El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que vete el acceso de Delcy Rodríguez —vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro— al territorio español, y ha reclamado al Parlamento Europeo que impulse nuevas sanciones contra Caracas si el régimen no convoca elecciones antes de diciembre de 2025. Feijóo ha vinculado ambas demandas a la crisis diplomática entre Madrid y Caracas, y las ha conectado de forma explícita con la política migratoria del Ejecutivo respecto a ciudadanos venezolanos en España.
Feijóo pide el veto a Rodríguez y presiona a Bruselas
La ofensiva del PP se produce en un momento en que la Unión Europea mantiene sobre la mesa la ampliación de su régimen de sanciones contra el entorno de Maduro. El mecanismo, vigente desde 2018 y renovado periódicamente por el Consejo de la UE, incluye prohibición de visados y congelación de activos para individuos considerados responsables de vulneraciones de derechos humanos y del Estado de derecho en Venezuela. Bruselas no ha descartado públicamente incorporar nuevos nombres a esa lista si Caracas no da pasos verificables hacia unas elecciones libres en el plazo señalado por el líder popular.
La coincidencia entre la presión interna del principal partido de la oposición española y el debate abierto en las instituciones europeas eleva el peso político de la iniciativa más allá del ámbito doméstico. El Parlamento Europeo, institución a la que Feijóo dirige su petición, carece de competencia directa para aprobar sanciones —facultad que corresponde al Consejo de la UE por unanimidad de los Veintisiete—, pero sus resoluciones han ejercido históricamente presión política sobre el Consejo y la Comisión y han actuado como motor de la política exterior comunitaria hacia Venezuela.
El precedente del 'caso Delcygate' de enero de 2020
El nombre de Delcy Rodríguez no es nuevo en la controversia política española. En enero de 2020, la vicepresidenta venezolana protagonizó un episodio de alta tensión institucional al ser recibida en el aeropuerto de Madrid-Barajas por el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en circunstancias que generaron una prolongada disputa parlamentaria. La cuestión central era si aquella recepción vulneró la normativa de sanciones de la UE, que prohíbe la entrada de Rodríguez en territorio comunitario en calidad de autoridad venezolana. El episodio, conocido públicamente como el 'caso Delcygate', no fue esclarecido de forma definitiva por la justicia española y sigue siendo un argumento recurrente de la oposición contra el Gobierno.
Ese precedente otorga a la actual exigencia de Feijóo una carga histórica concreta: el PP no plantea un escenario hipotético, sino que apela a un episodio documentado para justificar la necesidad de un mecanismo de veto explícito. La reclamación de un pronunciamiento formal del Ejecutivo sobre el acceso de Rodríguez al territorio español adquiere así un contenido procedimental, no solo retórico.
El marco normativo europeo aplicable
El régimen de medidas restrictivas de la UE contra Venezuela fue establecido a partir de 2017 y codificado formalmente mediante el Reglamento del Consejo en 2018. Su base jurídica es el artículo 29 del Tratado de la Unión Europea, que habilita al Consejo para adoptar decisiones de política exterior y de seguridad común. La incorporación de nuevos individuos a la lista de sancionados exige una propuesta del Alto Representante para Asuntos Exteriores, respaldada por unanimidad de los Estados miembros. España, como Estado miembro, tiene capacidad de iniciativa y de bloqueo en ese proceso, lo que convierte la posición del Gobierno de Sánchez en una variable determinante para cualquier ampliación del régimen sancionador.
La incoherencia que denuncia el PP entre política migratoria y diplomacia
Feijóo ha incorporado a su argumentario la política de regularización de migrantes venezolanos impulsada por el Ejecutivo, estableciendo una línea de continuidad entre lo que describe como condescendencia del Gobierno con el régimen de Maduro y las facilidades administrativas otorgadas a ciudadanos que huyen de ese mismo régimen. Se trata de una distinción que el PP utiliza para cuestionar la coherencia de la posición oficial española: España acoge a venezolanos que emigran a causa de la situación política y económica del país y, al mismo tiempo, mantiene, según sostiene Feijóo, una relación que el líder popular considera insuficientemente crítica con sus gobernantes.
Esta argumentación conecta dos planos de la política exterior e interior que el Gobierno gestiona de forma separada. La regularización de migrantes venezolanos responde a instrumentos de derecho de extranjería de competencia nacional, mientras que las sanciones a las autoridades venezolanas son un instrumento de política exterior comunitaria. El PP, al vincularlos, construye un relato de doble vara que el Ejecutivo no ha respondido públicamente en los términos planteados.
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha emitido, según la información verificada disponible, una declaración pública sobre la exigencia de veto a Delcy Rodríguez ni sobre la posición española ante una eventual ampliación del régimen de sanciones europeas. El Ministerio de Asuntos Exteriores no ha concretado, en los materiales analizados, su postura ante el plazo de diciembre que el PP incorpora como condición para reclamar acción en Bruselas.
La ausencia de réplica pública del Ejecutivo deja por el momento el debate en una posición asimétrica: el PP ha fijado un calendario y unas demandas concretas; el Gobierno no ha contestado en los mismos términos. Esa asimetría tiene consecuencias políticas directas en el seguimiento parlamentario del asunto.
Diciembre como fecha límite y recorrido institucional de la iniciativa
El plazo de diciembre que Feijóo incorpora como condición para las nuevas sanciones introduce una variable de calendario que convertirá los próximos meses en un indicador de la presión occidental sobre Caracas. Si el régimen de Maduro no convoca elecciones en ese horizonte, el PP dispondrá de un argumento verificable para reclamar acción tanto al Gobierno español como a las instituciones de Bruselas. La respuesta de la Comisión Europea y del Consejo de la UE a esa eventual reclamación determinará si la iniciativa tiene recorrido institucional real o queda como posicionamiento de oposición sin traslación normativa. El próximo ciclo de renovación del régimen de sanciones de la UE contra Venezuela, que requiere revisión periódica por el Consejo, será el primer momento de comprobación efectiva.
