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Gutiérrez atribuye al Gobierno la suspensión de la asamblea de Comfenalco

El alcalde de Medellín señaló a la administración Petro tras una tutela que frenó la Asamblea General de la caja de compensación de Antioquia.

Por Redacción de El Hemiciclo·
4 min de lectura
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció este jueves 30 de julio de 2026 que la suspensión de la Asamblea General de Comfenalco Antioquia habría buscado dejar «atornillada» la junta directiva y la gerencia de la caja de compensación familiar. Según su versión, la maniobra respondía a un intento del Gobierno del presidente Gustavo Petro de incidir en instituciones con peso en el departamento, y fue frenada por una acción de tutela cuyo trámite no ha sido precisado en su totalidad.

«Quería ser la última jugadita de Petro contra Antioquia», afirmó el alcalde al referirse a la suspensión del proceso, en declaraciones en las que sostuvo que la intención era consolidar en sus cargos a la junta directiva y al gerente actuales antes de un eventual relevo. Gutiérrez enmarcó el episodio en una serie de tensiones previas entre la Casa de Nariño y sectores políticos y gremiales antioqueños.

Comfenalco Antioquia es una de las cajas de compensación familiar más grandes del país, con presencia en salud, educación, recreación y subsidio familiar para afiliados en el departamento. Su Asamblea General, integrada por representantes de empleadores y trabajadores afiliados, es la instancia llamada a elegir o ratificar la junta directiva, de la cual depende a su vez el nombramiento del gerente general de la entidad.

Las cajas de compensación familiar en Colombia operan bajo un régimen mixto: son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, pero cumplen funciones de seguridad social y están sometidas a la vigilancia de la Superintendencia del Subsidio Familiar, entidad adscrita al Ministerio del Trabajo. Esa doble naturaleza explica por qué las decisiones sobre su gobierno corporativo pueden derivar en disputas judiciales y políticas.

La tutela como freno

El mecanismo que detuvo la Asamblea General fue una acción de tutela, la herramienta constitucional consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Hasta el momento no se ha precisado ante qué juzgado se radicó ni cuáles son los derechos fundamentales invocados por quien la promovió.

El Gobierno Nacional ejerce funciones de inspección, vigilancia y control sobre las cajas de compensación a través de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Desde esa entidad no se ha emitido un pronunciamiento público sobre la suspensión de la asamblea ni sobre las razones que la motivaron. Tampoco se ha conocido la posición oficial de la junta directiva ni de la gerencia de la caja frente a las afirmaciones del alcalde.

La Presidencia de la República no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos de Gutiérrez. Ni la Procuraduría General de la Nación, encargada de vigilar el cumplimiento de la Constitución y la ley por parte de los servidores públicos, ni la Fiscalía General de la Nación han anunciado la apertura de indagaciones relacionadas con el caso.

Antioquia y el Gobierno

El episodio se inscribe en una serie de fricciones entre el Gobierno central y sectores de Antioquia, uno de los departamentos con mayor peso económico y político del país. Gutiérrez, quien fue candidato presidencial en 2022 y ejerce la alcaldía de Medellín, se ha convertido en una de las voces recurrentes en el debate frente a decisiones del Ejecutivo con impacto regional.

No es la primera vez que una entidad con presencia en Antioquia se convierte en escenario de disputa entre el Gobierno central y actores regionales. En el pasado se han registrado litigios por la composición de juntas directivas de empresas de servicios públicos y entidades mixtas, dirimidos ante la superintendencia respectiva o ante la jurisdicción ordinaria.

El trasfondo se enmarca además en un año electoral: 2026 es año de comicios legislativos y de la contienda presidencial que definirá al sucesor de Petro, cuyo mandato constitucional termina en agosto de este año. En ese contexto, cualquier señal de intervención sobre instituciones antioqueñas —departamento con una bancada numerosa en el Congreso de la República— tiende a leerse en clave de disputa política más amplia.

El proceso judicial derivado de la tutela seguirá su curso en los próximos días. El juez de primera instancia podrá fallar sobre el fondo del asunto, y su decisión sería susceptible de impugnación ante un juez de segunda instancia. De ese fallo dependerá si la Asamblea General de Comfenalco Antioquia se reprograma en las condiciones inicialmente previstas o si se ordenan ajustes al procedimiento cuestionado por el alcalde de Medellín.

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