuerdos renovados periódicamente.
El episodio reabre también el debate europeo sobre el reparto de responsabilidades en las fronteras exteriores. El Pacto sobre Migración y Asilo, aprobado en 2024, introduce mecanismos de solidaridad obligatoria entre Estados miembros cuya aplicación plena está prevista a partir de 2026, un cambio que podría alterar el marco actual de reparto de cargas entre España y sus socios comunitarios.
La tensión dentro del bloque que sostiene al Gobierno no es nueva. Desde la fractura de Unidas Podemos como plataforma unitaria en 2023, las relaciones entre el PSOE y sus antiguos aliados han acumulado desencuentros en política migratoria, exterior y de vivienda, sin que ello haya derivado hasta ahora en una ruptura de la mayoría parlamentaria que sostiene la legislatura.
En los próximos días se espera que el Congreso aborde en comisión las peticiones de comparecencia registradas por Sumar y Podemos para que el ministro del Interior detalle la respuesta operativa en Ceuta y el balance de la cooperación migratoria con Marruecos. El tono de ese debate marcará las relaciones entre el PSOE y su izquierda en los próximos meses de legislatura.
