El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió este martes desde Ceuta que el Gobierno de Pedro Sánchez impida la entrada en España de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela e incluida en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea desde 2017, ante la posibilidad de que la dirigente venezolana asista a la próxima Cumbre Iberoamericana prevista en Madrid. Feijóo anunció asimismo que el Grupo Popular en el Parlamento Europeo impulsará iniciativas ante las instituciones comunitarias para reforzar el régimen sancionador vigente.
Sanciones europeas de obligado cumplimiento para España
El régimen de medidas restrictivas de la UE contra Venezuela arranca de 2017, cuando el Consejo Europeo respondió a la ruptura del orden constitucional venezolano y a la represión documentada por organismos internacionales. Las sanciones individuales —prohibición de viajar al espacio Schengen y congelación de activos— afectan a decenas de altos cargos, entre ellos Delcy Rodríguez en su condición de presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que los gobiernos europeos declararon ilegítimo. El régimen ha sido renovado y ampliado en sucesivos ciclos desde entonces.
El carácter vinculante de estas medidas para los veintisiete Estados miembros convierte cualquier decisión española sobre la entrada de Rodríguez en un asunto de cumplimiento del derecho comunitario, no solo de política exterior bilateral. España, como miembro de la UE, está jurídicamente obligada a denegar el acceso a su territorio a quienes figuren en las listas sancionadoras, salvo autorización expresa de las instituciones europeas bajo procedimientos reglados.
El precedente de Barajas en enero de 2020
La cuestión cuenta con un antecedente de alto impacto político en España: en enero de 2020, Delcy Rodríguez aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y permaneció allí durante varias horas en circunstancias consideradas incompatibles con las sanciones europeas vigentes. El episodio implicó al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y derivó en investigaciones parlamentarias y judiciales que se prolongaron durante años, convirtiendo aquel incidente en uno de los focos de desgaste más persistentes del primer Gobierno de coalición de Sánchez.
Aquel precedente es el que el PP invoca ahora de forma explícita como argumento político. La reproducción del escenario —una Cumbre Iberoamericana en Madrid con el Gobierno en la posición de anfitrión— amplificaría, según la lógica del partido, la presión sobre el Ejecutivo si no garantiza públicamente la exclusión de Rodríguez del evento.
La doble ofensiva del PP: Madrid y Bruselas
Desde Ceuta, Feijóo articuló la respuesta del PP en dos planos simultáneos. En el nacional, exigió al Gobierno una garantía pública y explícita de que Rodríguez no pisará suelo español en el marco de la cumbre. En el europeo, anunció que el Grupo Popular en el Parlamento Europeo —primera fuerza de la Eurocámara tras las elecciones de junio de 2024— presentará iniciativas para que las instituciones comunitarias refuercen el régimen sancionador, una vía que, de prosperar, implicaría a instancias supranacionales y elevaría la presión política sobre el Ejecutivo de Sánchez más allá del debate interno.
El Gobierno no confirma ni desmiente la presencia de Rodríguez
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha emitido, hasta donde consta en esta información, declaración oficial alguna sobre la asistencia o no de Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana ni sobre las exigencias formuladas por Feijóo. El Ejecutivo no ha confirmado ni desmentido que la vicepresidenta venezolana figure entre los invitados o acreditados al encuentro. El PP no obtuvo, por tanto, respuesta oficial a su exigencia en el momento de publicarse esta pieza.
La condición de anfitrión como responsabilidad jurídica y protocolaria
Las Cumbres Iberoamericanas son foros de jefes de Estado y de Gobierno coordinados por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y reúnen a los países de América Latina, España y Portugal. La celebración en Madrid otorga al Gobierno español la condición de anfitrión y, con ella, la responsabilidad directa sobre el protocolo de invitaciones y acreditaciones. La presencia de representantes de gobiernos sancionados por la UE en eventos de esta naturaleza ha generado tensiones previas entre socios europeos y en el seno de la propia comunidad iberoamericana.
La iniciativa de Feijóo abre así un doble frente antes de la celebración de la cumbre: uno jurídico, anclado en la obligación de España de aplicar las sanciones europeas, y otro político, en el que el PP busca reproducir ante la opinión pública el desgaste que ya generó el episodio de Barajas. La respuesta del Ejecutivo, la posición que adopten las instituciones europeas ante una eventual petición del Grupo Popular y la propia agenda de Caracas determinarán en las próximas semanas si el asunto escala o se diluye antes de que la cumbre abra sus puertas.
