El punto de partida es un problema conocido en la agricultura intensiva: los cultivos sin suelo, muy extendidos en los invernaderos del sureste peninsular, riegan las plantas con una solución de agua y nutrientes sobre sustratos inertes. Parte de ese líquido no es absorbido y se convierte en agua de drenaje con concentraciones elevadas de nitratos y fosfatos, compuestos que, de no tratarse, pueden filtrarse hacia los acuíferos o alcanzar ecosistemas acuáticos sensibles.
LIFE BIOWET plantea invertir esa lógica y tratar el drenaje en lugar de desecharlo, mediante un proceso de depuración en dos fases inspirado en el funcionamiento de los ecosistemas naturales. En la primera etapa, el agua pasa por biorreactores rellenos de virutas de madera, donde microorganismos desnitrificantes reducen la concentración de nitratos. En la segunda, el agua llega a humedales artificiales de flujo subsuperficial, donde plantas, sustrato y comunidades microbianas completan la depuración, reteniendo fósforo, materia orgánica y determinados patógenos. El objetivo no es solo depurar el agua, sino habilitar su reincorporación segura al propio circuito de riego, en un modelo de economía circular aplicado a la agricultura protegida.
La tecnología se probará en dos instalaciones de distinta escala. La primera, ubicada en el Centro de Demostración y Transferencia Agraria (CDTA) El Mirador, en San Javier, tendrá capacidad para tratar un metro cúbico de agua al día. La segunda, de mayor envergadura, se instalará en las instalaciones de Grupo Paloma, en Mazarrón, con capacidad para procesar hasta 10 metros cúbicos diarios.
Las previsiones del consorcio, según el material difundido por la propia universidad, apuntan a que ambos pilotos podrán recircular hasta el 93% del agua de drenaje generada, reducir en un 23% la demanda conjunta de agua nueva de ambas instalaciones y eliminar más de 13,5 toneladas de nitratos al año. Son cifras que, de validarse sobre el terreno, tendrían un impacto directo en la presión sobre unos acuíferos que la región arrastra sobreexplotados desde hace décadas, junto a una contaminación difusa por nitratos de origen agrícola.
El propio proyecto calcula que, si la solución llegara a extenderse a otros puntos de la Unión Europea con condiciones similares, el ahorro potencial podría superar los 300.000 metros cúbicos de agua al año. Se trata de una proyección que dependerá de los resultados que arrojen los dos pilotos murcianos antes de plantear cualquier escalado a otras regiones o países del sur de Europa con agricultura intensiva bajo plástico.
Bajo consumo energético y control automatizado
Uno de los elementos que el consorcio destaca del diseño es su bajo consumo energético: el sistema aprovecha la gravedad para el movimiento del agua entre las fases de tratamiento y recurre a energía solar fotovoltaica para alimentar los sistemas de control. Esa arquitectura reduce los costes operativos frente a los sistemas de depuración convencionales, que suelen requerir bombeo constante y mayor gasto eléctrico. El proyecto incorpora además sensores para monitorizar en tiempo real la calidad del agua tratada y determinar el momento en que puede reincorporarse al riego con garantías sanitarias y agronómicas, una capa de control que sus responsables consideran clave para que los agricultores confíen en la seguridad del agua recirculada.
La Región de Murcia no es un escenario elegido al azar. La zona arrastra desde hace años el deterioro del Mar Menor, la mayor laguna salada de Europa, afectada por la entrada de nutrientes agrícolas procedentes de la cuenca vertiente del Campo de Cartagena. Ese episodio, que ha generado litigios, sanciones administrativas y una intensa controversia pública en la última década, impulsó a la comunidad científica local a desarrollar soluciones basadas en la naturaleza para el tratamiento de nutrientes agrícolas. Ese mismo conocimiento es el que ahora se traslada al ámbito de los invernaderos hidropónicos.
Según el propio consorcio, LIFE BIOWET parte de los conocimientos acumulados durante años por investigadores de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) precisamente en el entorno del Mar Menor. Ese bagaje técnico sobre humedales artificiales y biorreactores desnitrificantes se aplica ahora a un problema distinto pero conexo: el drenaje de los cultivos sin suelo bajo plástico.
El consorcio reúne a seis entidades: además de la UMU y la UPCT, participan la empresa Novagric, la asociación ASETAGA, Grupo Paloma y el propio CDTA El Mirador, que aporta las instalaciones para uno de los pilotos. Esta combinación de universidades públicas, centros de transferencia agraria y empresas del sector persigue que los resultados de investigación tengan aplicación práctica directa en explotaciones reales, uno de los requisitos habituales de los proyectos financiados por el programa LIFE.
El programa LIFE, vigente desde 1992, es el instrumento financiero de la Unión Europea dedicado a proyectos de medio ambiente, conservación de la naturaleza y acción climática, y ha cofinanciado a lo largo de más de tres décadas miles de iniciativas en los Estados miembros, muchas relacionadas con la gestión del agua en zonas de estrés hídrico como el sureste español. La Región de Murcia, junto con Almería y parte de Alicante, concentra buena parte de la superficie de invernaderos hidropónicos de España, un modelo productivo orientado en gran medida a la exportación de hortalizas a los mercados del norte de Europa.
El proyecto se enmarca además en un marco normativo europeo que empuja hacia la reutilización del agua. El Reglamento (UE) 2020/741, aplicable desde junio de 2023, fija los requisitos mínimos de calidad para el agua regenerada destinada al riego agrícola, un contexto en el que iniciativas como esta buscan demostrar la viabilidad técnica de cerrar el ciclo del agua en la agricultura intensiva mediterránea.
El calendario del proyecto se extiende hasta junio de 2030, plazo en el que el consorcio deberá completar la validación de ambos pilotos, analizar los resultados obtenidos en condiciones reales de producción y valorar la viabilidad técnica y económica de trasladar el sistema a otras explotaciones de la región o a otros países del arco mediterráneo europeo con problemáticas similares de escasez de agua y contaminación por nitratos de origen agrario.
