La crisis se desencadenó a finales de julio, cuando miles de personas cruzaron hacia Ceuta en circunstancias que las autoridades españolas calificaron de excepcionales. Al día siguiente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de una «violación de la integridad territorial», una expresión que, según constatan las fuentes consultadas, no ha vuelto a repetir en sus intervenciones posteriores sobre el asunto.
La respuesta europea no se hizo esperar. Un total de 22 Estados miembros firmaron una carta conjunta exigiendo la recuperación del control fronterizo, un movimiento que en Moncloa interpretaron como una falta de solidaridad de los socios comunitarios, reproche que el Ejecutivo mantendría hasta la fecha. El trasfondo del documento remite también a las discrepancias de fondo sobre la política migratoria española, en particular los procesos de regularización de personas en situación irregular, una orientación que —según se subraya desde el entorno popular— se aparta de la seguida por la mayoría de gobiernos de la Unión, con independencia de su color político.
En este contexto, la delegación española del Partido Popular Europeo —cuya secretaria general es Dolors Montserrat— habría mantenido informados a sus homólogos comunitarios prácticamente desde el primer momento de la crisis. Esa interlocución se habría prolongado durante todo agosto y, en el caso de varios jefes de Gobierno y responsables institucionales, habría implicado contacto directo con Feijóo, según las mismas fuentes. Desde Génova sostienen que la difusión de la situación no ha requerido grandes esfuerzos, dado que las imágenes de la llegada masiva circularon por medios internacionales desde los primeros días.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, viajará este martes a la capital comunitaria para reunirse con el comisario europeo de Migraciones e Interior, Magnus Brunner, y con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica. También está prevista una cita con el presidente del PP europeo, el alemán Manfred Weber, además de encuentros con eurodiputados de distintos países que su equipo aún está cerrando.
Según fuentes del PP, el objetivo del viaje no es relatar lo ocurrido durante el pico de la crisis —un episodio ya conocido en las instituciones europeas por la cobertura internacional que recibió— sino trasladar la situación actual de la ciudad: el riesgo para la salud pública derivado de la saturación de servicios, el retraso en el inicio del curso escolar para buena parte de los menores y la alteración sostenida de la vida cotidiana de sus habitantes desde hace más de un mes. Fuentes comunitarias reconocen que en Bruselas «todo el mundo habla del asunto de Ceuta» en las últimas semanas.
Dentro del PP se atribuye buena parte de la gestión de la crisis al propio Vivas, que acumula 25 años al frente de la ciudad autónoma. Su perfil, con un discurso migratorio más matizado que el adoptado por otros dirigentes populares en los últimos meses, habría actuado como un elemento diferencial permitido por la dirección del partido dada la singularidad del territorio ceutí y su composición cultural. En Génova admiten que una crisis similar en otra comunidad, con otro responsable autonómico, «quizá no habría sido tan sencillo» gestionarla. Ese reconocimiento interno sitúa a Vivas en una posición reforzada de cara a las elecciones autonómicas de 2027.
Desde el punto de vista normativo, la gestión de las fronteras exteriores corresponde a los Estados miembros, aunque el Reglamento europeo de gestión del asilo y la migración, aprobado en 2024, establece mecanismos de solidaridad entre países cuya activación depende en la práctica de la voluntad de cada capital. La carta firmada por los 22 países no tiene efectos jurídicos vinculantes, pero sí un peso político considerable de cara a las negociaciones de reparto de fondos migratorios en el marco financiero plurianual de la Unión.
Como precedente, cabe recordar la crisis de Ceuta de mayo de 2021, cuando la llegada de más de 8.000 personas en apenas 48 horas —tras la relajación del control fronterizo por parte de Marruecos— generó una tensión diplomática similar entre Madrid y Rabat. Entonces, sin embargo, la respuesta europea fue más discreta y centrada en el respaldo bilateral a España frente a Marruecos, sin el componente de crítica interna a la política migratoria española que ha caracterizado el episodio de este verano.
Las cifras que circulan en el debate político hablan de en torno a 80.000 personas llegadas sin control, un volumen que hasta el momento no cuenta con una verificación institucional homologable a las estadísticas de Eurostat o del Ministerio del Interior, que no ha facilitado datos oficiales actualizados sobre el número exacto de llegadas ni sobre el ritmo de devoluciones o traslados a la península. Ese dato resultará clave para calibrar la magnitud real de la crisis frente al relato político.
El Gobierno, por su parte, ha defendido en distintas comparecencias que la situación en Ceuta responde a un fenómeno multicausal vinculado a la inestabilidad en el Sahel y a la presión migratoria sobre las rutas del Mediterráneo occidental, y ha reclamado a la Unión Europea mayor implicación financiera y operativa en la frontera sur, en línea con lo exigido en anteriores cumbres europeas sobre migración.
En las próximas semanas el foco se situará en dos frentes paralelos: la evolución de la situación humanitaria y sanitaria en Ceuta, con la vuelta al colegio de los menores afectados como indicador visible del retorno a la normalidad, y el recorrido político de la presión que el PP pretende mantener en las instituciones comunitarias. La visita de Vivas a Bruselas este martes se plantea como el primer hito de una estrategia que sus responsables prevén prolongar durante el otoño, en un momento en que el debate migratorio se perfila como uno de los ejes centrales tanto en España como en varios países del entorno europeo con citas electorales próximas.
