El encuentro no derivó en el anuncio de una medida concreta ya en marcha. De acuerdo con el Ministerio TIC, todavía quedan por resolver asuntos “técnicos, jurídicos y operativos” antes de que los dos ministerios puedan definir el diseño final de las nuevas acciones contra el uso ilegal de redes de telefonía dentro de los establecimientos penitenciarios. La cartera indicó que los detalles de las medidas serán conocidos “en los próximos días”, sin precisar si se trata de un endurecimiento de mecanismos existentes, de nuevas obligaciones para los operadores o de ajustes normativos.
Los operadores de telefonía participaron en la discusión. Según el Ministerio TIC, las empresas plantearon “sus inquietudes y propuestas frente a las medidas que se vienen estudiando” y manifestaron su disposición para trabajar de manera conjunta con las autoridades. El asunto involucra tanto la responsabilidad técnica de las compañías —dueñas de la infraestructura de antenas y torres cercanas a los establecimientos— como el marco regulatorio que corresponde fijar al Estado a través de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
La estrategia no se limita a los ministerios y las empresas de telefonía. La Policía Nacional y el Ejército Nacional también forman parte del trabajo conjunto, en un esquema que busca articular la vigilancia física alrededor de los penales —control de perímetros, requisas y detección de dispositivos— con el control técnico de las señales de comunicación, dos frentes que hasta ahora han operado de manera relativamente separada. La mesa de trabajo dejó compromisos orientados a fortalecer, según la cartera, “el control de las comunicaciones dentro y alrededor de los establecimientos penitenciarios”.
El Ministerio TIC insistió en que continúa buscando “alternativas para parar esta práctica” y cerró su comunicado con una de las frases centrales del encuentro: “Desde prisión no se puede seguir ordenando el delito”. La formulación resume el objetivo de la intervención, aunque el propio Gobierno reconoce que las herramientas para lograrlo todavía están en fase de estudio.
Un problema con más de una década de antecedentes
El fenómeno de la extorsión dirigida desde las cárceles no es nuevo en Colombia. Desde hace más de una década, autoridades judiciales y de policía han documentado cómo integrantes de estructuras criminales continúan ejerciendo control territorial y coordinando cobros extorsivos mientras cumplen condena, valiéndose de celulares ingresados de forma irregular o de líneas activadas a nombre de terceros. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Fiscalía General de la Nación han reportado en años anteriores decomisos de teléfonos durante requisas en cárceles de alta seguridad, sin que ello haya erradicado el problema de fondo.
La persistencia obedece, según han descrito reiteradamente las autoridades, a mercados internos de corrupción que facilitan el ingreso de estos dispositivos y a la reactivación de nuevas líneas cuando las anteriores son bloqueadas. Esa capacidad de adaptación explica por qué las intervenciones previas —incluida la instalación de equipos de bloqueo de señal en distintos penales— no han bastado para frenar la operación de las redes criminales desde el interior de los pabellones.
El marco normativo vigente contempla ya varias herramientas. La Ley 1709 de 2014, que reformó el Código Penitenciario y Carcelario, endureció las sanciones para quienes faciliten el ingreso de celulares a las cárceles, mientras que la regulación de la CRC ha involucrado a los operadores en el bloqueo de señales en zonas de reclusión. La efectividad de estas medidas ha sido cuestionada por organizaciones de comerciantes y transportadores, que continúan reportando llamadas extorsivas atribuidas a líneas activas dentro de centros penitenciarios.
La extorsión figura entre los delitos que mayor preocupación han generado en los balances de seguridad ciudadana difundidos por las autoridades en los últimos años, con afectación particular sobre pequeños comerciantes y transportadores de carga y pasajeros. Estos sectores han elevado de manera recurrente sus quejas ante gremios y ante las propias autoridades, y son parte del universo de víctimas que la estrategia anunciada dice querer proteger.
Qué falta por definir y en qué plazo
Un punto todavía abierto es la vía jurídica de las nuevas acciones. No se ha precisado si requerirán ajustes normativos que deban tramitarse en el Congreso de la República o si podrán implementarse mediante resoluciones administrativas de los propios ministerios y de la CRC. Esa definición condicionará tanto los tiempos de aplicación como el alcance de las obligaciones que recaigan sobre los operadores móviles.
Ni el Inpec ni la Fiscalía General de la Nación emitieron pronunciamientos adicionales tras la reunión conocida este lunes. La articulación entre las dos entidades y la mesa técnica será determinante, dado que el control físico de los penales corresponde al Inpec y la persecución penal de las redes de extorsión recae en la Fiscalía, mientras que el bloqueo de comunicaciones depende de la coordinación entre el Estado y las compañías privadas.
El Gobierno no fijó una fecha exacta para la puesta en marcha de las medidas, más allá de la promesa de dar detalles “en los próximos días”. La coordinación entre el Ministerio TIC, el Ministerio de Justicia, los operadores móviles, la Policía y el Ejército deberá traducirse en un plan operativo concreto, cuyo resultado dependerá de la capacidad del Estado para sostener en el tiempo un control físico y tecnológico sobre un problema que, según reconocen las propias autoridades, ha mostrado gran capacidad de adaptación frente a intervenciones anteriores.
