Los datos muestran una brecha notable entre el relato oficial del Ejecutivo y la interpretación mayoritaria de los encuestados. Moncloa ha sostenido desde finales de julio que no existen «evidencias, por ahora» de una implicación directa de Rabat en la entrada de personas a la ciudad autónoma, fórmula que, según el material del sondeo, ha empleado el propio presidente del Gobierno en sus comparecencias. La encuesta contrapone esa posición institucional a una opinión pública que, en su mayoría, vincula los hechos con una estrategia del país vecino.
El 72% de los consultados entiende que el Ejecutivo no reaccionó con la rapidez ni los medios que la situación exigía, frente a un 19% que respalda la actuación gubernamental y un 9% que no sabe o no contesta. Ese reproche conecta con uno de los focos de fricción política más persistentes desde el estallido de la crisis: los 26 días que transcurrieron hasta que el Gobierno asumió el mando único que el presidente de la ciudad autónoma reclamó desde el primer día, una demora que tanto el Ejecutivo local como los partidos de la oposición han calificado de excesiva.
La sensación de desatención hacia Ceuta aparece como otro de los ejes del malestar recogido en la encuesta: un 70% responde afirmativamente cuando se le pregunta si la ciudad sufrió abandono por parte de la Administración central, frente a un 20% que lo niega y un 11% que prefiere no pronunciarse. Ese sentimiento ha tenido traducción en la calle. Desde hace semanas, vecinos de Ceuta se manifiestan a diario y, el pasado 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, se registraron concentraciones en distintos puntos de España en protesta por lo que consideran una respuesta tardía del Estado.
La terminología empleada para describir lo ocurrido también divide a la opinión pública, aunque con mayoría clara: un 66% de los encuestados habla de crisis de seguridad, frente a un 24% que prefiere el término crisis migratoria. La distinción no es menor, puesto que ambos marcos conllevan implicaciones jurídicas distintas: el primero remite a la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea y al papel de Frontex, mientras que el segundo se vincula a los mecanismos de acogida y a la normativa de extranjería y asilo vigente en España desde la Ley Orgánica 4/2000.
La figura del presidente, en el centro de la crítica
Uno de los datos más contundentes del sondeo afecta directamente a Pedro Sánchez: un 75,5% de los consultados considera que el jefe del Ejecutivo debería haber suspendido sus vacaciones ante la gravedad de los acontecimientos. Según el relato recogido en la encuesta, el presidente permaneció 105 horas en la ciudad autónoma tras conocerse la entrada masiva y se trasladó después a la residencia estival de La Mareta, en Lanzarote, donde habría permanecido hasta el 24 de agosto, fecha en la que comenzó a adoptar decisiones que los encuestados califican de tardías.
La valoración del Gobierno de Marruecos resulta, según estos datos, la peor parada de las instituciones evaluadas: un 64% de los encuestados califica su actuación de muy mala, frente a apenas un 2% que la considera buena o muy buena y un 11% que la sitúa como regular. Rabat no ha realizado declaraciones oficiales que reconozcan implicación en los hechos, y las fuentes gubernamentales españolas han evitado en sus comparecencias cualquier acusación directa contra el país vecino.
El Gobierno de España tampoco sale bien parado en el balance: la suma de valoraciones negativas alcanza el 59%, frente a un 5% que la califica de muy buena, un 11% de buena y un 22% que opta por el regular. La Unión Europea tampoco logra el aprobado, con un 44% de valoraciones positivas frente a un 49% de negativas, un dato que reabre el debate sobre la respuesta comunitaria ante episodios de presión migratoria en las fronteras exteriores del espacio Schengen, del que Ceuta y Melilla constituyen un punto sensible desde hace décadas.
Frente a ese suspenso generalizado, dos actores obtienen respaldo mayoritario: el Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, con un 74% de valoraciones positivas, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado junto con el Ejército, con un 77%. Estos porcentajes reflejan una confianza dirigida a los actores percibidos como más cercanos a la gestión operativa sobre el terreno, en contraste con el desgaste que registran las instancias de decisión política, nacional y europea.
Los sucesos de finales de julio no son inéditos en la historia reciente de la ciudad. En mayo de 2021, Ceuta vivió una entrada masiva de varios miles de personas coincidiendo con una crisis diplomática entre España y Marruecos derivada del ingreso hospitalario en territorio español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio derivó en expedientes de expulsión, en tensiones diplomáticas prolongadas durante meses y en un intenso debate sobre el reparto de competencias entre el Gobierno central, que ostenta en exclusiva la gestión de fronteras según el artículo 149.1.2 de la Constitución, y las autoridades autonómicas y locales.
El mando único en situaciones de crisis fronteriza corresponde, conforme a la normativa vigente, al Ministerio del Interior, que coordina a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras que la ciudad autónoma carece de competencias propias en materia de control de fronteras. Ello explica que buena parte del reproche recogido en la encuesta se dirija a la Administración central y no al Ejecutivo local, pese a que este asumió un papel visible en la respuesta inmediata.
La relación bilateral entre Rabat y Madrid, marcada desde 2022 por el reconocimiento español de la propuesta de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental como base «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto, continúa condicionando buena parte de la política migratoria y de seguridad en la frontera sur de la Unión Europea. Ese giro diplomático ha estado en el centro de las críticas de la oposición a la política exterior del Gobierno.
A falta de un informe oficial que esclarezca la cadena de decisiones adoptadas durante aquellos días, la controversia sobre lo ocurrido en Ceuta seguirá previsiblemente presente en la agenda política en las próximas semanas, con posibles comparecencias en el Congreso y la eventualidad de nuevas movilizaciones ciudadanas en la ciudad autónoma si no se despejan las dudas sobre la actuación del Gobierno durante los primeros días de la crisis.
