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El primer ministro sueco critica a Sánchez por la gestión de Ceuta

Ulf Kristersson comparó el episodio con la crisis de refugiados sirios de 2025 y calificó de «muy mala idea» la regularización planteada por el Gobierno español

Por Redacción de El Hemiciclo·
4 min de lectura
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El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, criticó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por la gestión de la reciente crisis migratoria en Ceuta y calificó de «muy mala idea» la propuesta de regularizar a parte de los migrantes llegados a la ciudad autónoma.

Las declaraciones del jefe del Gobierno sueco llegan en un momento de tensión migratoria en el sur de Europa, con Ceuta como epicentro de un episodio que las autoridades españolas han descrito como un intento de entrada masiva y no autorizada a la ciudad autónoma. El Ministerio del Interior no ha ofrecido cifras oficiales definitivas sobre el número de personas implicadas, por lo que cualquier magnitud que circule debe tomarse con reserva hasta su confirmación institucional.

Suecia, que históricamente había mantenido una de las políticas de acogida más generosas de Europa, ha virado en los últimos años hacia un enfoque marcadamente restrictivo. El giro se acentuó tras la formación del Gobierno de Kristersson en 2022, sustentado en los votos de Sverigedemokraterna, y se ha reforzado con la crisis de refugiados sirios de 2025, que el propio primer ministro empleó como término de comparación para describir lo ocurrido en Ceuta. El Parlamento sueco (Riksdag) ha aprobado desde 2023 la reducción de permisos de residencia permanente y el endurecimiento de los requisitos de reagrupación familiar, un viraje que el Ejecutivo sueco defiende como respuesta a la presión sobre los servicios públicos y que organizaciones como Amnistía Internacional y ACNUR han cuestionado por su impacto en los derechos de los solicitantes de asilo.

Una vía extraordinaria con precedentes desde la Transición

La regularización a la que se refirió Kristersson remite a la vía extraordinaria que puede utilizar el Ejecutivo español para dar cobertura administrativa a parte de los migrantes en situación irregular. En España, estos procesos no son una novedad: el país ha aplicado mecanismos similares en varias ocasiones desde la Transición, entre ellos los procesos extraordinarios de 2000, 2001 y 2005, además del cauce individual del arraigo. Se trata de figuras reguladas por la Ley de Extranjería y su reglamento, que permiten obtener autorización de residencia a quienes acrediten determinados requisitos de arraigo laboral, social o familiar.

En pronunciamientos anteriores sobre la gestión migratoria en Ceuta y Melilla, Moncloa ha defendido que España afronta una presión fronteriza desproporcionada respecto a su peso poblacional dentro de la Unión Europea y ha reclamado mayor solidaridad de los socios comunitarios en el reparto de solicitantes de asilo, un ámbito regulado por el Reglamento de Dublín y, más recientemente, por el Pacto sobre Migración y Asilo aprobado por la UE en 2024.

Ceuta, junto con Melilla, constituye la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, una singularidad geográfica que la convierte en punto de paso recurrente para flujos migratorios procedentes de Marruecos y, en menor medida, de países subsaharianos. Su condición de territorio en régimen especial fuera del espacio Schengen y su vecindad con Marruecos —relación bilateral marcada por episodios de tensión, como la crisis diplomática de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron a la ciudad en pocas horas— explican la persistencia de este tipo de incidentes.

La controversia sueca no es un hecho aislado dentro del debate migratorio europeo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha abierto simultáneamente otro frente al rechazar las devoluciones de solicitantes de asilo que le exige Alemania, en el marco de los acuerdos de Dublín y de las denominadas «devoluciones secundarias» dentro del espacio Schengen. Ambos episodios reflejan la fragmentación que atraviesa la Unión Europea a la hora de aplicar de forma homogénea el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.

El pacto europeo introduce un mecanismo de solidaridad obligatoria entre Estados miembros —mediante reubicación de solicitantes, contribución financiera o apoyo operativo— y ha sido recibido con reticencias por gobiernos de distinto signo, desde los países del llamado Grupo de Visegrado hasta socios nórdicos como Suecia, que reclaman mayor control fronterizo antes que mecanismos de reparto. España, por su posición geográfica, ha sido tradicionalmente uno de los principales receptores de llegadas irregulares por vía marítima y terrestre, con Canarias y el estrecho de Gibraltar como otras rutas críticas junto a Ceuta y Melilla.

De 2015 a 2025: la memoria de las grandes crisis de asilo

El precedente con el que Kristersson estableció la comparación, la crisis de refugiados sirios de 2025, remite a un episodio de fuerte presión migratoria hacia Europa derivado de la prolongación del conflicto sirio y la inestabilidad regional, que reavivó las tensiones entre Estados miembros sobre el reparto de responsabilidades. Aquella crisis evocaba a su vez la de 2015, cuando la llegada masiva de refugiados sirios a través de los Balcanes y el Mediterráneo obligó a la Unión Europea a activar mecanismos de emergencia y marcó el fin de la política de fronteras abiertas que hasta entonces defendían países como Alemania o la propia Suecia, entonces uno de los principales destinos de acogida del continente.

El debate abierto por las declaraciones del primer ministro sueco previsiblemente tendrá continuidad en los próximos foros europeos, incluido el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, donde los ministros del ramo abordan periódicamente la aplicación del Pacto de Migración y Asilo. La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, debe vigilar el cumplimiento por parte de los Estados miembros de los plazos de transposición del nuevo marco normativo, cuya aplicación efectiva está prevista para 2026.

En el plano interno, el Gobierno español afronta el reto de fijar una posición sobre la regularización planteada tras el episodio de Ceuta sin generar fricciones adicionales dentro de la coalición que sostiene al Ejecutivo ni con los socios europeos más reticentes a flexibilizar sus políticas de asilo. La oposición ha reclamado en ocasiones anteriores mayor firmeza en el control fronterizo y ha criticado los procesos de regularización extraordinaria como un posible incentivo para nuevas llegadas irregulares, un argumento sobre el que existe debate académico acerca de si la correlación entre regularizaciones y flujos posteriores está o no claramente establecida.

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