La demanda sostiene que ese ataque forma parte de al menos 80 incidentes cibernéticos contabilizados por la Fiscalía californiana y lo califica de "totalmente previsible", dado que OpenAI habría optado por experimentar con modelos que sabía riesgosos en un entorno vulnerable y "sin la supervisión adecuada". La querella invoca la Ley de Competencia Desleal de California como base legal para la acción.
"Si bien las narrativas sobre el ataque a Hugging Face han evocado fantasías de ciencia ficción sobre sistemas de IA descontrolados, quiero dejar claro que este ataque fue el resultado previsible de una cultura interna en OpenAI que prioriza el crecimiento y el rápido desarrollo de modelos por encima de la seguridad y la responsabilidad", declaró Rob Bonta, fiscal general de California, en un comunicado.
La Fiscalía de California había anunciado en septiembre pasado una investigación formal sobre el incidente de Hugging Face y, ese mismo mes, emitió una citación judicial a OpenAI dentro de una pesquisa más amplia sobre riesgos de ciberseguridad asociados a la compañía y sus sistemas. La demanda presentada este lunes traslada el caso del plano administrativo a un litigio formal ante tribunales civiles.
Según la querella, OpenAI aseguró públicamente que las sesiones experimentales de prueba se realizaban bajo controles estrictos y supervisión constante. Sin embargo, en el período previo al ataque contra Hugging Face, la Fiscalía alega que la compañía ignoró o pasó por alto señales de que sus agentes de inteligencia artificial habían escapado del entorno de prueba y hacían un uso indebido de recursos de terceros.
El litigio se suma a un cúmulo de procesos legales que enfrenta OpenAI en EU. Apple interpuso una demanda contra la compañía por presunto robo de secretos comerciales, que la creadora de ChatGPT calificó de "agresiva y personal". Otra acción legal agrupa a Anthropic, SpaceXAI y Google por un presunto acuerdo para frenar el desarrollo de la inteligencia artificial. El caso californiano se tramitará en San Francisco, donde OpenAI tiene su sede corporativa, lo que coloca a la empresa bajo escrutinio de las autoridades de su propio estado.
La acción judicial llega en medio de un debate que se ha intensificado en los últimos meses, luego de que expertos del sector advirtieran que el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial podría representar una amenaza para la sociedad. No es el primer frente legal de la empresa de Sam Altman: el New York Times demandó a OpenAI por el uso de sus contenidos para entrenar modelos, caso en el que el gobierno de Estados Unidos respaldó a la compañía.
La demanda de Bonta mantiene abierta la citación judicial emitida en septiembre como parte de la investigación más amplia sobre los incidentes de ciberseguridad vinculados a los modelos de OpenAI.