Tres días de modulación: del ataque a la asunción
El lunes de esta semana, Feijóo calificó la denominada ley de nietos de 'ingeniería electoral' destinada a 'fabricar nuevos votantes' para el Gobierno de Pedro Sánchez. La expresión fue contestada de inmediato por asociaciones de descendientes de emigrantes en América Latina, que rechazaron que su demanda de nacionalidad pudiera reducirse a una operación de censo. En las 72 horas siguientes, el PP fue modulando su posición de forma visible: primero omitiendo la crítica en declaraciones secundarias, después aclarando que no se oponía a la naturalización de descendientes de emigrantes económicos —no solo de exiliados republicanos— y, finalmente, con la intervención en la UIMP en la que Feijóo asumió que 'decir que un nieto, donde haya una trazabilidad en parentesco clarísima, pueda tener derecho a la nacionalidad española, estamos de acuerdo' y remachó: 'No estamos en contra de que un nieto que acredite el parentesco obtenga el pasaporte español'.
La evolución tiene una lectura política inmediata: el argumento de la 'ingeniería electoral' resultó difícilmente sostenible cuando los registros del propio partido lo contradecían. En 2022, siendo ya presidente del PP, Feijóo había defendido explícitamente la extensión de la nacionalidad a los nietos de emigrantes, y el programa electoral con el que el PP concurrió a las generales de julio de 2023 recogía ese mismo compromiso. La distancia entre aquel texto programático y las declaraciones del lunes era lo suficientemente amplia como para generar un problema de credibilidad interna, lo que explica la corrección acelerada de la posición en el plazo de tres jornadas.
Qué establece la ley y cómo se acredita el parentesco
La ley de nietos —denominación coloquial de la iniciativa legislativa en tramitación— extiende el derecho a solicitar la nacionalidad española por origen a los nietos de personas que fueron o hubieran podido ser españolas, con independencia de que la emigración tuviera causa política o económica. Su antecedente normativo directo es la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, cuyo artículo 20 concedió ese derecho exclusivamente a los nietos de quienes hubieron de exiliarse durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. Aquella norma tuvo vigencia temporal: el plazo de solicitud, inicialmente fijado hasta 2010, fue prorrogado en varias ocasiones, pero quedó cerrado antes de que todos los potenciales beneficiarios pudieran acogerse a él.
La nueva iniciativa amplía el sujeto destinatario de forma sustancial. Ya no se trata únicamente de los descendientes de quienes salieron por razones políticas, sino también de los nietos de quienes emigraron por motivos económicos, el colectivo mayoritario en las oleadas migratorias españolas de los siglos XIX y XX hacia América Latina, el norte de África y Europa occidental. El procedimiento de acreditación del parentesco exige documentación notarial y registral que acredite la línea directa de descendencia. Los promotores de la norma consideran ese requisito técnico suficiente para evitar fraudes; sectores críticos dentro del PP —hasta la aclaración de este jueves— lo calificaban de insuficientemente garantista.
La diáspora española: dimensión y ciclos históricos
España cuenta con una de las diásporas más extensas del mundo occidental en proporción a su tamaño demográfico. Según el Padrón de Españoles Residentes en el Exterior (PERE), elaborado por el INE con datos a 1 de enero de 2024, había registrados 2.866.853 españoles en el extranjero, con mayor concentración en Argentina, Venezuela, México, Brasil, Cuba y Francia. Esta cifra recoge únicamente a quienes conservan la nacionalidad; el universo de descendientes que podrían acogerse a la nueva norma es notablemente superior, aunque su cuantificación exacta resulta compleja por la dispersión de los registros civiles en los países de destino.
La emigración española comprende dos grandes ciclos históricos. El primero se extiende entre finales del siglo XIX y la década de 1960, con destino preferente en América Latina. El segundo, de menor volumen pero igualmente significativo, se produjo hacia Europa —Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos— durante el desarrollismo franquista, entre 1960 y 1975. Los nietos de ambos grupos quedarían dentro del ámbito de aplicación de la nueva ley, lo que explica el alcance potencialmente masivo de la norma y la sensibilidad política que rodea su tramitación.
