Las declaraciones se producen en pleno periodo estival, con la actividad parlamentaria en receso y la pugna política trasladada a los medios. El dirigente popular reclamó que la titular de Sanidad compareciera para detallar el estado de la atención médica dispensada a los migrantes y al personal sanitario de la ciudad, y planteó su dimisión como consecuencia política de la gestión de la crisis. Centró buena parte de su crítica en la visita a Ceuta de varios miembros del Ejecutivo tras el incidente, un desplazamiento que el PP describió como un gesto de imagen sin medidas concretas de acompañamiento.
La crisis a la que alude el PP se remonta al 30 de julio, cuando se produjo una entrada de personas migrantes a través de la frontera con Marruecos. El episodio reabrió el debate sobre el control fronterizo en Ceuta, una de las dos fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano junto con Melilla, y sobre el papel de las autoridades marroquíes en la vigilancia de su lado del perímetro. Fuentes del PP sostienen que Rabat ejerce un control efectivo sobre los movimientos en la zona y que la entrada se habría producido con un grado de tolerancia de las autoridades marroquíes, en un contexto de tensión diplomática recurrente entre Madrid y Rabat sobre cuestiones migratorias, pesqueras y del Sáhara Occidental. El Gobierno marroquí no ha realizado declaraciones públicas al respecto.
El Ministerio de Sanidad no ha respondido públicamente a la petición de dimisión formulada por Bendodo. Fuentes del Ejecutivo han defendido en ocasiones anteriores que la gestión de las llegadas migratorias es una competencia compartida entre varios departamentos —Interior, Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, y Sanidad— y que Ceuta cuenta con refuerzos periódicos de personal sanitario y policial coordinados con la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. El Gobierno ha sostenido en comparecencias previas que su política migratoria combina el control de fronteras con la promoción de vías legales de migración laboral, y ha subrayado el papel de España en el reparto de responsabilidades migratorias en el seno de la Unión Europea.
Un precedente de 2021 que reordenó la relación con Rabat
La política migratoria en Ceuta y Melilla arrastra tensiones desde hace décadas. El precedente ineludible es la crisis de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta en menos de 48 horas tras una relajación de la vigilancia marroquí, en el contexto de una crisis diplomática por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio derivó en el relevo de la delegada del Gobierno de la época y en un giro de la política exterior española respecto al Sáhara Occidental, con el reconocimiento en 2022 de la propuesta marroquí de autonomía como base «más seria, realista y creíble».
El marco normativo que regula estas situaciones combina la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España, la normativa europea de asilo y los acuerdos bilaterales hispano-marroquíes de readmisión de 1992, cuya aplicación efectiva ha sido objeto de controversia jurídica y política en repetidas ocasiones, incluidas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las llamadas devoluciones en caliente. La atención sanitaria de urgencia, por su parte, está garantizada con independencia de la situación administrativa de la persona conforme a la legislación española vigente.
La gestión de los flujos migratorios en las ciudades autónomas se apoya en parte en fondos europeos, entre ellos el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Comisión Europea, dentro del marco financiero plurianual 2021-2027. La ejecución de estos recursos y su suficiencia para atender picos de llegadas como el del 30 de julio es objeto de debate entre administraciones, especialmente en lo relativo a la capacidad de los centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI), que asociaciones y sindicatos han denunciado funcionando por encima de su aforo previsto.
Un frente político con posiciones enfrentadas
El PP no es la única formación que ha cuestionado la gestión del Gobierno en la frontera sur, aunque desde perspectivas opuestas. Vox ha reclamado en el pasado el cierre total de los pasos fronterizos y una revisión de los acuerdos con Marruecos. En el extremo contrario, organizaciones como CEAR y Amnistía Internacional España han denunciado reiteradamente las condiciones de acogida en los CETI de Ceuta y Melilla y han pedido al Ejecutivo una ampliación de plazas y una mejora de las condiciones sanitarias, centrando su crítica en los derechos de las personas migrantes.
La confrontación se enmarca en un calendario en el que las formaciones buscan visibilidad durante el parón estival, previo a la reanudación del curso político en septiembre. Entonces la oposición podrá trasladar la controversia a preguntas parlamentarias e interpelaciones dirigidas a la ministra de Sanidad y a la de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, y podrá solicitar comparecencias en comisión.
A corto plazo, no consta que el Ministerio de Sanidad haya anunciado una comparecencia específica sobre la situación en Ceuta, ni que Moncloa haya respondido formalmente a la petición de dimisión de Bendodo. El desenlace de esta pugna dependerá en buena medida de la evolución de los datos de llegadas irregulares que publica periódicamente el Ministerio del Interior y de si se producen nuevos incidentes fronterizos en las próximas semanas.
