Afinia presta el servicio de energía en siete departamentos de la costa Caribe —Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre—, una de las zonas más pobladas del país. La compañía se encuentra bajo intervención tras las dificultades financieras y operativas que arrastra, un escenario que ha llevado a las autoridades a buscar salidas antes de que el problema derive en cortes programados.
El componente territorial pesa en la reunión: Gutiérrez, como alcalde de Medellín, no tiene jurisdicción directa sobre el mercado energético de la costa Caribe. Su participación respondería al interés del Gobierno Nacional de involucrar a actores territoriales en la búsqueda de soluciones que aborden el componente político de la crisis, más allá de lo técnico.
La costa Caribe colombiana ha vivido episodios similares. Electricaribe, antecesora de Afinia en buena parte del mercado, fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en 2016 por su inviabilidad financiera, un proceso que marcó el inicio de la reestructuración del sector energético en la región y culminó con el reparto del mercado a nuevos operadores.
El temor a un racionamiento remite también al apagón de comienzos de los años noventa, cuando el fenómeno de El Niño y la falta de inversión en generación llevaron a cortes de energía de varias horas diarias durante meses. Las condiciones actuales distan de aquel escenario, pero la fragilidad de Afinia y la dependencia de la costa Caribe de un operador único mantienen en alerta a las autoridades locales.
Entre los compromisos que se habrían discutido figurarían medidas inmediatas para asegurar el flujo de recursos que permita a Afinia mantener la operación, así como definiciones de más largo aliento sobre el futuro del esquema de intervención y la eventual búsqueda de nuevos operadores o mecanismos de capitalización para la empresa.
El caso de Afinia se inscribe en un panorama de tensiones sobre la sostenibilidad y la calidad de los servicios esenciales que atraviesa también a otros sectores, como el de la salud, sobre el que el Dane reportó 283.378 muertes no fetales en 2025, un 2,8 % más que el año anterior.
Los detalles finales del encuentro dependerían de la evaluación técnica que adelanten el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sin que por ahora se conozca un cronograma oficial ni una fecha definida para anunciar los acuerdos alcanzados.
