El primer testigo de la sesión de hoy ha sido un excomisario de la Brigada de Información cuya identidad el tribunal ha protegido parcialmente — se le identifica como testigo protegido 14-BK — y que, según la Fiscalía, participó directamente en la sustracción de documentación del domicilio de Luis Bárcenas en una operación que se ejecutó sin mandamiento judicial de entrada y registro. El excomisario, que compareció con voz temblorosa y con la mirada fija en la mesa del tribunal evitando cualquier contacto visual con los bancos de los acusados, declaró durante dos horas y cuarenta minutos y ofreció un relato que, si se confirma, constituye la prueba más directa hasta la fecha de que Kitchen fue una operación ilegal ejecutada con recursos públicos. Según el testigo, a finales de junio de 2013 recibió una llamada del comisario principal de la Brigada de Información — su superior directo — en la que se le comunicó que debía «preparar un equipo de confianza» para una operación especial que se realizaría «fuera de los cauces habituales» y que no requería «documentación formal previa». El excomisario declaró que preguntó expresamente si existía un mandamiento judicial que amparara la operación y que la respuesta fue: «No te preocupes por el papel, esto viene de arriba y está cubierto. » La Fiscalía preguntó al testigo qué entendió por «de arriba» y el excomisario respondió que, en el contexto de la cadena de mando policial, «arriba significaba el Ministerio, no había otra interpretación posible».
El testimonio del excomisario detalló la ejecución material de la operación de sustracción de documentos con una precisión logística que los juristas de la acusación han calificado de «extraordinariamente valiosa para la reconstrucción de los hechos». Según el testigo, el equipo que él dirigía estaba compuesto por cuatro agentes de la Brigada de Información — dos de los cuales están identificados por la Fiscalía y pendientes de declarar como testigos en las próximas sesiones — que accedieron al domicilio de Bárcenas aprovechando una ausencia programada del extesorero y su familia. El excomisario declaró que los agentes utilizaron una llave que les fue proporcionada por «una persona del entorno de Bárcenas que colaboraba con la operación» — una referencia que los medios identifican con el chófer del extesorero, Sergio Ríos Esgueva, que ya declaró en fases anteriores del juicio — y que permanecieron en el interior de la vivienda durante aproximadamente tres horas, durante las cuales fotografiaron y sustrajeron documentación que incluía agendas personales, extractos bancarios, correspondencia manuscrita y una memoria USB que contenía, según el testigo, «archivos que parecían ser copias de la contabilidad del partido». El excomisario aseguró que toda la documentación sustraída fue entregada al comisario principal de la Brigada de Información y que él no conservó ninguna copia, aunque declaró que redactó un informe interno sobre la operación «por prudencia profesional» que remitió a la secretaría de la Brigada y del que no ha vuelto a tener constancia desde entonces.
La defensa de Fernández Díaz contraatacó el testimonio del excomisario con una línea argumental que ha sido recurrente a lo largo del juicio: cuestionar la cadena de mando que conecta la operación con el despacho del ministro. El abogado del exministro, Jesús Santos, argumentó que las órdenes que el testigo dice haber recibido procedían de mandos policiales intermedios y que no existe ninguna prueba documental de que Fernández Díaz autorizara, conociera o supervisara personalmente la operación Kitchen. «Mi cliente era el ministro del Interior de España, no el comisario de la Brigada de Información», declaró Santos en su turno de intervención. «Las actuaciones operativas de la Policía Nacional se ejecutan por los mandos policiales competentes, y el hecho de que un comisario diga que la orden venía «de arriba» no demuestra que viniera del despacho del ministro. Arriba puede significar el director general, el secretario de Estado, el director adjunto operativo o cualquier otro mando intermedio. » La Fiscalía replicó que la cadena de mando está documentada en los correos electrónicos presentados por Morocho el día anterior, en los que el director adjunto operativo Eugenio Pino — ya condenado por la causa — hace referencia explícita a «instrucciones del ministro» en relación con la operación Kitchen.
El segundo testigo de la jornada fue un alto cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad que ocupó el puesto de subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras Policiales entre 2012 y 2016 y que, según la Fiscalía, canalizó fondos reservados del Ministerio del Interior para financiar los pagos al chófer de Bárcenas y a otros colaboradores de la operación Kitchen. El testigo, que no está acusado en la causa pero que declaró con asistencia letrada por recomendación de su abogado, ofreció un testimonio técnico y burocrático que, pese a su aridez, contiene elementos que la Fiscalía considera esenciales para demostrar que Kitchen no fue una operación improvisada sino un plan financiado con cargo a los presupuestos del Estado. El subdirector declaró que entre 2013 y 2015 se aprobaron tres partidas de fondos reservados por un total de 362. 000 euros cuya justificación documental — que él describe como «fichas de operación» — contenía referencias a «una fuente humana de inteligencia vinculada a la investigación de activos ocultos de organizaciones políticas». El testigo aseguró que en ningún momento supo que esas fichas correspondían a pagos al chófer de Bárcenas ni a la operación Kitchen, y que se limitó a tramitar las partidas conforme a los procedimientos habituales de los fondos reservados, que no requieren justificación ante el Tribunal de Cuentas.
