La filtración salió a la luz el lunes con la publicación de nombres y fechas de nacimiento de una veintena de integrantes de la Dirección General de Supervisión del Territorio (DGST), el servicio de inteligencia interior marroquí. Jabaroot asegura, además, controlar otra base de datos con alrededor de 70.000 registros que atribuye a agentes de esa dirección y de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN), la policía del país. Esa cifra no ha sido confirmada por ninguna autoridad y su alcance real requiere cautela: no está acreditado que la totalidad de esos registros corresponda a personal de inteligencia o policial en activo. El Confidencial afirma haber contrastado parte de la documentación con antiguos miembros de la inteligencia marroquí.
En los mensajes atribuidos a sus miembros, el grupo presenta la operación como "el gran regalo a Europa, y especialmente a España, de Jabaroot". La acusación de mayor calado no es el robo de datos en sí, sino la imputación directa a la cúpula de seguridad marroquí. Según los mensajes recogidos, Hammouchi y El Himma habrían intervenido en la planificación de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
"Son ellos los que han planificado el ataque para poner a España en una situación difícil", sostiene el grupo, que añade que la operación se habría producido con conocimiento de "un país grande y de otro Estado ficticio", en lo que, según la interpretación publicada por el diario, sería una alusión a Estados Unidos e Israel, dos socios estratégicos de Rabat en materia de seguridad e inteligencia. Estas acusaciones proceden del propio grupo responsable de la filtración y no han sido acreditadas de forma independiente.
Ninguna de las imputaciones procede de fuentes gubernamentales españolas, marroquíes, estadounidenses o israelíes, y ni Rabat ni Washington ni el Gobierno israelí se han pronunciado hasta el momento sobre las acusaciones de Jabaroot. El Ministerio del Interior español tampoco ha realizado declaraciones específicas sobre el contenido de la filtración. La ausencia de reacción oficial marroquí es la tónica dominante desde que se conociera el material.
Jabaroot ha anunciado que conserva documentación adicional que no ha hecho pública y que incluiría los nombres de quienes, en su versión, "orquestaron y coordinaron el plan de Ceuta", además de órdenes dirigidas a agentes desplazados a Fnideq —la localidad marroquí conocida como Castillejos, pegada a la frontera con la ciudad autónoma— antes y durante los sucesos del 30 de julio.
La crisis migratoria del 30 de julio
Aquella entrada masiva situó a España ante un episodio de gestión fronteriza de excepcional magnitud. Según cifras del Gobierno español recogidas por medios internacionales, unas 72.000 personas cruzaron la frontera entre el 30 y el 31 de julio de 2026, la gran mayoría de las cuales regresó posteriormente a territorio marroquí. Ceuta, una de las dos ciudades autónomas españolas en el norte de África, es un punto de fricción migratoria recurrente desde hace más de dos décadas. El precedente más comparable se registró en mayo de 2021, cuando cerca de 10.000 personas entraron en pocos días en plena crisis diplomática desatada por la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Hasta la fecha no existe una conclusión oficial —ni española ni marroquí— que atribuya lo ocurrido el 30 de julio a una operación coordinada por las autoridades de Rabat. Las hipótesis manejadas desde entonces incluyen la difusión de vídeos y mensajes de captación en redes sociales, la actividad de redes dedicadas a organizar cruces masivos y el comportamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes en el control de la frontera. La cooperación migratoria entre ambos países se rige por acuerdos bilaterales de fronteras y readmisión que datan de los años noventa, reforzados tras la crisis de 2021 con la normalización de relaciones diplomáticas en 2022.
Jabaroot no es un grupo desconocido para las autoridades marroquíes. En los últimos meses ha reivindicado varias filtraciones contra instituciones del país, entre ellas una que afectó a documentación de la Caja Nacional de Seguridad Social. En aquella ocasión, fuentes gubernamentales marroquíes cuestionaron la autenticidad de parte del material difundido.
La filtración se produce después de que Marruecos haya reforzado en los últimos años sus capacidades de inteligencia y vigilancia digital, con episodios previos de gran repercusión como el caso del programa espía Pegasus, que en 2021 salpicó a Rabat por presuntas intervenciones a periodistas, activistas y responsables políticos, incluido el entonces presidente francés Emmanuel Macron, según investigaciones periodísticas y forenses. Rabat negó entonces cualquier implicación en aquel caso.
En el plano legal, una filtración de estas características tiene implicaciones bajo la legislación marroquí, que castiga con penas de prisión el acceso no autorizado a sistemas informáticos del Estado. Marruecos dispone de una estructura de ciberseguridad estatal encargada de prevenir y responder a este tipo de ataques contra infraestructuras sensibles, aunque hasta ahora no ha ofrecido una respuesta técnica pública sobre el alcance de lo sustraído por Jabaroot.
El desenlace dependerá en las próximas semanas de si Jabaroot cumple su amenaza de publicar nueva documentación y de si alguna autoridad —española, marroquí o de terceros países aludidos— ofrece una versión oficial que confirme o desmienta las acusaciones. Casi un mes después de los hechos, la crisis de Ceuta sigue sin una explicación institucional definitiva, y la filtración añade una capa adicional a un asunto que entrelaza seguridad fronteriza, ciberseguridad y relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat.
