El nuevo director general ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria profesional en el Banco de España, donde ha ocupado responsabilidades vinculadas a la legislación financiera y la supervisión bancaria. El propio ministerio ha destacado su experiencia en regulación, supervisión y negociación de normas financieras internacionales como principal aval para el puesto.
Ese perfil, sin embargo, no encaja con las prioridades que hoy marcan la agenda de la Dirección General del Tesoro, según fuentes del sector financiero consultadas. Con un Gobierno sin mayoría parlamentaria estable y buena parte de sus proyectos legislativos bloqueados en el Congreso, la capacidad normativa del departamento se ha reducido de forma notable, lo que desplaza el peso de su actividad hacia otro tipo de tareas.
La gestión diaria del Tesoro se concentra hoy en garantizar la financiación del Estado, coordinar una elevada necesidad de emisiones de deuda pública y contener el coste financiero derivado del endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo en los últimos años. Se trata de funciones de gestión de mercados y estrategia de financiación soberana, distintas de las que Sánchez-Blanco ha desempeñado en su carrera, centrada en el ámbito regulatorio y supervisor. Distintas fuentes del sector consideran «llamativo» que Economía apueste por un perfil especializado en regulación cuando las funciones actuales del Tesoro pasan por otras prioridades.
La deuda pública española se situó en el 101,8% del PIB al cierre del primer trimestre de 2026, según los últimos datos del Banco de España, un nivel superior a la media de la eurozona, que Eurostat cifraba en torno al 88% del PIB en el mismo periodo. Ese contexto obliga al Tesoro a mantener un ritmo elevado de emisiones para refinanciar vencimientos y cubrir el déficit, en un escenario de tipos de interés que, pese a las bajadas del BCE desde 2024, siguen siendo sensiblemente más altos que los registrados antes de 2022.
Una excepción al requisito de funcionario de carrera
La exigencia de que la Dirección General del Tesoro esté ocupada por un funcionario de carrera responde al marco de la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que reserva determinados puestos directivos a personal funcionario salvo excepción justificada. Esta vía excepcional no es inédita en la Administración española, pero suele reservarse a perfiles de marcada especialización técnica que no existan entre el funcionariado disponible, circunstancia que en este caso ha sido cuestionada internamente.
Fuentes del funcionariado consultadas se han declarado «sorprendidas con el nombramiento», al considerar poco plausible que, «de entre todos los funcionarios de carrera, no haya nadie capaz de desempeñar ese cargo» y sea necesario acudir a la excepción. El Ministerio de Economía no ha explicado públicamente qué perfiles internos fueron valorados antes de optar por esta vía, más allá de subrayar la experiencia del nombrado en materia de regulación financiera internacional.
El nombramiento sitúa de nuevo el foco sobre Pilar Sánchez Acera, dirigente socialista próxima al núcleo duro de Pedro Sánchez, que quedó señalada en la investigación sobre la difusión de un correo electrónico de la Fiscalía relativo a la causa contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Las pesquisas la situaron como la persona que remitió ese correo al entonces portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, un episodio que terminó provocando su salida de la primera línea política.
Pese a aquella polémica, Sánchez Acera mantuvo su cargo como secretaria de Estado y continuó su ascenso en la estructura orgánica próxima al presidente del Gobierno. Ese antecedente alimenta ahora las críticas al nombramiento de su marido, que distintas voces interpretan como un gesto de respaldo interno. El Ministerio de Economía no se ha pronunciado sobre esa lectura y ha remitido, ante las preguntas planteadas, al perfil técnico del nombrado y a su trayectoria en el Banco de España.
La renovación de la cúpula de Economía se produce en un contexto de tensión parlamentaria que ha dificultado la tramitación de leyes, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados ante la falta de apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados. Esa parálisis normativa es, precisamente, uno de los argumentos que las fuentes financieras esgrimen para cuestionar la idoneidad de un perfil regulatorio al frente del Tesoro.
El PSOE no ha respondido a las solicitudes de valoración sobre el nombramiento ni sobre la relación familiar entre Sánchez-Blanco y Sánchez Acera. Desde el Partido Popular, la oposición viene denunciando de forma recurrente la existencia de nombramientos de perfil político en organismos técnicos del Estado, y previsiblemente reclamará explicaciones al ministro sobre los criterios seguidos en la elección y las razones que justificaron acudir a la excepción legal.
El recurso a la excepción normativa para nombrar a cargos no funcionarios en puestos de la Administración económica no es nuevo en la etapa democrática: distintos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, la han empleado en el pasado, una práctica que periódicamente reaviva el debate sobre los límites entre la confianza política y la profesionalización de la Administración.
El nombramiento deberá pasar ahora por su publicación formal en el Boletín Oficial del Estado, trámite que da validez jurídica plena al cargo. A partir de ahí, la actividad de Sánchez-Blanco al frente del Tesoro quedará sometida al escrutinio parlamentario a través de las comparecencias periódicas ante la Comisión de Economía del Congreso, donde previsiblemente será interpelado tanto sobre su gestión de la deuda pública como sobre las circunstancias de su designación.
