El mecanismo descrito por la contrainteligencia militar ucraniana sigue un patrón repetido con escasas variaciones. Un perfil con fotografías atractivas y una biografía diseñada para generar afinidad —música, viajes, referencias culturales de amplio espectro— entabla conversación con un militar identificado previamente. La relación se cultiva durante días o semanas hasta generar confianza suficiente para proponer un encuentro presencial, casi siempre en una ubicación discreta, alejada de cámaras de seguridad y testigos. Es ahí donde, según el relato oficial, se cierra la trampa.
El caso más documentado se remonta a enero de 2026, cuando la contrainteligencia militar ucraniana detuvo a un presunto sicario en el momento de atacar a un soldado en Zaporiyia, región del sureste ucraniano escenario de combates constantes desde 2022. El militar habría sido citado en una zona industrial con la promesa de un encuentro con una mujer conocida en una web de contactos; en su lugar, un atacante enmascarado le asestó seis puñaladas en cuello, tórax, abdomen y pierna derecha. La investigación identificó a la mujer que gestionaba el perfil falso y que, presuntamente, condujo al militar hasta el lugar de la agresión.
El caso se instruye en el marco del Código Penal ucraniano sobre colaboración con el enemigo y actos de terrorismo, disposiciones reforzadas desde 2022 para perseguir la cooperación con fuerzas rusas en territorio ucraniano. El SBU no ha detallado públicamente cuántos de los más de cincuenta intentos frustrados han derivado en condenas firmes, ni ha ofrecido un desglose regional completo de los casos, más allá del episodio de Zaporiyia.
Una táctica con raíces en la Guerra Fría
El uso de vínculos afectivos o sexuales con fines de inteligencia no es una innovación de esta guerra. El KGB soviético perfeccionó durante la Guerra Fría el empleo de agentes seductoras para comprometer a diplomáticos y militares occidentales, en operaciones desarrolladas desde los años cincuenta hasta la disolución de la URSS en 1991. El Mossad israelí recurrió a métodos similares en episodios como el del técnico nuclear Mordejái Vanunu, atraído a Roma por una agente en 1986 y posteriormente secuestrado y trasladado a Israel.
Lo que distingue el fenómeno actual, según la lectura de los servicios ucranianos, es la escala y el coste. Frente a las operaciones clásicas, que exigían años de entrenamiento y logística compleja, el reclutamiento de colaboradoras a través de aplicaciones masivas como Tinder, Badoo o canales de Telegram permite multiplicar los intentos con una inversión mínima. Cualquier perfil con conexión a internet puede convertirse en un vector de aproximación a un objetivo militar, lo que dificulta su detección temprana.
El frente ruso-ucraniano se ha caracterizado desde 2022 por un uso intensivo de tecnología civil con fines militares: drones comerciales adaptados para reconocimiento y ataque, geolocalización a través de redes sociales y, ahora según denuncia Kiev, aplicaciones de citas reconvertidas en herramientas de captación. El teléfono móvil de un soldado constituye simultáneamente una herramienta operativa y una vulnerabilidad de seguridad, en un conflicto marcado por la interconexión digital de las tropas.
Moscú no ha realizado declaraciones públicas específicas sobre las acusaciones del SBU relativas al uso de aplicaciones de citas. El Kremlin ha negado de forma reiterada, desde el inicio de la invasión, cualquier implicación directa en operaciones de sabotaje o asesinato selectivo atribuidas por Kiev a sus servicios de inteligencia.
El episodio se suma a otros casos de presunta acción encubierta que han marcado la relación entre Moscú y Kiev, como el atentado que en agosto de 2022 costó la vida a Daria Duguina, hija del ideólogo ruso Alexandr Duguin, en las inmediaciones de Moscú, y que Rusia atribuyó a los servicios secretos ucranianos. Kiev negó entonces cualquier responsabilidad oficial en el ataque.
El fenómeno plantea un desafío para los mandos militares, atrapados entre la necesidad de mantener la moral y el contacto social de tropas sometidas a meses de despliegue continuo, y el riesgo de que ese mismo contacto digital se convierta en la puerta de entrada a una operación de inteligencia enemiga. Fuentes castrenses ucranianas han reconocido en el pasado la existencia de directrices internas para limitar el uso de geolocalización y redes sociales entre tropas desplegadas cerca del frente.
A falta de que el Ministerio de Defensa ucraniano o el SBU ofrezcan cifras actualizadas o un balance detallado por regiones, el caso de Zaporiyia permanece como el ejemplo documentado con mayor detalle judicial hasta la fecha. La instrucción del proceso continúa abierta bajo la legislación ucraniana sobre colaboración con el enemigo, y su desenlace, junto con la eventual publicación de nuevas cifras por parte de la inteligencia ucraniana, podría aportar en los próximos meses una imagen más completa de la magnitud real de esta táctica dentro del conflicto.
