La audiencia de imputación se realizó ante un juzgado penal con función de control de garantías de Cali, dentro del procedimiento previsto en la Ley 906 de 2004. Los cinco indiciados pasaron así al estatus de imputados, lo que implica que la Fiscalía formuló cargos concretos en su contra, aunque el proceso apenas se encuentra en una fase inicial y falta que se defina si serán acusados formalmente y, eventualmente, llevados a juicio.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por el ente acusador, Potosí habría sido contactada por una de las mujeres del grupo, quien —según la hipótesis fiscal— habría fingido estar también embarazada para generar cercanía con la víctima. Esa estrategia, de confirmarse en el desarrollo del proceso, habría sido determinante para que la joven confiara en sus captores antes de su desaparición. El cuerpo fue hallado en un sector de la ladera de Cali, zona de topografía montañosa en el occidente de la ciudad.
La Fiscalía no ha precisado públicamente los delitos exactos imputados a cada uno de los cinco procesados, aunque el caso se enmarca en una investigación por desaparición y homicidio agravado, dos conductas que en el ordenamiento colombiano contemplan penas altas cuando se demuestra premeditación o cuando la víctima se encuentra en estado de indefensión, como sería el caso de una mujer en embarazo.
Qué sigue en el proceso penal
Un juez con función de control de garantías deberá resolver en las próximas horas o días si impone medida de aseguramiento a los cinco procesados, que podría consistir en detención preventiva intramural, domiciliaria o en otra modalidad cautelar. Esa decisión, conforme al Código de Procedimiento Penal, se sustenta en criterios como el riesgo de fuga, el peligro para la comunidad o la posible obstrucción a la investigación, y en ningún caso equivale a una declaración de culpabilidad. En esa misma audiencia, los abogados de los indiciados podrán presentar sus argumentos, en ejercicio del derecho a la defensa técnica garantizado en esta etapa procesal.
El caso avanza mientras la Fiscalía continúa recopilando elementos materiales probatorios, entre ellos posibles registros de videovigilancia, testimonios de personas cercanas a la víctima y peritajes forenses sobre la causa de muerte, que deberán ser presentados en las siguientes audiencias. La Procuraduría General de la Nación, encargada de vigilar el debido proceso en casos de alto impacto social, no ha emitido pronunciamiento público sobre este expediente, y tampoco se ha reportado la intervención de la Defensoría del Pueblo en representación de la familia de la víctima.
El marco legal del feminicidio
La legislación colombiana contempla, desde la Ley 1761 de 2015 —conocida como Ley Rosa Elvira Cely, en memoria de la mujer cuyo asesinato en Bogotá en 2012 impulsó su trámite en el Congreso—, el delito autónomo de feminicidio, que se configura cuando la muerte de una mujer ocurre por su condición de género o en circunstancias de dominación, poder o discriminación. Antes de esa norma, esos crímenes se procesaban únicamente como homicidios agravados. Corresponderá a la Fiscalía determinar, en el desarrollo de la investigación, si alguno de los cargos definitivos se encuadra bajo esa figura.
El caso ha generado atención en Cali en un contexto de creciente preocupación por la violencia contra las mujeres en el Valle del Cauca, uno de los departamentos que históricamente concentra mayores tasas de homicidio del país. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es la entidad que lleva el registro oficial de homicidios y desapariciones de mujeres en Colombia, insumo con el que la Fiscalía documenta este tipo de investigaciones.
El siguiente hito procesal será la audiencia en la que el juez de control de garantías defina la medida de aseguramiento para los cinco imputados. De imponerse detención preventiva, el caso continuará su curso hacia la etapa de investigación formal, que puede concluir con un escrito de acusación de la Fiscalía o, si no se hallan suficientes elementos, con la preclusión del proceso a favor de alguno de los procesados.
