El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró el pasado 17 de agosto en una entrevista con la televisión pública rusa que no habrá cese de hostilidades «hasta que haya un arreglo duradero, fiable y sólido», una formulación que descarta cualquier tregua parcial o técnica. Lavrov dio por concluido lo que las diplomacias rusa y occidental denominaron el «espíritu de Anchorage», en referencia a la cumbre celebrada hace un año entre Vladímir Putin y su homólogo estadounidense, que puso fin a un largo periodo de aislamiento diplomático del Kremlin en los foros internacionales.
El parón negociador no ha ido acompañado de una reducción de la violencia. Naciones Unidas registró en julio de 2026 el mayor número de víctimas civiles mensuales desde mayo de 2022, en pleno inicio de la invasión, según los datos difundidos por la organización. El repunte coincide con un endurecimiento de los ataques contra los puertos de Odesa y Novorosíisk, puntos clave para las exportaciones de grano ucraniano y ruso respectivamente y para el tránsito de mercancías por el mar Negro.
Moscú rechazó la semana pasada dos propuestas planteadas en foros multilaterales: una tregua aérea limitada y una moratoria específica sobre los bombardeos contra esas dos ciudades portuarias. La negativa se produjo pese a las advertencias de Naciones Unidas sobre el impacto de la escalada en los precios internacionales de los cereales, un mercado del que dependen de forma directa varios países del norte de África y Oriente Próximo desde el inicio de la guerra en 2022.
El Kremlin ha reclamado explicaciones a Washington por dos cuestiones que considera especialmente sensibles: el suministro de inteligencia militar a Kiev para operaciones contra territorio ruso y la entrega, a través de Turquía, de misiles tácticos estadounidenses ATACMS y otro armamento. Moscú interpreta ambos movimientos como una implicación directa de la Administración estadounidense en el conflicto, más allá del papel de mediador que Washington reivindica públicamente.
El deterioro económico derivado de la guerra habría alcanzado también al sector agroexportador ruso. Las exportaciones de grano y su cotización cayeron al nivel más bajo desde mayo de 2024 económico ruso Kommersant, lo que se traduce en pérdidas millonarias para productores y exportadores. La presión se suma a la que ejercen la Unión Europea, que prepara una nueva ronda de sanciones cuyo contenido no se ha detallado todavía, y el Senado de Estados Unidos, que ha aprobado un paquete legislativo con un incremento del 100% de los aranceles a los hidrocarburos rusos.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantiene desde febrero una posición distante de la exigencia rusa. Rubio ha expresado dudas sobre la voluntad real de Moscú de poner fin al conflicto y ha calificado la campaña militar rusa de error estratégico. Desde la diplomacia rusa se le ha respondido acusándole de alinearse con las posiciones de las capitales europeas, en un cruce de reproches que ilustra la distancia entre ambas partes.
Negociar desde cero
Si los contactos se retoman, ambas partes deberán partir prácticamente desde el principio. Ni Kiev ni Moscú contemplan concesiones territoriales, una postura que en el caso ucraniano se sustenta en límites constitucionales expresos sobre la integridad del territorio nacional, y que en el ruso responde a la anexión de facto de varias regiones ucranianas declarada unilateralmente por el Kremlin desde 2022, sin reconocimiento internacional salvo por un reducido grupo de países. Putin parecería decidido a posponer cualquier negociación formal hasta consolidar el control militar sobre la totalidad del Donbás, una ofensiva que quedó estancada a finales de 2025 y que el Kremlin habría intentado relanzar durante este verano con resultados desiguales sobre el terreno.
La firmeza pública del Kremlin convive con señales de desgaste interno. El despido del economista Andréi Klepach, del Banco de Economía Exterior ruso, después de que en mayo expresara dudas sobre la capacidad de Rusia para sostener una guerra de desgaste prolongada, ha sido interpretado como un indicio de nerviosismo dentro del aparato económico estatal, a apenas un mes de la celebración de elecciones legislativas en Rusia. A ese cuadro se añade la declaración del presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, quien ha señalado públicamente que nadie comprende con claridad el origen último del conflicto, un comentario que suma distancia al relato oficial ruso incluso entre sus socios del espacio postsoviético.
El precedente más cercano de una parálisis negociadora prolongada en este conflicto se remonta a los contactos de Estambul de marzo de 2022, interrumpidos sin acuerdo pocas semanas después de iniciada la invasión. Aquel primer intento de mediación tardó más de dos años en tener una continuidad seria, hasta la cumbre de Anchorage del verano de 2025, lo que ilustra la dificultad histórica de sostener un proceso diplomático estable en paralelo a operaciones militares activas.
El desenlace de este periodo dependerá en gran medida de factores ajenos al propio frente ucraniano. La tramitación en el Congreso estadounidense del paquete de aranceles del 100% a los hidrocarburos rusos, aún pendiente de su paso por la Cámara de Representantes, y la evolución de la crisis con Irán, que absorbe buena parte de la atención de la Casa Blanca, condicionarán la capacidad y el interés de Washington para relanzar una mediación entre Kiev y Moscú.
En el corto plazo, el indicador más inmediato será la respuesta que dé Moscú en el mar Negro a las nuevas sanciones europeas y estadounidenses, así como la evolución de los ataques contra Odesa y Novorosíisk. Ninguna de las partes ha fijado todavía una fecha para una eventual tercera ronda de contactos, y tanto Kiev como Moscú han evitado comprometerse con un calendario mientras persista el actual reparto de prioridades en la política exterior estadounidense.