La Ley de Memoria de 2007: lecciones de un precedente incompleto
La Ley 52/2007 es el precedente normativo ineludible. Su artículo 20 estableció que los hijos y nietos de quienes hubieran perdido la nacionalidad española como consecuencia del exilio podrían adquirirla mediante declaración formulada ante el encargado del Registro Civil. El plazo inicial de dos años fue prorrogado hasta 2011 y, de forma extraordinaria, hasta 2013. El Ministerio de Justicia registró más de 500.000 solicitudes en el primer bienio de aplicación, con una concentración especialmente alta en Argentina y Cuba, según datos recogidos en las memorias anuales del Registro Civil Central, una cifra que superó con creces las previsiones iniciales y desbordó la capacidad consular y registral disponible.
Aquella experiencia dejó dos lecciones que los redactores de la nueva norma han intentado incorporar. La primera es que la demanda supera sistemáticamente las previsiones, lo que obliga a dimensionar con antelación los recursos consulares y registrales. La segunda, políticamente más incómoda, es que el criterio del exilio político como condición de acceso generó situaciones de desigualdad difícilmente justificables: familias con trayectorias de emigración prácticamente idénticas quedaban dentro o fuera del perímetro de la ley en función de si su partida había sido motivada por la represión o por el hambre, una distinción que, décadas después y con los archivos disponibles, resulta en muchos casos imposible de establecer con nitidez documental.
Las posiciones en el Congreso: respaldo amplio con una derecha dividida
En el Congreso de los Diputados, la ley cuenta con el respaldo del Gobierno y de los grupos que sostienen la mayoría de investidura. El PSOE la presenta como una medida de reparación histórica y de fortalecimiento del vínculo con la comunidad española en el exterior. Sumar la encuadra en el marco más amplio de las políticas de memoria democrática. Los grupos nacionalistas catalanes y vascos, cuyas comunidades también tienen una diáspora significativa —la colonia vasca en Argentina y Uruguay tiene una presencia histórica consolidada—, han expresado una posición favorable con matices competenciales.
Vox se opone a la norma desde una posición de principio: el partido de Santiago Abascal sostiene que la extensión masiva de nacionalidades puede alterar el censo electoral y que el vínculo con España debe acreditarse mediante criterios más exigentes que la trazabilidad documental del parentesco. Vox no ha modificado su posición durante esta semana, a diferencia del PP. La diferencia entre ambas formaciones de derecha sobre este asunto es ahora nítida, lo que podría condicionar la negociación parlamentaria de la norma y la búsqueda de eventuales enmiendas de procedimiento que el PP pudiera presentar para dejar huella propia en el texto sin alterar su núcleo.
Consecuencias prácticas del giro: estabilidad jurídica y tramitación
Que el principal partido de la oposición respalde el núcleo de la ley tiene consecuencias prácticas sobre su tramitación y su viabilidad a largo plazo. Una norma de este alcance —que afecta a los registros civiles, a los servicios consulares y a la administración de justicia— requiere para su aplicación eficaz una mínima estabilidad legislativa. Si se aprobara únicamente con los votos de la mayoría de investidura, quedaría expuesta a una eventual derogación en caso de cambio de gobierno. El respaldo explícito del PP, aunque sea con posibles enmiendas sobre el procedimiento de acreditación, reduce ese riesgo y otorga mayor seguridad jurídica a los potenciales beneficiarios, que en muchos casos deberán movilizar documentación notarial en varios países.
Próximos pasos: plazos parlamentarios y acreditación consular
La iniciativa se encuentra en tramitación parlamentaria. El calendario legislativo previsto sitúa el debate en comisión en el tramo final del periodo de sesiones de 2025, aunque la agenda parlamentaria puede alterarse en función de los acuerdos de la Mesa del Congreso. Una vez aprobada la ley, su entrada en vigor requerirá el desarrollo reglamentario del procedimiento de acreditación del parentesco, la habilitación de recursos en los consulados de los países con mayor volumen de solicitudes previsibles —Argentina, Venezuela y México encabezan históricamente esa lista, según el PERE del INE— y la coordinación con los registros civiles de los países de destino para la obtención de documentación histórica. La experiencia de la Ley 52/2007 aconseja que ese despliegue operativo se concrete antes de que el plazo de solicitudes quede abierto, para evitar la saturación que colapsó el sistema consular en el primer bienio de aplicación de aquella norma.
