El respaldo socialista marcó un giro respecto a lo ocurrido hace tres meses, cuando Podemos intentó incorporar la misma exención a una norma de Seguridad Social mediante una enmienda que no prosperó. Entonces el Gobierno estimó que el coste de la medida superaría los 3.300 millones de euros. La diferencia procedimental es relevante: en junio se trataba de una enmienda a una ley camino del BOE, mientras que este martes solo se abrió la tramitación parlamentaria de un texto que aún puede modificarse o decaer.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, defendió la iniciativa en el Pleno y calificó de «vergüenza» que se penalice en la pensión a quienes han trabajado más de 40 años. Vinculó el gasto en defensa con la falta de recursos para pensiones y sanidad, y advirtió al Ejecutivo del riesgo de que la norma quede aparcada tras la votación.
«Piensen en lo que es justo, porque nuestro país está mirando y no se va a olvidar de lo que voten hoy. Pero sean consecuentes hoy, porque no me gustaría ver al Gobierno del PSOE y Sumar votando hoy sí, y mañana metiéndola en el cajón de la prórroga de enmiendas, como ya han hecho con tantas normas sociales en esta legislatura», advirtió Ione Belarra, secretaria general de Podemos.
El diputado socialista Alberto Mayoral anunció el apoyo de su grupo a la tramitación. Desde Sumar, la diputada Aina Vidal justificó su voto afirmativo apelando a la necesidad de debatir la propuesta, aunque reclamó modificar el criterio de los 40 años por considerarlo una «regla excesivamente rígida». Vidal defendió que no cabe tratar igual a quien se jubila anticipadamente «porque le da la gana» que a quien lo hace por desempleo a edad avanzada o por una profesión penosa, y alertó de que un umbral basado solo en el tiempo cotizado perjudica a las mujeres.
«¿De verdad podemos decir que una persona con 40 años cotizados tiene una carrera larga y otra con 39 y 11 meses no? ¿Es razonable?», inquirió Aina Vidal, diputada de Sumar.
Paniagua augura que quedará «en un cajón»
El diputado del PP Miguel Ángel Paniagua sostuvo que estas cuestiones deben abordarse en la Comisión del Pacto de Toledo y auguró que, pese a admitirse a trámite, la proposición «lo más probable» es que no llegue a aprobarse. Reprochó a Podemos no haber impulsado una medida similar cuando formaba parte del Ejecutivo en la legislatura anterior y vinculó la sostenibilidad del sistema a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. El diputado de Vox Juan José Aizcorbe fue más duro con la formación morada, a la que acusó de reducir «una reclamación muy seria» a un texto de siete páginas sin memoria de impacto económico, aunque coincidió con Sumar en rechazar una frontera única de 40 años.
La misma línea sostuvo Idoia Sagastizabal, del PNV, que pidió distinguir entre quienes se jubilan por voluntad propia, por pérdida de empleo o por profesiones de especial penosidad. El asunto no es nuevo en la Cámara: la reforma de pensiones aprobada por el Gobierno de coalición en 2021, con José Luis Escrivá al frente de la Seguridad Social, mantuvo coeficientes reductores para el adelanto voluntario de la edad de jubilación, el mecanismo que ahora Podemos pretende suprimir para las carreras más largas.
El diputado de Junts Josep Maria Cervera cargó contra el PSOE al preguntarse «de qué sirve aprobar textos que luego el Gobierno no aplica» y reclamó que los compromisos parlamentarios se traduzcan en normas efectivas. Es la misma tensión entre el Ejecutivo y sus socios que atraviesa la legislatura, donde Sánchez gobierna sin Presupuestos y con mayorías cambiantes.
«Ha llegado el momento de que las palabras, las mociones y los compromisos se conviertan en norma», aseveró Josep Maria Cervera, diputado de Junts.