La confluencia del juicio Kitchen y las declaraciones del caso Koldo en el Supremo ha generado una situación sin precedentes en la historia judicial española: dos juicios simultáneos contra las cúpulas de los dos principales partidos por casos de corrupción que, aunque pertenecen a épocas distintas y a tramas diferentes, comparten una estructura narrativa inquietantemente similar. En ambos casos, el poder ejecutivo utilizó los recursos del Estado — en Kitchen, la Policía Nacional; en Koldo, los contratos públicos — para beneficiar a los intereses del partido en el gobierno. En ambos casos, los acusados se señalan mutuamente y construyen relatos contradictorios que dificultan la reconstrucción judicial de los hechos. En ambos casos, las defensas argumentan que los acusados principales — Fernández Díaz y Ábalos — desconocían las actividades ilegales de sus subordinados. Y en ambos casos, la sociedad española asiste al espectáculo de exministros sentados en el banquillo de los acusados mientras los tribunales intentan determinar si la corrupción fue un fenómeno individual o sistémico, personal o institucional, excepcional o endémico. La coincidencia temporal no es deliberada — los calendarios judiciales se fijan con meses de antelación y obedecen a criterios de disponibilidad de salas, magistrados y partes —, pero su impacto político es multiplicativo: cada revelación en un juicio amplifica la percepción de corrupción generalizada que alimenta el otro, y viceversa.
Los testigos previstos para las próximas sesiones de la cuarta semana incluyen a dos mandos de la Policía Nacional que la Fiscalía identifica como eslabones intermedios de la cadena de mando entre el director adjunto operativo Eugenio Pino y los agentes que ejecutaron materialmente la sustracción de documentos. Uno de ellos es un comisario principal de la División de Asuntos Internos que, según la acusación, recibió instrucciones de Pino para «neutralizar» las quejas internas que habían presentado los agentes disidentes — entre ellos el propio Morocho — y que archivó al menos dos expedientes disciplinarios contra los responsables de la operación sin darles trámite. El otro es un inspector jefe de la Comisaría General de Información que, según la Fiscalía, coordinó la vigilancia del domicilio de Bárcenas durante las semanas previas a la sustracción de documentos y que proporcionó al equipo del excomisario protegido la información logística necesaria para planificar la operación. Las defensas han solicitado que ambos testigos declaren a puerta cerrada, argumentando que su testimonio puede contener información clasificada relacionada con operaciones de inteligencia en curso, pero el tribunal ha rechazado la petición señalando que Kitchen fue archivada como operación policial en 2015 y que no existe ningún motivo de seguridad nacional que justifique la restricción de publicidad.
La cuarta semana del juicio Kitchen se cierra con una sensación que los cronistas judiciales describen como de «acumulación abrumadora». Cada sesión añade una pieza más al rompecabezas de una operación que fue concebida en el más alto nivel del poder político y ejecutada con los recursos más sensibles del Estado para proteger a un partido político de las consecuencias judiciales de su propia corrupción. La declaración de Morocho del miércoles estableció el marco narrativo: una operación sin control judicial, presiones contra los investigadores y sobornos encubiertos para comprar silencios. Los testigos de hoy jueves han comenzado a llenar ese marco con detalles operativos: la llave facilitada por el chófer, las tres horas en el domicilio de Bárcenas, los 362. 000 euros en fondos reservados, las fichas de operación con referencias cifradas. Las próximas sesiones aportarán más piezas — los correos de Pino, los informes archivados por Asuntos Internos, las grabaciones de las reuniones de coordinación —, y cuando el rompecabezas esté completo, el tribunal deberá decidir si Kitchen fue, como sostiene la Fiscalía, una operación criminal de Estado dirigida desde el Ministerio del Interior para destruir pruebas de la financiación ilegal del PP, o si fue, como sostienen las defensas, una iniciativa policial autónoma de la que los responsables políticos no tenían conocimiento.
El paralelismo con el caso Koldo no escapa a ninguno de los observadores presentes en la Audiencia Nacional. En la sala del Supremo, Ábalos dice que no sabía lo que hacía Koldo. En la sala de la Audiencia Nacional, Fernández Díaz dice que no sabía lo que hacía Villarejo. En ambos tribunales, los exministros se presentan como figuras decorativas que firmaban papeles sin leer su contenido y que ocupaban despachos sin enterarse de lo que ocurría en ellos. La pregunta que ambos juicios plantean es la misma: ¿es creíble que un ministro del Gobierno de España desconozca una operación de esta magnitud ejecutada desde su propio Ministerio con fondos públicos bajo su responsabilidad? La respuesta, que solo los tribunales pueden dar en forma de sentencia, determinará no solo el destino judicial de Fernández Díaz y Ábalos sino también la credibilidad del sistema de control democrático del poder ejecutivo en España.
Los abogados de las acusaciones populares — ejercidas por Bárcenas, por la asociación Transparencia Internacional España y por un colectivo de policías que se identifican como «afectados por las presiones internas» — han anunciado que solicitarán la ampliación de la lista de testigos para incluir al expresidente Mariano Rajoy, una petición que el tribunal tiene pendiente de resolver y que, de aceptarse, convertiría las próximas semanas del juicio Kitchen en un acontecimiento sin precedentes: un expresidente del Gobierno en el estrado de los testigos para explicar qué sabía de una operación de espionaje político ejecutada desde su propio gobierno. La defensa de Rajoy ha adelantado que el expresidente se acogerá al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime de la obligación de declarar a quienes están vinculados por relación de parentesco o análoga con los acusados, aunque los juristas cuestionan que esa dispensa sea aplicable en este caso dado que Rajoy no tiene relación de parentesco con ninguno de los acusados y su vinculación es exclusivamente política e institucional.
