El dirigente del Partido Popular fue especialmente duro con la agenda del jefe del Ejecutivo. Que Sánchez esté de vacaciones en La Mareta «con lo que está pasando y lo que ha pasado en Ceuta» es, según Imbroda, «una lección de frivolidad e irresponsabilidad al máximo» y «no tiene nombre». La residencia de La Mareta, en Lanzarote, ha sido utilizada por presidentes del Gobierno de distinto signo político para periodos vacacionales desde que el rey Juan Carlos I la cediera al Patrimonio Nacional a comienzos de los años ochenta.
Imbroda reclamó al Gobierno central «medidas ya» para «ponerse serio con Marruecos» y defendió que la relación bilateral debe basarse en «un plano de igualdad, no siempre de sojuzgación». El presidente melillense situó el problema en una dinámica de fondo que, a su juicio, no se limita a la crisis migratoria actual, y citó como precedente el cierre de la aduana comercial de Melilla por parte de las autoridades marroquíes en 2018, que mantuvo paralizado el comercio atípico transfronterizo, una actividad de peso relevante para la economía de la ciudad autónoma.
Sobre los sucesos de Ceuta, Imbroda relató que en Melilla se siguieron con «profundo dolor y espanto», y subrayó la «poca respuesta» institucional ante lo que definió como un «quebranto de la soberanía española» retransmitido «al minuto» por los medios. La imagen de «una frontera abierta y brazos caídos», dijo, transmitió un mensaje que calificó de «pavoroso, desolador y totalmente desmoralizante» tanto dentro como fuera de España.
El presidente melillense se mostró «escéptico» respecto a una nueva llamada, difundida en redes sociales, a otra entrada masiva desde Ceuta prevista para el sábado 15 de agosto. Imbroda argumentó que Marruecos tiene interés en proyectar una imagen de «nación moderna» y «economía importante» en el plano internacional, lo que, a su entender, desincentivaría a las autoridades marroquíes a tolerar una repetición de los hechos con la misma intensidad mediática. En la misma entrevista enmarcó lo sucedido como una evidencia de «fracaso» para el propio Marruecos, al señalar que del país vecino «se le van 70.000 u 80.000 jóvenes» que llegan a España «diciendo viva España», en una migración que conlleva, subrayó, numerosas muertes en el trayecto; se trata de una valoración del dirigente, que no citó fuente estadística.
El acuerdo de menores de 2013, en el centro de la reclamación
Respecto a los menores extranjeros no acompañados, Imbroda pidió al Gobierno central que se siente con las comunidades autónomas para «explicar qué es lo que pasa y qué no va a pasar nunca más», al considerar que no se puede «exigir un sacrificio sin solución de futuro» a las administraciones que asumen la tutela de estos menores. Ciudades autónomas como Ceuta y Melilla, junto a comunidades como Canarias, han reclamado en los últimos años un reparto más equilibrado de menores no acompañados entre territorios.
El presidente de Melilla reclamó la aplicación efectiva del acuerdo de retorno de menores suscrito entre España y Marruecos en 2013, un convenio bilateral que prevé mecanismos de repatriación de menores marroquíes no acompañados y que, según denuncian distintas administraciones españolas, apenas se ha ejecutado en la práctica desde su firma. Imbroda pidió además exigir responsabilidades a los padres de estos menores, al considerar que los envían «a un mundo mejor, pero también a la muerte».
La gestión de la frontera sur y de los menores no acompañados se rige por la Ley de Extranjería y por los protocolos de protección de menores, que atribuyen su tutela a la comunidad o ciudad autónoma donde son localizados. La reclamación de un reparto entre territorios y la aplicación de convenios de retorno con los países de origen constituyen desde hace años el núcleo del debate entre las administraciones autonómicas y el Estado, competente en materia de fronteras, inmigración y relaciones internacionales.
Las declaraciones de Imbroda se producen en un contexto de tensión recurrente en la frontera sur, que en las últimas dos décadas ha registrado episodios de entradas masivas en Ceuta y Melilla. El más grave se produjo en mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron a Ceuta en apenas 48 horas en un episodio que el propio Gobierno español vinculó entonces a la crisis diplomática con Rabat por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquella tensión se reconduciría un año después con el giro del Ejecutivo respecto al Sáhara Occidental.
Ni la Moncloa ni el Ministerio del Interior se habían pronunciado este lunes sobre las declaraciones del presidente de Melilla. El Gobierno de Sánchez ha defendido en ocasiones anteriores que la gestión de la frontera se coordina con las autoridades marroquíes a través de canales diplomáticos y policiales bilaterales, y ha presentado la cooperación en materia de control migratorio como uno de los ejes de la relación con Rabat.
La política migratoria y la relación con Marruecos han sido, desde la Transición, uno de los asuntos de Estado sobre los que ha existido mayor consenso formal entre los grandes partidos, si bien las crisis puntuales han derivado con frecuencia en un cruce de acusaciones entre el Gobierno de turno y los responsables de las ciudades autónomas, gobernadas mayoritariamente por el PP en las últimas décadas.
La llamada a una nueva entrada masiva en Ceuta para el próximo sábado 15 de agosto sitúa en los próximos días un test para la respuesta conjunta de las autoridades españolas y marroquíes en la frontera. Del desenlace de esa fecha y de la reacción del Ejecutivo central dependerá en buena medida que la polémica se diluya o se prolongue, en un verano marcado por la tensión en la frontera del norte de África.
