La denuncia se articula por la vía de responsabilidad contable, un procedimiento distinto del penal por el que ya fue condenado David Sánchez y con un objetivo diferente: no persigue una sanción penal, sino el resarcimiento del erario público por los perjuicios económicos que, según el PP, se habrían derivado de un nombramiento presuntamente irregular. El partido sostiene que, si el proceso de selección fue declarado contrario a los principios de mérito y capacidad, los salarios devengados constituirían un menoscabo patrimonial que debe restituirse.
El Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, con rango constitucional recogido en el artículo 136 de la Constitución de 1978. Su función jurisdiccional, ejercida a través de la Sección de Enjuiciamiento, permite exigir responsabilidad contable a autoridades y funcionarios que, por dolo, culpa o negligencia grave, hayan ocasionado menoscabo en los fondos públicos. El procedimiento se inicia con una fase de actuaciones previas, a cargo de un delegado instructor, antes de derivar, en su caso, en un juicio de cuentas.
La condena penal a la que alude el PP declaró a David Sánchez culpable de prevaricación en relación con su nombramiento y desempeño en la administración autonómica extremeña, un puesto por el que habría percibido las retribuciones que ahora se reclaman. La sentencia estableció que el proceso de selección para dicho puesto no se ajustó a los principios de mérito y capacidad exigibles en el acceso al empleo público, un criterio que constituye la base sobre la que el PP fundamenta ahora su reclamación económica.
La formación conservadora reclama la restitución íntegra de esos más de 416.000 euros, cifra que englobaría el conjunto de las retribuciones percibidas durante los años de desempeño del cargo. Según el PP, el perjuicio no recaería únicamente sobre quien ocupó el puesto: el partido señala también a Gallardo y a otros cargos socialistas que, a su juicio, habrían tenido responsabilidad política o administrativa en el proceso, al autorizar o supervisar el nombramiento desde sus competencias.
Fuentes del entorno socialista rechazarían las imputaciones y las enmarcarían en una estrategia de desgaste político contra el presidente del Gobierno a través de su círculo familiar. Pedro Sánchez ha evitado en ocasiones anteriores pronunciarse en detalle sobre el proceso judicial de su hermano, remitiéndose a las instancias judiciales y separando su gestión al frente del Ejecutivo de los asuntos familiares. Desde el Gobierno se ha insistido en que la separación de poderes garantiza que los procesos judiciales se desarrollen con plenas garantías y sin injerencia política.
Un precedente en la vía contable: el caso de los ERE
El caso de David Sánchez no es el primero en el que el Tribunal de Cuentas actúa tras una condena penal por irregularidades en la contratación pública. La institución ha abierto piezas de responsabilidad contable en asuntos de gran repercusión, entre ellos el caso de los ERE en Andalucía, en el que reclamó la devolución de cantidades millonarias a responsables públicos y empresarios beneficiados por ayudas irregulares. En aquel expediente, la vía contable se activó de forma paralela y posterior a la penal, y los procedimientos se prolongaron durante años por la complejidad de determinar responsabilidades individuales y cuantificar los perjuicios exactos.
Este tipo de procedimientos suele extenderse por la necesidad de recabar documentación, tomar declaración a los implicados y resolver los recursos que puedan interponerse ante la Sala de Justicia del propio Tribunal de Cuentas. La acreditación del nexo entre un nombramiento declarado irregular y un perjuicio económico concreto constituye habitualmente el punto más disputado de estos expedientes, dado que la percepción de un salario a cambio de un trabajo efectivamente prestado abre un debate jurídico sobre el alcance real del menoscabo a las arcas públicas.
El caso se inscribe en un debate más amplio sobre la gestión de la corrupción en España. En sus informes periódicos sobre el Estado de derecho en los Veintisiete, la Comisión Europea ha trasladado en los últimos meses observaciones al Gobierno español relacionadas con la lucha contra la corrupción y la independencia judicial, valoraciones que abarcan un espectro de cuestiones institucionales que trasciende cualquier caso concreto.
El procedimiento ante el Tribunal de Cuentas, de admitirse a trámite, podría prolongarse durante meses o incluso años, en función de la complejidad para acreditar el perjuicio reclamado y de los recursos que interpongan los denunciados. A partir de ahora, la atención se centra en si el órgano fiscalizador admite la denuncia del PP y en qué plazo abre diligencias previas. La sentencia penal contra David Sánchez, por su parte, podría todavía ser objeto de recursos ante instancias superiores, lo que mantendría abierto el desenlace tanto de la vía penal como de la contable.
