El diagnóstico de Grossi, expuesto ante los 35 miembros del Consejo de Gobernadores, describe una verificación rota desde hace más de un año. Según explicó el propio director general, el Organismo perdió la continuidad del conocimiento sobre las reservas declaradas de uranio enriquecido hasta el 60% en instalaciones que sufrieron ataques estadounidenses e israelíes en junio de 2025. Desde entonces, los inspectores no han podido realizar verificaciones sobre el terreno ni recibir actualizaciones sobre el estado del material fisible ni de las plantas afectadas. Grossi describió esa falta de información y de acceso como una preocupación de proliferación que debe corregirse con la máxima urgencia.
El uranio enriquecido al 60% se sitúa muy por encima del umbral del 3-5% necesario para uso civil en reactores de potencia y a corta distancia técnica del 90% que se considera grado armamentístico, según los parámetros que maneja el propio OIEA. La pérdida de continuidad en su vigilancia —es decir, la incapacidad de certificar dónde se encuentra ese material y en qué cantidad— es, en el lenguaje de la agencia, la definición misma de un riesgo de proliferación no resuelto.
El borrador de resolución que negocian las cuatro potencias, todavía no presentado formalmente ante el Consejo de Gobernadores, no busca imponer sanciones directas sino trasladar a Nueva York la documentación acumulada: la propia resolución, las decisiones previas del Consejo y el último informe de Grossi. Sería la primera vez en veinte años que el expediente nuclear iraní regresa al máximo órgano de Naciones Unidas, un movimiento que reabre la puerta, al menos formalmente, al mecanismo de sanciones automáticas que permitía el acuerdo nuclear de 2015. Las negociaciones sobre el texto continúan sin plazo público de cierre.
Aquel pacto, el Plan de Acción Integral Conjunto firmado en Viena entre Irán, las potencias del Consejo de Seguridad más Alemania y la Unión Europea, incluía una cláusula de restablecimiento automático de sanciones —el llamado snapback— ante incumplimientos verificados. Estados Unidos abandonó el acuerdo unilateralmente en 2018 durante la primera presidencia de Donald Trump, lo que desencadenó una escalada gradual de incumplimientos por ambas partes que ha desembocado en la situación actual.
Teherán mantiene, a través de su portavoz de Exteriores, Esmaeil Baghaei, que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos y que las restricciones al acceso de los inspectores son consecuencia directa de los bombardeos sufridos en junio de 2025, no una obstrucción deliberada. "Siempre que se quedan sin opciones, recurren al Organismo y a Grossi", declaró Baghaei en su rueda de prensa semanal, en la que calificó de irrazonable que quienes atacaron las instalaciones ahora reprochen a Irán la pérdida de acceso a ellas.
El Gobierno iraní ha advertido de que adoptará "medidas necesarias" si el Consejo de Gobernadores aprueba finalmente la remisión a Naciones Unidas, sin precisar en qué consistirían. Ese lenguaje reproduce el empleado en episodios anteriores, cuando Teherán respondió a resoluciones adversas del OIEA con nuevas restricciones a los inspectores o con anuncios de aceleración del enriquecimiento, en una escalada que se ha repetido de forma cíclica desde 2019.
Un veto ruso y chino que condiciona el desenlace
La vía hacia sanciones efectivas no está despejada. Aunque el Consejo de Gobernadores aprobara la remisión con mayoría suficiente entre sus 35 miembros, cualquier resolución vinculante en el Consejo de Seguridad tendría que sortear el veto de Rusia o China, dos de los cinco miembros permanentes que históricamente han bloqueado iniciativas occidentales contra Teherán. Ambos países han mantenido en los últimos años una postura de respaldo diplomático a Irán en foros multilaterales, alineada con su cooperación energética y militar bilateral.
Esa arquitectura de veto es, a la vez, la debilidad y la utilidad de la maniobra impulsada por Washington, Londres, París y Berlín: no garantiza sanciones inmediatas, pero obliga a Moscú y Pekín a posicionarse públicamente ante una acusación de riesgo de proliferación documentada por el propio organismo técnico de la ONU, lo que tiene un coste reputacional en otros foros donde ambos países buscan presentarse como actores responsables en materia de no proliferación.
El precedente más directo se remonta a 2006, cuando el Consejo de Gobernadores remitió por primera vez el expediente nuclear iraní al Consejo de Seguridad, lo que abrió una década de sanciones progresivas hasta el acuerdo de 2015. Aquel proceso, que tardó años en traducirse en medidas efectivas y que convivió con episodios de negociación paralela, ilustra que la remisión formal rara vez produce resultados inmediatos, sino que inaugura un proceso largo y sujeto a los equilibrios geopolíticos del momento.
El componente energético añade una dimensión adicional a la disputa. Irán, que mantiene una de las mayores reservas probadas de crudo del mundo, ha logrado sostener exportaciones de petróleo pese a las sanciones vigentes desde 2018 gracias a una red de intermediarios y compradores, principalmente en Asia. Cualquier endurecimiento adicional del régimen sancionador, en un contexto de inflación subyacente todavía por encima de los objetivos de los principales bancos centrales, podría trasladarse a una prima de riesgo en los mercados de crudo que Europa y Estados Unidos buscan evitar.
La disputa se inserta además en el tablero regional más amplio: los ataques de junio de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes, ejecutados por Estados Unidos e Israel, marcaron un salto cualitativo respecto a la presión diplomática previa y dejaron abierta la pregunta de hasta qué punto la infraestructura nuclear iraní quedó dañada de forma verificable, algo que precisamente la falta de inspecciones impide determinar con certeza.
El calendario inmediato pasa por una eventual votación en el Consejo de Gobernadores, cuyo resultado condicionará si el expediente llega efectivamente al Consejo de Seguridad antes de que termine el año, y por la respuesta que Teherán decida dar, que según ha anticipado su propio Ministerio de Exteriores podría incluir nuevas restricciones a la actividad del OIEA en su territorio.
