Según el relato de habitantes de la zona, entre ellos María de Lourdes Saavedra, la comunidad había pactado con representantes de la SICT que el puente no se derribaría hasta contar con garantías sobre la construcción de un paso permanente. Al presentarse la maquinaria y el operativo policial, los residentes interpretaron la acción como un incumplimiento de ese entendimiento, alcanzado —según su versión— en una reunión de trabajo del 11 de julio. Saavedra puntualizó que no es la primera vez que se desconoce un acuerdo firmado en minutas de trabajo.
La vecina defendió que el puente resulta indispensable para el tránsito cotidiano de menores que acuden a la escuela y de personas adultas mayores, que carecen de otra vía directa para cruzar la zona afectada por las obras ferroviarias. "La comunidad no estaba de acuerdo porque el gobierno federal no daba una garantía, no se comprometía a construir un puente permanente y este puente nos sirve para atravesar, los niños para la escuela y a toda la gente adulta mayor", expuso a personal de la dependencia. Sobre el operativo, añadió: "Vinieron reforzados como si fuéramos opositores al progreso".
Otra residente, identificada como Yesenia, sostuvo que la desconfianza hacia las autoridades federales se sustenta en incumplimientos previos y calificó de inseguro el paso provisional instalado el 31 de julio, fecha en la que, según los pobladores, tampoco se respetó lo pactado semanas antes. "En los escalones no cabe el pie de una persona y se mueve mucho", expusieron los vecinos a los funcionarios presentes, entre ellos personal de la SICT, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi).
La SICT notificó a los inconformes que ya existe un predio identificado para levantar el puente definitivo y que la adquisición del terreno se encuentra en trámite. El predio pertenece a una vecina de la comunidad y su situación legal continúa en proceso de regularización, un factor que introduce incertidumbre sobre los plazos reales de la obra sustituta. Como parte de los acuerdos de este viernes, las autoridades se comprometieron a colocar una malla de protección en el paso provisional para mitigar riesgos durante el cruce peatonal.
Los funcionarios aclararon que el puente definitivo medirá 21 metros, medida solicitada expresamente por la población, y que su construcción quedará a cargo del Frente 2 de obra del tramo Tultitlán-Coyotepec del Tren de Pasajeros México-Querétaro. La presentación del proyecto del paso definitivo figuró también entre los compromisos adquiridos ante los vecinos.
El presidente municipal de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno Santaella, ofreció una versión distinta. El edil explicó que, al existir ya los predios donde se edificará el puente definitivo, el acuerdo entre las partes permitía avanzar con el derribo, y cuestionó la representatividad de parte de los manifestantes: "Hay gente que no vive ahí que van y se hacen protagonistas", comentó.
Zenteno Santaella recordó, además, que existe un compromiso del gobierno federal respecto al puente conocido como El Polvorín, que también sería derribado y posteriormente reconstruido como parte del mismo proyecto ferroviario. En ese caso, el gobierno municipal contempla habilitar un paso peatonal provisional, proceso que no se ha concretado por falta de autorización de las empresas que operan el tránsito de vagones de carga en esa sección de las vías.
El proyecto del Tren México-Querétaro forma parte de la política de infraestructura ferroviaria de pasajeros impulsada por el gobierno federal en el sexenio actual, que contempla varios corredores a lo largo del territorio nacional. El trazo que conecta la capital con Querétaro atraviesa el corredor industrial del Estado de México, entidad por la que discurre el tramo Tultitlán-Coyotepec donde se ubica la comunidad afectada.
Las tensiones entre comunidades y autoridades por obras de gran escala no son inéditas en el país. Proyectos ferroviarios y carreteros de administraciones anteriores, como el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec o distintos libramientos carreteros, han enfrentado procesos de negociación con poblaciones afectadas por el trazo, en los que los pasos peatonales y vehiculares sustitutos han sido motivo recurrente de reclamo. La afectación a vías de cruce cotidiano —hacia escuelas, centros de salud o zonas de trabajo— suele ser el eje de la inconformidad vecinal.
La Ley de Expropiación federal establece los mecanismos para la adquisición de predios por causa de utilidad pública, un supuesto en el que se apoyan las obras de infraestructura ferroviaria. En este caso, los vecinos de Santa María Caliacac han señalado que la comunicación con las dependencias no fue suficiente ni oportuna, un reclamo frecuente en obras de esta envergadura y que suele desembocar en minutas de trabajo cuyo cumplimiento es después objeto de disputa entre las partes.
Por ahora no hay fecha confirmada para concluir el puente peatonal definitivo de 21 metros, dado que la adquisición del predio continúa en trámite de regularización. Tampoco se ha precisado un calendario para la instalación de la malla de protección en el paso provisional ni para resolver el caso del puente de El Polvorín, pendiente de la autorización de las empresas de carga. La situación en Teoloyucan permanecerá bajo observación en las próximas semanas conforme avancen los trabajos del tramo Tultitlán-Coyotepec.