El PP pedirá de nuevo habilitar el mes de agosto —periodo inhábil en la actividad parlamentaria ordinaria— para convocar y celebrar la comparecencia del titular de Interior. El partido defiende que el Senado, como cámara de representación territorial reconocida en el artículo 69 de la Constitución, mantiene plenas facultades de control sobre el Ejecutivo, incluida la de citar a los ministros con independencia de que estos hayan anunciado su intención de explicarse en el Congreso. "Desde el PP no dejaremos que elijan a la carta dónde dar explicaciones porque la emergencia en Ceuta no puede esperar", sostienen fuentes populares.
El precedente inmediato de este pulso se remonta a la reforma del Reglamento del Senado impulsada por el Grupo Popular, que reforzó la obligación de los miembros del Gobierno de acudir a la Cámara Alta cuando sean requeridos. Esa modificación se apoyó en la mayoría absoluta que el PP ostenta en el Senado desde las elecciones de julio de 2023. El Ejecutivo la ha cuestionado, al considerar que duplicar comparecencias sobre un mismo asunto en ambas cámaras carece de justificación funcional.
Marlaska no compareció el pasado miércoles ante la Comisión de Interior del Senado, una ausencia que provocó las críticas de los grupos presentes en la sesión y que el PP calificó como muestra de la "cobardía e incompetencia de todo el Gobierno". El ministro había señalado previamente que tenía previsto ofrecer explicaciones sobre la situación en Ceuta en el Congreso a finales de agosto. El periodo ordinario de sesiones arranca tradicionalmente en septiembre, aunque las cámaras pueden habilitar sesiones extraordinarias en agosto si así lo acuerdan sus órganos de gobierno.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, comunicó esta semana a la Presidencia del Senado que tampoco acudiría a la Cámara Alta en la fecha inicialmente prevista y manifestó su disposición a hacerlo durante el próximo periodo ordinario de sesiones. Los populares también cargan contra los planes de Marlaska, del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de la propia Robles de ofrecer explicaciones en el Congreso. El Ejecutivo, por su parte, se limita a defender que sus miembros pueden elegir el foro parlamentario en el que rendir cuentas y cuestiona la necesidad de reproducir la misma comparecencia en dos sedes en pocas semanas.
La gestión de la entrada irregular de julio
El origen de la controversia se sitúa en la entrada irregular de migrantes registrada a finales de julio en Ceuta, episodio que el PP atribuye a una gestión deficiente del Gobierno y que, según sostiene, se habría podido prever a partir de advertencias previas. Los populares han hablado de "una avalancha de cerca de 80.000 personas" y aseguran que todavía permanecen miles de migrantes en la ciudad autónoma. Se trata de una valoración política del partido: las cifras sobre la magnitud de la entrada y sobre cuántas personas permanecen en Ceuta han variado durante las últimas dos semanas, sin que conste un dato oficial consolidado por el Ministerio del Interior o la Delegación del Gobierno.
La situación fronteriza continúa bajo vigilancia ante los llamamientos difundidos en redes sociales para intentar nuevos cruces coincidiendo con la festividad del 15 de agosto. Marruecos ha reforzado su dispositivo en la zona de Fnideq, en el lado marroquí de la frontera, mientras España mantiene un amplio despliegue policial en Ceuta. El antecedente de referencia es la crisis de mayo de 2021, cuando cerca de 8.000 personas entraron en la ciudad en apenas 48 horas en el contexto de una crisis diplomática entre Rabat y Madrid, según los datos que entonces facilitó el Gobierno.
Ceuta y Melilla constituyen, junto con las Islas Canarias, los principales puntos de entrada hacia territorio español desde el continente africano, y su gestión migratoria depende de un marco de cooperación con Marruecos y de los mecanismos de la agencia europea de fronteras, Frontex. El PP reclama una respuesta del Ejecutivo acorde con la dimensión de frontera sur de Europa que, a su juicio, representan ambas ciudades autónomas. El Gobierno defiende que la respuesta a la crisis se ha coordinado con las autoridades marroquíes y con los instrumentos europeos disponibles.
Los populares reprochan además al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que permaneciera de vacaciones durante la crisis, un reproche de naturaleza política que el Ejecutivo no ha respondido directamente y que enmarca en la gestión ordinaria de los asuntos de Estado durante el periodo estival por parte de los ministros competentes, en este caso Interior, Exteriores y Defensa.
El choque sobre las comparecencias no es inédito en esta legislatura. Desde que el PP obtuvo la mayoría absoluta en el Senado, la Cámara Alta ha sido utilizada de forma recurrente por la oposición como plataforma de control adicional al Congreso. La Constitución de 1978 reconoce a ambas cámaras facultades de control, aunque con matices: el Senado carece de mecanismos coercitivos para forzar la comparecencia de un ministro más allá del reproche político y la publicidad de la ausencia, como ilustró esta semana la fotografía de la silla vacía.
El Grupo Popular sostiene que el Senado debe continuar ejerciendo su función de control parlamentario y que Marlaska está obligado a acudir cuando sea requerido, dado que la emergencia en Ceuta exige, a su juicio, una comparecencia específica ante la Comisión de Interior de la Cámara Alta. El Ejecutivo replica que la rendición de cuentas sobre la crisis se producirá en el Congreso de los Diputados, cámara que concentra las funciones de investidura y control ordinario del Gobierno, y cuestiona la utilidad de reproducir la misma comparecencia en dos sedes distintas.
De cara a los próximos días, el foco se traslada a si la Mesa de la Comisión de Interior del Senado formaliza la convocatoria para el jueves 20 de agosto y a si Marlaska acude finalmente o mantiene su calendario de comparecencia en el Congreso a finales de mes. El desenlace de este pulso podría delimitar el alcance real de las facultades de control del Senado en un escenario de mayoría absoluta de la oposición, una situación poco habitual que previsiblemente seguirá marcando la relación entre ambas cámaras durante lo que resta de legislatura.
