El relato oficial ha ido matizándose en cuestión de horas. En un primer momento, fuentes del Gobierno atribuían a la «cooperación leal y permanente» de Marruecos un papel decisivo en la contención de los intentos de cruce hacia Ceuta. Sin embargo, las imágenes de miles de personas accediendo a pie por la frontera sin apenas obstáculos forzaron un reconocimiento más ajustado a los hechos: la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes fue, según esas mismas fuentes, «pasiva». Las citadas fuentes van más allá y sostienen que Rabat emplea el flujo migratorio «como un arma» por su potencial desestabilizador. «Es lo único que tienen», resumen, en alusión a la escasa capacidad marroquí de presionar a Madrid por otras vías que la gestión —o la falta de ella— de sus propias fronteras.
Ese giro discursivo no ha ido acompañado de un endurecimiento público hacia Rabat. Sánchez, en su comparecencia desde Ceuta, evitó cualquier señalamiento directo y prefirió enmarcar lo sucedido como consecuencia de «la lectura interesada» que «las mafias que trafican con seres humanos» habrían hecho de una reciente sentencia del Tribunal Supremo que, según el relato oficial, deja sin encaje jurídico determinadas repatriaciones en frontera. «Ha corrido como la pólvora», señaló el presidente. Lo más parecido a un reproche público fue la confirmación de que España ha «manifestado a nuestro país vecino y aliado que tenemos que agilizar y dar una respuesta más contundente a lo sucedido en Ceuta».
Sánchez insistió en que la interlocución con Rabat «ha sido constante, fluida y razonable», y la contrapuso expresamente a «lo que ocurrió en 2021», con la vocación de que «esa cooperación se intensifique y se pueda recuperar la normalidad» en la ciudad autónoma. El objetivo declarado del Ejecutivo es resolver la crisis «cuanto antes», bajo la premisa de que escalar el conflicto con reproches no ofrece ningún incentivo para lograrlo.
La sombra de 2021
El precedente que pesa en Moncloa es la crisis de mayo de 2021, cuando la llegada de más de 8.000 personas a Ceuta en menos de 48 horas —según cifró entonces el Ministerio del Interior— provocó una de las mayores rupturas entre ambos países desde la recuperación de relaciones diplomáticas. Aquel episodio, de magnitud sensiblemente inferior al actual según las fuentes consultadas, se desencadenó tras la acogida en un hospital español, por razones humanitarias, del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. La entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, salió del Gobierno en el marco de aquella crisis.
La normalización solo llegó cuando España modificó en marzo de 2022 su posición histórica sobre el Sáhara Occidental, respaldando la propuesta de autonomía marroquí y abandonando la exigencia tradicional de un referéndum de autodeterminación supervisado por Naciones Unidas, fórmula contemplada en resoluciones del Consejo de Seguridad desde la creación de la misión MINURSO en 1991. Ese viraje, muy costoso políticamente, es el statu quo que el Ejecutivo trata ahora de no dinamitar: un reproche público sostenido, calculan en Moncloa, deterioraría una relación de «alta sensibilidad» de la que depende la ejecución efectiva de las repatriaciones.
La dimensión europea añade presión. Ceuta es frontera exterior de la Unión Europea, y su permeabilidad genera inquietud entre los socios comunitarios, especialmente en pleno despliegue del Pacto europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024 y en fase de aplicación progresiva. La imagen proyectada por España en el control de un tramo fronterizo tan sensible resulta incómoda para un Gobierno que aspira a presentarse ante Bruselas como socio fiable en la gestión migratoria.
El marco jurídico en disputa
La referencia de Sánchez a la sentencia del Tribunal Supremo apunta a un elemento técnico central. Las devoluciones inmediatas en la línea fronteriza —los llamados «rechazos en frontera»— están reguladas por la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000 de extranjería, cuya constitucionalidad avaló el Tribunal Constitucional en 2020 con matices sobre las garantías procedimentales exigibles. Según el relato oficial, la difusión entre las redes de tráfico de una interpretación de ese fallo que limitaría el margen para ejecutar retornos inmediatos habría actuado como detonante del repunte de cruces.
Ministerio del Interior y Delegación del Gobierno en Ceuta no han detallado públicamente cifras oficiales actualizadas sobre el número de personas que han accedido a la ciudad en este episodio ni el balance de retornos ya ejecutados. El dato de 2021 sirve de referencia comparativa obligada, aunque las fuentes consultadas apuntan a una magnitud mayor en el episodio actual.
La oposición ha reclamado explicaciones sobre la gestión de la crisis y sobre el estado real de la cooperación con Marruecos, sin que se haya registrado hasta el momento una petición formal de comparecencia extraordinaria en el Congreso. El Ejecutivo mantiene que la vía diplomática discreta es la más eficaz para restablecer el control fronterizo y facilitar el retorno ordenado de quienes hayan entrado sin cumplir los requisitos legales.
El Gobierno marroquí no ha realizado declaraciones públicas específicas sobre las acusaciones de pasividad atribuidas a fuentes españolas, y su posición oficial sigue siendo la de cooperación con Madrid en materia migratoria. Esa asimetría entre el discurso de ambos gobiernos —cooperación explícita frente a reproches solo reconocidos en privado— define el tono de una crisis que, de momento, no ha alcanzado la dimensión diplomática de la registrada hace cinco años.
Las próximas semanas serán determinantes para calibrar si el episodio se salda con un ajuste técnico en la cooperación fronteriza o deriva en una tensión bilateral de mayor calado. El Gobierno ha fijado como prioridad inmediata la recuperación de la «normalidad» en Ceuta y la aceleración de las repatriaciones, mientras evita cualquier gesto que pueda leerse en Rabat como una ruptura del statu quo alcanzado tras la crisis de 2021 sobre el Sáhara Occidental.
