El nombre de Corzo aparece vinculado al expediente que investiga a Gloria Arizabaleta, exmagistrada auxiliar señalada por presuntas irregularidades en el trámite de procesos. La mención se produce en su condición de exsecretario de la Comisión de Acusaciones, el órgano de la Cámara encargado de investigar disciplinaria y penalmente a los altos funcionarios del Estado, entre ellos los magistrados de las altas cortes.
La Comisión de Acusaciones ha sido, desde la Constitución de 1991, uno de los engranajes más cuestionados del sistema de control colombiano. Concebida como el filtro que debe activar la Cámara antes de que el Senado juzgue a un presidente, a un magistrado o al fiscal general, ha sido señalada de manera reiterada por su lentitud para tramitar denuncias y por la prescripción de investigaciones a lo largo de las últimas dos décadas.
El CNE es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de las normas sobre partidos, movimientos políticos y campañas, resolver controversias sobre resultados y ejercer la inspección sobre la financiación de las colectividades. Sus integrantes son elegidos por el Congreso en pleno mediante el sistema de cifra repartidora, para un período institucional de cuatro años, según el artículo 264 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009.
Requisitos de idoneidad, sin inhabilidad expresa
Que un exfuncionario de un organismo de control cuyo nombre ha sido relacionado con una investigación sobre presuntas irregularidades judiciales aspire a una curul en el máximo tribunal electoral reabre el debate sobre los filtros de idoneidad para acceder al cargo. La Ley 5ª de 1992, orgánica del reglamento del Congreso, y las normas del régimen electoral establecen los requisitos generales de elegibilidad, pero no contemplan de forma expresa inhabilidades derivadas de menciones en expedientes disciplinarios que no hayan derivado en sanción en firme.
La designación de cada aspirante corresponde a la potestad de las bancadas de definir libremente sus candidatos, sin que su inclusión implique un pronunciamiento sobre los señalamientos previos.
Hasta lo que ha podido establecerse, la Fiscalía General de la Nación no ha vinculado formalmente a Corzo a una investigación penal derivada del caso. El expediente de la exmagistrada auxiliar se tramita ante las instancias competentes para juzgar a exfuncionarios judiciales, un procedimiento que en el sistema colombiano puede involucrar tanto a la Comisión de Acusaciones como a la Corte Suprema de Justicia, según el cargo y el fuero del investigado.
El antecedente más citado al hablar de la politización de los organismos de control es el de la propia Comisión de Acusaciones durante los años noventa y dos mil, cuando decenas de procesos contra congresistas y magistrados prescribieron sin pronunciamiento de fondo. Ese historial llevó a que la Misión Electoral Especial de 2017 propusiera su reemplazo por un tribunal especializado, iniciativa que hasta la fecha no ha prosperado en el Congreso.
La elección de los nuevos magistrados del CNE se da en un contexto de escrutinio sobre la integridad de quienes aspiran a vigilar los comicios, de cara al calendario electoral de los próximos años. La Registraduría Nacional del Estado Civil, que trabaja de manera articulada con el CNE en la organización logística de las elecciones, no tiene competencia para intervenir en la elección de los magistrados, que recae exclusivamente en el Congreso.
La Procuraduría General de la Nación, que ejerce vigilancia sobre la conducta de los servidores públicos, y la Contraloría General de la República, encargada del control fiscal, no han emitido pronunciamientos públicos sobre el caso específico de Corzo hasta el momento.
El trámite continuará en las próximas semanas, cuando las bancadas deberán formalizar sus listas definitivas antes de que se convoque la plenaria conjunta encargada de la votación. Será en ese escenario donde se conocerá si el nombre de Jairo Corzo se mantiene entre los aspirantes y si su postulación genera objeciones formales por parte de otras colectividades o de los organismos de control.
