El repunte no ha sido lineal, pero sí sostenido. Tras los 390.901,63 euros de 2021, las exportaciones alcanzaron 4.364.508,56 euros en 2022, cayeron a 1.017.891,68 euros en 2023, se dispararon a 7.290.129,25 euros en 2024 y llegaron a un máximo de 27.279.412,55 euros en el primer semestre de 2025, la cifra más alta de la serie. Los 8,3 millones registrados en la primera mitad de 2026 sitúan de nuevo el comercio muy por encima de los niveles previos a la crisis migratoria de 2021, según las estadísticas de comercio exterior que publica la cartera de Cuerpo.
De la crisis de Ceuta al giro sobre el Sáhara
Aquel episodio marcó un punto de inflexión en la relación bilateral. En la madrugada del 17 de mayo de 2021, más de 6.000 personas —entre ellas más de un millar de menores, según las cifras difundidas entonces por las autoridades españolas— cruzaron a nado o saltaron la valla fronteriza de Ceuta, en una entrada masiva que coincidió con el malestar de Rabat por la acogida en un hospital de Logroño de Brahim Gali, ingresado con una identidad distinta a la suya mientras se recuperaba de covid-19. El Gobierno marroquí había advertido públicamente de que la decisión española tendría «consecuencias».
La crisis diplomática se resolvió meses después con un giro sustancial en la política exterior española. El Gobierno de Pedro Sánchez remitió una carta al rey Mohamed VI en la que reconocía «la importancia de la cuestión del Sáhara para Marruecos» y subrayaba los «esfuerzos serios y creíbles» del reino para alcanzar una solución en el marco de la ONU, respaldando así el plan de autonomía propuesto por Rabat en 2007. Con ello, el Ejecutivo abandonaba la posición de neutralidad activa que España había mantenido desde la retirada del territorio en 1975 y el posterior conflicto con el Frente Polisario, reconocido por Naciones Unidas como interlocutor en el proceso de descolonización pendiente. Aquel viraje provocó una fuerte crisis con Argelia, principal valedor del Polisario, que retiró a su embajador en Madrid.
La normativa española sobre exportación de armamento, regulada por la Ley 53/2007, exige que cada operación supere el control previo de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (Jimddu), que valora, entre otros criterios, la estabilidad regional y el respeto a los derechos humanos del país receptor. Ese filtro se apoya en la Posición Común 2008/944/PESC de la Unión Europea, que fija ocho criterios comunes para autorizar o denegar cada venta.
El aumento de las exportaciones a Marruecos ha coincidido con la decisión del Gobierno español de suspender la venta de armas a Israel en el marco del conflicto de Gaza, una medida que el Ejecutivo ha defendido como coherente con el derecho internacional humanitario y que sectores de la oposición consideran unilateral frente a otros socios europeos. Israel, por su parte, mantiene una cooperación militar activa con Rabat: ambos países firmaron en enero de 2026 un plan de colaboración en defensa.
El contexto también está marcado por la tensión de España con la OTAN en torno al gasto militar. En la cumbre de la Alianza celebrada en La Haya en junio de 2025, los aliados se comprometieron a invertir el 5% del PIB anual en necesidades de defensa y seguridad para 2035. Sánchez defendió que España cumpliría sus compromisos de capacidades con un 2,1% del PIB, al considerarlo «una inversión suficiente, realista y compatible con nuestro modelo social y nuestro estado del bienestar», una posición que generó fricciones con Washington y con socios europeos partidarios de una escalada más rápida.
Más armamento, sin freno a los flujos migratorios
El incremento de la capacidad armamentística de Marruecos no ha ido acompañado de una reducción de las entradas irregulares hacia territorio español. El pasado 30 de julio se produjo una nueva entrada masiva de migrantes en Ceuta procedente de suelo marroquí, un episodio que reabre el debate sobre la eficacia del control fronterizo pactado entre ambos países. Rabat reforzó su despliegue policial en la zona tras la reconciliación diplomática, a cambio de mayor cooperación económica y política con Madrid.
Marruecos se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales socios comerciales y estratégicos de España en el norte de África, con intereses compartidos en pesca, agricultura, energía y control migratorio, además de un papel clave en la seguridad del estrecho de Gibraltar. El reino ha aumentado también su gasto militar propio en la última década, con adquisiciones a Estados Unidos, Francia e Israel, en un contexto de rivalidad regional con Argelia.
Los informes anuales de exportación de material de defensa, remitidos al Congreso en cumplimiento de la Ley 53/2007, han incluido en ejercicios anteriores partidas como munición, vehículos, sistemas de comunicación militar y equipos de visión, aunque no consta hasta el momento un desglose público del material vendido a Marruecos en 2026. La política de autorizaciones corresponde a la Secretaría de Estado de Comercio y a la Jimddu, cuyos criterios el Ejecutivo ha defendido en comparecencias previas como ajustados «escrupulosamente» a la normativa europea.
El Congreso de los Diputados recibe cada semestre un informe estadístico sobre exportaciones de material de defensa que analiza la Comisión de Defensa. El correspondiente al segundo semestre de 2026 se conocerá previsiblemente a comienzos de 2027 y permitirá contrastar si la tendencia alcista se mantiene o se modera tras el nuevo episodio migratorio de julio, en un momento en que la relación con Rabat sigue condicionada tanto por la cooperación en seguridad como por la presión de los flujos migratorios sobre la frontera sur.
