Henríquez sostuvo que su respaldo no es nuevo: desde la instalación del actual Gobierno viene insistiendo en habilitar una vía institucional para que los miembros de grupos ilegales se acojan a la justicia bajo condiciones definidas y plazos concretos. “Dije que era importante que se abriera un espacio para el sometimiento de quienes están al margen de la ley con unos términos perentorios cortos”, señaló el presidente del Congreso.
La iniciativa aún no ha sido radicada formalmente ante el Legislativo, según precisó el propio Henríquez, quien aclaró que el trámite solo podrá comenzar una vez el Gobierno presente el texto oficial. “Ya está proponiendo una ley de sometimiento. Vamos a esperar a que la radiquen, la analizamos”, indicó, en alusión al proceso ordinario que exige que cualquier proyecto cuente con ponente y ponencia antes de entrar a debate en plenaria.
El presidente del Congreso condicionó su respaldo a la respuesta que, a su juicio, deberían recibir los grupos armados que rechacen la oferta de sometimiento. En ese escenario, dijo, correspondería a las autoridades actuar sin ambigüedades.
"Si no se someten, todo el accionar de la Fuerza Pública como tiene que ser, bajo el imperio de la Constitución Política y de las leyes", señaló Honorio Henríquez, presidente del Congreso.
Henríquez cerró su intervención con una advertencia dirigida a quienes decidan mantenerse fuera de la institucionalidad: deberán asumir las consecuencias legales de esa decisión. “Todo el peso de la misma”, dijo, en alusión a la ley, sin detallar los términos, plazos o beneficios que contemplaría la futura norma.
Las leyes de sometimiento han sido un instrumento recurrente en la política de seguridad colombiana como alternativa o complemento a los procesos de paz. A diferencia de los marcos de negociación política, que exigen el reconocimiento de un carácter beligerante, están orientadas a quienes cometen delitos de manera individual o en estructuras criminales sin una agenda política reconocida. El precedente más extendido es la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, que fijó penas alternativas para los desmovilizados de los grupos paramilitares a cambio de verdad, justicia y reparación.
La discusión formal en el Congreso deberá esperar a que el Ejecutivo radique el proyecto, momento en el que, según anticipó Henríquez, comenzará el análisis legislativo del articulado. El debate llega mientras varias regiones reclaman mayor presencia estatal, como ocurrió con el alcalde de Istmina, que denunció el abandono del Gobierno nacional ante una emergencia sísmica en el Chocó.
