Garrido enmarcó la decisión en el deterioro de las finanzas públicas que ha llevado al Gobierno Nacional a imponer restricciones de gasto a distintas entidades del Estado. La directora precisó que la abstención de ejecutar esa porción del presupuesto no afectará el compromiso de la agencia de avanzar con resultados en la entrega y titulación de tierras.
La ANT es la entidad responsable de adjudicar baldíos, formalizar la propiedad rural y adelantar los procesos de entrega de tierras previstos en el punto uno del Acuerdo de Paz firmado en 2016, uno de los compromisos más rezagados de toda la implementación según los informes de seguimiento presentados ante el Congreso de la República en los últimos años.
Organizaciones campesinas y víctimas del conflicto armado han cuestionado de manera reiterada el bajo ritmo de titulación frente a las metas fijadas en el acuerdo, que proyectaba la formalización de millones de hectáreas durante el posconflicto. Una abstención en la ejecución presupuestal de la agencia, aun parcial, reabre el interrogante sobre la capacidad institucional para sostener ese ritmo en la recta final del cuatrienio.
El ajuste se inscribe en el panorama de tensión fiscal que marca el 2026. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) vigila el cumplimiento de la regla fiscal, el mecanismo que fija límites al déficit del Gobierno Nacional y que ha obligado en años recientes a aplazar apropiaciones en varias carteras y entidades descentralizadas.
El antecedente reciente no es menor: el bajo nivel de ejecución de la ANT ya había figurado entre los reparos de la Contraloría General de la República y de las instancias que hacen seguimiento al Acuerdo de Paz, que advirtieron sobre el rezago en la formalización de predios rurales frente a las metas comprometidas para el posconflicto. La gestión presupuestal de la entidad queda, con este anuncio, bajo mayor escrutinio de los organismos de control.
La abstención de gasto no implica un recorte formal de las apropiaciones asignadas a la ANT dentro del Presupuesto General de la Nación, sino la decisión de no ejecutar parte de los recursos disponibles. El criterio reproduce la práctica de contención del gasto que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha venido aplicando sobre las entidades del orden nacional para ajustar las cuentas públicas.
Garrido reiteró que la entidad mantiene como prioridad el cumplimiento de las metas de titulación de tierras, pese al ajuste fiscal previsto para lo que resta del año.
