El nuevo organismo, cuyo diseño concreto y denominación definitiva no han trascendido todavía, busca dotar a Japón de capacidades propias de recopilación de inteligencia en el exterior, un terreno en el que el país ha dependido tradicionalmente de sus aliados, en particular de Estados Unidos a través del Tratado de Cooperación Mutua y Seguridad, vigente desde 1960 y renovado en sucesivas ocasiones. El objetivo declarado, según ha trascendido, es que Japón deje de ser un territorio permeable a los servicios de inteligencia extranjeros.
Japón arrastra desde hace décadas la consideración, señalada en foros de defensa, de ser terreno fértil para el espionaje extranjero. La ausencia histórica de una ley de secretos de Estado robusta —hasta la aprobada en 2013, controvertida por las restricciones que impuso a la prensa— y la falta de un servicio de inteligencia exterior comparable al MI6 británico, la CIA estadounidense o el Mossad israelí han sido citadas de forma recurrente como vulnerabilidades estructurales del sistema japonés.
El contexto inmediato de esta decisión es la serie de casos de presunta infiltración rusa detectados en los últimos meses, aunque los detalles concretos de esas operaciones no han sido confirmados públicamente por el Gobierno nipón. Moscú no se ha pronunciado sobre estas acusaciones, que se suman a un patrón de tensión bilateral agravado desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, cuando Japón se alineó con las sanciones occidentales contra el Kremlin pese a mantener con Rusia una disputa territorial histórica sin resolver por las islas Kuriles, ocupadas por la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial. La ausencia de un tratado de paz que cierre formalmente el conflicto de 1945 sigue condicionando la relación entre Tokio y Moscú.
Un rearme que se acelera desde 2022
La creación de este organismo de inteligencia se suma a un proceso de transformación de la política de defensa japonesa iniciado bajo el mandato de Fumio Kishida y continuado por sus sucesores, entre ellos Takaichi, que asumió el cargo de primera ministra en 2025 tras una trayectoria dentro del ala más conservadora del Partido Liberal Democrático. En diciembre de 2022, el Gobierno japonés aprobó tres documentos estratégicos que marcaron un giro histórico: el compromiso de duplicar el gasto en defensa hasta alcanzar el 2% del producto interior bruto para 2027, siguiendo el estándar de referencia de la OTAN, y la adquisición de capacidades de contraataque hasta entonces vedadas por la interpretación pacifista del artículo 9 de la Constitución de 1947.
Ese artículo, redactado bajo la ocupación estadounidense tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, renuncia expresamente a la guerra como derecho soberano de la nación y ha sido durante más de siete décadas la piedra angular del pacifismo constitucional nipón. Su reinterpretación progresiva, iniciada con la reforma de 2015 bajo Shinzo Abe que permitió la autodefensa colectiva, ha sido defendida por sucesivos gobiernos conservadores como una adaptación necesaria a un entorno regional cada vez más hostil, y criticada por sectores pacifistas y parte de la oposición como una erosión del compromiso histórico de Japón con la renuncia a la guerra.
El entorno estratégico que invocan los responsables japoneses incluye la creciente actividad militar china en el mar de China Oriental y en torno a Taiwán, los programas de misiles balísticos de Corea del Norte —que ha realizado numerosos lanzamientos de prueba sobre aguas próximas a Japón en los últimos años— y la cooperación cada vez más estrecha entre Pekín y Moscú. La percepción de amenaza combinada procedente de estos tres actores ha sido el argumento central esgrimido por Tokio para justificar la ampliación de sus capacidades militares y de inteligencia.
La reforma del aparato de inteligencia japonés arrastra precedentes conocidos. Tokio dispone ya de estructuras como la Oficina de Inteligencia e Investigación del Gabinete y los servicios de inteligencia de las Fuerzas de Autodefensa, pero carece de una agencia de espionaje exterior con capacidad operativa comparable a la de sus aliados. El caso más citado como punto de inflexión fue el escándalo de 1987 en torno a la exportación de tecnología sensible por parte de una filial de Toshiba a la Unión Soviética, que evidenció las carencias japonesas en materia de contrainteligencia y control de exportaciones estratégicas.
La aprobación de la ley de secretos de Estado de 2013, impulsada por el entonces primer ministro Shinzo Abe, ya generó un intenso debate público: sus defensores la presentaron como un requisito para compartir información sensible con aliados, mientras que organizaciones de periodistas y sectores de la oposición advirtieron del riesgo para la libertad de prensa y la transparencia. La creación de un organismo de inteligencia exterior reabre ahora ese mismo dilema entre seguridad nacional y control democrático de los servicios secretos.
El marco jurídico sobre el que se asentará el nuevo organismo resulta determinante. La arquitectura de seguridad japonesa se apoya en la Ley de las Fuerzas de Autodefensa y en la legislación sobre protección de información clasificada, y cualquier ampliación de las competencias de inteligencia exterior deberá encajar con las restricciones derivadas del artículo 9. Ese equilibrio entre el impulso del Ejecutivo conservador y los límites constitucionales marcará el alcance real de la nueva agencia.
La oposición pacifista y parte de la sociedad civil japonesa han venido advirtiendo, en el debate sobre el rearme, de los riesgos de una expansión de las capacidades militares y de inteligencia sin controles parlamentarios suficientes. El Gobierno de Takaichi, por su parte, sostiene que el deterioro del entorno de seguridad regional exige dotar al país de instrumentos autónomos de defensa e información.
La concreción del nuevo organismo dependerá del desarrollo legislativo y presupuestario que el Ejecutivo presente en los próximos meses, así como de su tramitación en la Dieta, el Parlamento japonés. El horizonte de 2027, fijado para alcanzar el objetivo del 2% del PIB en defensa, servirá de referencia temporal para medir hasta qué punto Tokio consolida el giro estratégico iniciado en 2022 y traduce en estructuras operativas su voluntad de recuperar autonomía en el ámbito de la inteligencia.
